Mi opinión como periodista por más de 43 años y productor radial de Al pie del deporte desde hace 36 años.
La reciente presentación de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional —que busca detener la subasta del espectro radioeléctrico— llega en un momento clave para la salud democrática del país. Y, desde mi experiencia de más de cuatro décadas en radio y televisión, no solo lo considero razonable: lo considero necesario.
El planteamiento es simple y contundente: la subasta no se ajusta a la realidad desigual del ecosistema mediático costarricense. Costa Rica no posee un mercado uniforme donde todos los operadores compitan con la misma capacidad económica. Por el contrario, conviven grandes corporaciones multimillonarias con pequeñas y medianas emisoras, muchas de ellas con un fuerte arraigo comunitario, cultural y local.
Pretender que todas pujen bajo las mismas condiciones es ignorar esa disparidad. Y esa omisión no es menor: pone en riesgo la diversidad informativa, que es justamente uno de los pilares sobre los cuales descansa la libertad de expresión.
Consumidores, empresas y trabajadores: todos pierden
Un modelo de subasta con precios altos no solo restringe la participación de medios pequeños o medianos. También perjudica directamente al consumidor, quien perdería acceso a fuentes informativas plurales, independientes y cercanas a sus comunidades.
Además, afecta a empresas, instituciones públicas y anunciantes, que necesitan un ecosistema amplio de medios para difundir información, productos y servicios. Si se reduce la oferta de plataformas comunicativas, el país entero pierde capacidad de interlocución.
Y no se puede ignorar el impacto humano: detrás de cada emisora, de cada pequeño canal, existe una masa trabajadora de periodistas, técnicos, productores y creativos cuya estabilidad depende de que ese medio pueda operar. Cuando se excluye a los pequeños, se sacrifican empleos que llevan años sosteniendo la vida cultural y democrática costarricense.
Un enfoque tecnológico y económico antes que social
El problema de fondo es que el enfoque utilizado para esta subasta no prioriza el interés público. Se trata de un modelo importado y aplicado como si Costa Rica fuera un mercado homogéneo, de igual músculo financiero y sin realidades locales marcadas por brechas económicas.
La comunicación no es un bien cualquiera. No se puede medir únicamente bajo lógica recaudatoria. Cuando se hace, se corre el riesgo de convertir al Estado en un filtro económico que, sin proponérselo, termina funcionando como censura indirecta: solo accede al espectro quien tiene suficiente dinero para pagarlo, no necesariamente quien representa mejor a su comunidad.
Habla la experiencia
Como periodista por más de 43 años y como emprendedor radial que ha producido Al pie del deporte en diversas emisoras bajo la figura de inquilino, puedo afirmar con propiedad que la realidad del sector no permite una competencia por subasta en igualdad de condiciones.
Quienes vivimos de la radio y la televisión desde adentro conocemos los márgenes, los costos, las luchas diarias por sostener programación independiente. Sabemos que muchos medios no podrían competir en un proceso de esta naturaleza sin poner en riesgo su existencia misma.
Una decisión que afecta al país entero
Por todo esto, lo dicho en el recurso es cierto: el país se expone a un daño generalizado. Se afecta la pluralidad, se amenaza la sostenibilidad de los medios, se empobrece el debate público y se compromete la estabilidad de cientos de trabajadores.
La discusión no debe ser si subastar o no subastar, sino cómo garantizar un modelo que preserve la diversidad, proteja a los más vulnerables del ecosistema mediático y fortalezca la libertad de expresión.
La Sala Constitucional tiene ahora la oportunidad de corregir el rumbo. Por el bien del país, ojalá lo haga.
Nota escrita por Everardo Herrera Soto
