El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, espera que el Mundial de Fútbol Qatar 2022 sea visto por unas 5.000 millones de personas en todo el mundo.
La audiencia televisiva del Mundial de 2018 en Rusia batió el récord de 3.500 millones de personas.
Qatar, un pequeño pero rico estado árabe del Golfo, acogerá la primera Copa del Mundo en Oriente Medio a partir de finales de noviembre.
Su emir gobernante, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, criticó el lunes los ataques contra Qatar por parte de algunas personas, "incluidas muchas en posiciones de influencia", por su organización del evento.
"Aún hoy, hay gente que no puede aceptar la idea de que un país árabe musulmán organice un torneo como la Copa del Mundo", dijo en un discurso en el Foro Económico Mundial.
Afirmó que Qatar, al igual que otros Estados, "no es perfecto", pero ha impulsado reformas y desarrollo. Las reformas incluyen el aumento del salario mínimo y nuevas normas que, según las autoridades, están diseñadas para proteger a los trabajadores, entre otras cosas, del estrés térmico.
Qatar ha sido objeto de intensas críticas por parte de grupos de derechos humanos por el trato que da a los trabajadores inmigrantes, que junto con otros extranjeros constituyen el grueso de la población del país.
Estrellas del fútbol de alto nivel, como el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, han expresado su preocupación por los derechos humanos de algunos aficionados que viajan a Qatar, especialmente mujeres y aficionados LGBTQ+.
La homosexualidad es ilegal en Qatar. También preocupa la situación de las mujeres, algunas de las cuales necesitan el permiso de un pariente masculino para casarse, trabajar en empleos públicos y viajar al extranjero.
Los organizadores del torneo insisten en que todo el mundo, independientemente de su orientación sexual o su procedencia, es bienvenido en Qatar, aunque también advierten a los aficionados que no deben hacer demostraciones de afecto en público.
Qatar ha afirmado que su sistema laboral es todavía un trabajo en progreso, y negó un informe de 2021 de Amnistía Internacional según el cual miles de trabajadores inmigrantes seguían siendo explotados.
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