El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha iniciado su mandato con iniciativas diametralmente opuestas a las de su antecesor. Una de ellas es una propuesta de reforma migratoria llamada U.S. Citizenship Act (Ley de Ciudadanía Estadounidense) que fue enviada al Congreso.
Bajo la legislación, aquellos sin estatus legal que residen en EE.UU. desde antes del 1 de enero de este año podrían solicitar una residencia temporal que podría volverse permanente (también conocida como green card) al cabo de cinco años.
A partir de allí, en tres años podrían iniciar el proceso para naturalizarse como estadounidenses si así lo desearan. Los solicitantes deberán ser sometidos a chequeos de antecedentes penales, pagar impuestos y completar otros requerimientos básicos, indicó el diario The New York Times.
En Estados Unidos, hay al menos 10,5 millones de indocumentados, según una estimación hecha en 2017 por el Centro Pew de Investigaciones. Ese número representa el 23% de la población nacida en el extranjero que reside en el país. Los inmigrantes indocumentados de EE.UU. llevan en el país un promedio de alrededor de 15 años, de acuerdo a estimaciones del Centro para el Progreso Estadounidense, una organización liberal de investigación.
A su vez, estas personas tienen más de 10 millones de miembros en sus familias que no son indocumentados. A diferencia de los arriba mencionados, los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), los incluidos dentro del programa de estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y trabajadores agrícolas "que cumplan requisitos específicos" inmediatamente calificarían para la residencia permanente. Al cabo de tres años, podrían también solicitar la naturalización.
Los beneficiarios de DACA, también llamados dreamers, son alrededor de 700.000 jóvenes, más del 75% de ellos mexicanos, que llegaron a EE.UU. cuando eran niños.
El pasado mes de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de proteger de la deportación a los jóvenes luego de que el expresidente Donald Trump rescindiera el programa en 2017.
"Estas no son ideas nuevas, pero el hecho de que están proponiendo un programa de legalización para quienes estén en el país previo al 1 de enero de este año es algo grande y más directo que iniciativas que hemos visto en el pasado reciente", explica Julia Gelatt, analista sobre políticas migratorias del Migration Policy Institute (MPI).
La propuesta de ley también aborda una reforma del sistema de inmigración para las familias, al "eliminar tiempos de espera largos, despejar la saturación de casos por atender" y al incrementar los cupos disponibles para familias según su país de origen.
En este marco, contemplarán también que los inmigrantes cuyas peticiones de familiares hayan sido aprobadas puedan reunificarse con sus familiares en Estados Unidos de manera temporal mientras esperan al emisión de sus residencias permanentes.
El plan establece también una serie de protecciones para los trabajadores inmigrantes que denuncien explotación y aumenta de 55.000 a 80.000 el número de visados de diversidad (que se sortean entre personas de países cuya tasa de migración a EE.UU. es baja).
El proyecto de ley también incluye provisiones para eliminar la discriminación hacia familias LGBTQ+ y a inmigrantes según sus creencias religiosas.
Esta legislación propone un enfoque diferente al que se ha visto en propuestas similares anteriores. En lugar de contemplar el aumento de efectivos fronterizos o la construcción de más vallas, plantea el "despliegue de tecnología que expedite el chequeo y la capacidad de identificar narcóticos y otro tipo de contrabando" especialmente en puertos de entrada.
Una mejora en la infraestructura en dichos puertos también forma parte del plan, con el fin de "mejorar la capacidad para procesar a solicitantes de asilo" y prevenir la entrada de narcóticos al país.
Aunque la movida es bien vista por grupos de activismo y diversas organizaciones, este podría ser uno de los puntos más discutidos por los legisladores, indican expertos.
Durante la campaña, Biden prometió destinar US$4.000 millones a lo largo de cuatro años para "abordar las causas subyacentes" que llevan a ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras a "huir de sus países".
El plan contempla la misma cifra y explica que funcionará bajo la condición de que dichos países reduzcan "la corrupción endémica, la violencia y la pobreza".
Aunque Biden ha prometido deshacer las acciones ejecutivas que Donald Trump puso en práctica en la frontera, pidió en días recientes a los inmigrantes que no se aventuren hacia el norte porque las políticas no cambiarán inmediatamente.
Las declaraciones llegaron a propósito de una caravana, conformada en su mayoría por hondureños, que fue duramente reprimida mientras atravesaba Guatemala en ruta hacia Estados Unidos.
El plan de legislación del nuevo gobierno promete la creación de "canales legales y seguros" para los solicitantes de asilo y refugiados mediante el establecimiento de centros de procesamiento para registrar y procesar a desplazados.
"El gobierno tendrá que manejar un balance delicado entre sostener y defender el sistema de asilo sin enviar un mensaje de que la frontera está abierta, porque en eso no consiste la ley de asilo", dice la analista Julia Gelatt, del MPI.
Biden, añade Gelatt, tiene el poder ejecutivo para terminar con programas impulsados por Trump, como el Protocolo de Protección a Migrantes, bajo el cual miles de solicitantes de asilo deben esperar en México mientras sus casos son procesados.
Asimismo, algunas de las consideraciones en la ley, como la creación de un programa para reunir más rápidamente a familias centroamericanas en Estados Unidos cuyas solicitudes hayan sido aprobadas, también pueden implementarse bajo la autoridad ejecutiva de Biden, según el Centro para el Progreso Estadounidense.
Si bien los demócratas controlan ambas cámaras, el proyecto de ley requiere de 60 votos del Senado, donde el Patido Demócrata cuenta con 50 de los 100 escaños y el voto de desempate de la vicepresidenta Harris.
Hay que recordar que en 2013, y con un plan que ha sido señalado como menos progresista que este, el gobierno de Obama no consiguió que su propuesta superase la Cámara de Representantes, entonces dominada por los republicanos.
"El plan envía un mensaje claro de que la inmigración de una fuente de crecimiento y solidez del país", destaca Gelatt.
"Pero es poco probable que el Congreso lo apruebe porque el plan no propone concesiones a cambio del sistema de legalización masiva", agrega, y eso podría producir rechazo entre republicanos y escépticos de políticas progresistas de inmigración.
La última vez que el Congreso, entonces de control demócrata, aprobó una reforma migratoria significativa que estableciera un camino a la ciudadanía fue en 1986, bajo el gobierno del republicano Ronald Reagan.
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