La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, cumplió sus primeros cien días de Gobierno en medio de una creciente confrontación con el Poder Judicial, una grave crisis de seguridad y constantes cuestionamientos sobre la influencia que mantiene el expresidente Rodrigo Chaves dentro del Poder Ejecutivo.
En una amplia entrevista concedida al diario EL PAÍS, la mandataria negó que su administración pretenda copiar integralmente el modelo político del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Sin embargo, defendió la continuidad de una política de “mano dura” contra el crimen organizado y la construcción de una cárcel de máxima contención inspirada en El Salvador.
“No hay aquí ninguna bukelización”, afirmó Fernández, aunque reconoció que su Gobierno sí tomó como referencia el modelo penitenciario de Bukele para impedir que líderes criminales continúen organizando estafas, sicariatos y otras actividades ilícitas desde las prisiones.
“Hay que darle continuidad a la mano dura”
Fernández aseguró que el crecimiento del crimen organizado obliga al país a mantener y ampliar las acciones iniciadas durante la administración de Rodrigo Chaves.
Entre las medidas mencionó la continuidad del Cacco, la cárcel de máxima seguridad; el C5, un centro de vigilancia y control apoyado en tecnología; la construcción de nuevas delegaciones policiales y el aumento de los operativos contra las estructuras criminales.
La mandataria también dejó en segundo plano la propuesta de legalizar la marihuana, una posibilidad mencionada durante el Gobierno anterior como mecanismo para debilitar el negocio de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Fernández afirmó que esa discusión no constituye una prioridad para su administración en este momento.
Fuerte enfrentamiento con el Poder Judicial
La presidenta mantuvo una posición muy crítica hacia el Poder Judicial, al que responsabiliza de la mora judicial, la impunidad y la liberación de personas que, según su criterio, deberían permanecer encarceladas.
Fernández sostuvo que Costa Rica necesita modernizar y reformar profundamente su sistema judicial para recuperar una justicia “pronta y cumplida”.
La mandataria también señaló que podría analizarse la elección popular de jueces y magistrados. Además, cuestionó el sistema de reelección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que permite que algunos funcionarios permanezcan durante largos periodos en sus cargos sin suficientes mecanismos de evaluación.
Aunque inicialmente respondió afirmativamente cuando se le preguntó si los magistrados utilizaban un sistema corrupto para mantenerse en sus puestos, posteriormente aclaró que no estaba acusando individualmente de corrupción a los 22 integrantes de la Corte.
Su cuestionamiento, explicó, está dirigido al modelo de elección y renovación, al que considera carente de controles adecuados para garantizar la idoneidad de las personas designadas.
Defiende su denuncia de un “golpe de Estado institucional”
Fernández también defendió la expresión “golpe de Estado institucional”, utilizada después de que la Sala Constitucional restableciera magistrados suplentes ante la negativa del oficialismo legislativo de escoger entre los candidatos propuestos.
Según la presidenta, un golpe institucional se produce cuando uno de los poderes de la República invade arbitrariamente las competencias de otro.
La mandataria negó que sus críticas contra el Poder Judicial afecten la seguridad jurídica o la imagen internacional de Costa Rica. Como argumento, citó la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.
Niega que exista un Gobierno con dos presidentes
Otro de los temas centrales de la entrevista fue la influencia de Rodrigo Chaves, quien, después de entregar la Presidencia el pasado 8 de mayo, asumió simultáneamente los ministerios de Hacienda y de la Presidencia.
Fernández rechazó que Costa Rica tenga un Gobierno bicéfalo.
“La presidente de la República soy yo”, manifestó, antes de calificar a Chaves como un economista extraordinario, fundador del movimiento político oficialista y una persona que cuenta con toda su confianza.
Según Fernández, el poder del exmandatario llega hasta donde lo permiten las leyes y las funciones asignadas a sus ministerios.
Le perdona a Chaves sus ataques contra los críticos
La presidenta admitió que las expresiones ofensivas de Rodrigo Chaves contra periodistas, opositores y otros críticos representan un problema. Sin embargo, también reconoció que suele pasarlas por alto debido a la contribución que, a su juicio, realiza el exmandatario al desarrollo del país.
Fernández señaló que comparte el fondo del 99,9% de las manifestaciones realizadas por Chaves, aunque no siempre esté de acuerdo con la forma en que las expresa.
La mandataria sostuvo que Chaves no actúa con mala intención y que levanta la voz en representación de una parte importante de la población costarricense.
Consideraría una reforma para permitir la reelección
Fernández también dejó abierta la posibilidad de apoyar una reforma constitucional que permita a Rodrigo Chaves volver a aspirar a la Presidencia en 2030.
La presidenta dijo que consideraría esa modificación si representa más democracia, mayor participación ciudadana y más poder para el electorado.
Incluso afirmó que, si la reelección consecutiva hubiera estado permitida en 2026, probablemente Rodrigo Chaves habría continuado como presidente debido al respaldo popular con el que concluyó su mandato.
Cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico
En materia de seguridad internacional, Fernández confirmó que Costa Rica ya mantiene operaciones terrestres de cooperación con Estados Unidos.
Mencionó la presencia y colaboración de organismos como la DEA y el FBI, además de la asistencia técnica, el intercambio de inteligencia y el apoyo en procesos de extradición.
La presidenta se mostró favorable a que la Asamblea Legislativa estudie mecanismos para aprovechar mejor esa cooperación en la persecución de organizaciones transnacionales. No obstante, aseguró que cualquier ampliación debe respetar la soberanía nacional, la Constitución Política y los tratados internacionales.
Fernández advirtió que líderes de carteles extranjeros estarían operando desde Costa Rica y que algunos de ellos también forman parte de los objetivos de inteligencia de las autoridades estadounidenses.
A cien días de asumir el poder, la presidenta se presenta como la continuadora del proyecto político de Rodrigo Chaves, pero reivindica su propia autoridad. Rechaza que Costa Rica avance hacia una “bukelización”, aunque respalda una cárcel inspirada en El Salvador, una ofensiva contra el crimen organizado y reformas de gran alcance sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
Créditos y fuente original
Esta información se desarrolló con base en la entrevista exclusiva publicada por EL PAÍS:
Entrevista y texto original: Álvaro Murillo - Medio: EL PAÍS.
Fuente consultada: Entrevista completa de Álvaro Murillo para EL PAÍS .
