El equipo de defensa integrado por la firma Alta Batalla aportó abundante prueba proveniente del expediente judicial firmado por la Jueza Pamela K. Chen y de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York para demostrar que los hechos que la Federación denunció y querelló, son los mismos por los que el señor Li ya había asumido responsabilidad en Estados Unidos, por lo que con base en el principio de cosa juzgada material (non bis in idem), sería inconstitucional juzgarlo nuevamente en Costa Rica.
Asimismo, se demostró que la Federación Costarricense de Fútbol fue resarcida de cualquier daño o perjuicio económico, por lo que no tiene derecho a reclamar una nueva indemnización.
El 7 de diciembre del 2020, este mismo Juzgado ordenó un sobreseimiento provisional a favor del señor Li, y le concedió un año al Ministerio Público para conseguir prueba que demostrara que los hechos acusados no habían sido perseguidos en los Estados Unidos.
Durante ese periodo, la Fiscalía se comunicó con el Departamento de Justicia de ese país, el cual confirmó que la acusación del Ministerio Público y la querella y acción civil resarcitoria de la Federación se basaban en actuaciones por los cuales el señor Li fue condenado en ese país, y que el ente federativo había recibido más de un millón trescientos mil dólares de indemnización por esos hechos.
Este fallo también favorece al señor Rafael Vargas Brenes, quien también había sido acusado por la Federación por el mismo delito de administración fraudulenta.
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