El Tapón del Darién es la única ruta terrestre que existe entre América del Sur y Centroamérica, haciendo que quienes buscan llegar a Estados Unidos deban atravesar la selva de 266 kilómetros, la cual inicia en el departamento del Chocó y termina en Panamá.
Colombia y Panamá no son las únicas naciones afectadas por el tránsito de migrantes en esa zona, que ha registrado cifras históricas en 2023. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en los primeros ocho meses del año, más de 350.000 personas atravesaron la selva, superando ampliamente las 250.000 de 2022.
Luego de Panamá, los migrantes —que son mayormente venezolanos— continúan recorriendo Centroamérica hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, pasando por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala antes de llegar a Centroamérica, generando una problemática que afecta a estas naciones.
Debido a esto, los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, visitarán el Tapón del Darién el próximo 7 de octubre. Dicha decisión fue tomada tras un encuentro entre los ministros de Seguridad de ambas naciones.
El objetivo de estas naciones es ampliar la aplicación de una estrategia de flujo controlado, que consiste en el pago —por parte de los migrantes— de una ruta terrestre que los llevará desde Panamá hasta Costa Rica y luego hasta Nicaragua. Lo anterior incluiría beneficios de salud y alimentación.
Drama y negocio
A cada paso en la selva hay oportunidad de hacer dinero. El trayecto en lancha para llegar al bosque tropical: 40 dólares. Un guía que te lleva por la ruta peligrosa cuando empiezas a caminar: 170 dólares. Alguien que carga tu mochila en las lomas lodosas: 100 dólares. Un plato de pollo con arroz tras un día de escalar laboriosamente: 10 dólares. Paquetes especiales con todo incluido para que el esfuerzo riesgoso sea más rápido y soportable (con tiendas, botas y otros básicos): 500 dólares, o más.
Ahora, cientos de miles de migrantes atraviesan a raudales un delgado tajo de la selva conocido como el Tapón del Darién, la única ruta terrestre a Estados Unidos desde América del Sur. Es un movimiento de proporciones históricas que el gobierno de Joe Biden y el gobierno de Colombia han prometido detener.
Pero aquí, en el borde del continente, las ganancias simplemente son demasiado grandes como para ignorarlas y los emprendedores que persiguen la bonanza migrante no son contrabandistas clandestinos que se esconden de las autoridades.
El Tapón del Darién se ha transformado con rapidez en una de las crisis políticas y humanitarias más urgentes del hemisferio occidental.
En respuesta, Estados Unidos, Colombia y Panamá firmaron un acuerdo en abril para “poner fin al movimiento ilícito de personas” por el Tapón del Darién, una práctica que “conduce a la muerte y a la explotación de personas vulnerables con ganancias significativas”.
Hoy en día, dichas ganancias son más grandes que nunca: solo este año, los líderes locales han recaudado de los migrantes decenas de millones de dólares en una enorme operación de movimiento humano, que, según los expertos internacionales, es más sofisticada que cualquiera que hayan visto.
Durante meses, el reconocido medio The New York Times ha estado en el Tapón del Darién y en algunos municipios circunvecinos, y ha atestiguado que el gobierno colombiano tiene aquí, en el mejor de los casos, una presencia marginal.
Cuando se llega a ver a las autoridades, a menudo están haciendo pasar a los migrantes o, en el caso de la policía nacional, chocando puños con los hombres que venden costosos paquetes de viaje para atravesar la selva.
Crisis en aumento
La selva del Darién, con su espesura, calor y propensión a las lluvias torrenciales, con sus ríos salvajes y montañas escarpadas, funcionó durante generaciones como una extensa barrera natural entre América de Norte y América del Sur, obstaculizando el flujo de personas hacia el norte.
Históricamente, las guerrillas y otros grupos armados han empleado la densa selva para guarecerse y para contrabandear drogas y en ocasiones han atacado a quienes se atreven a pasar. El terreno y la amenaza de violencia solían mantener a raya a todos, salvo a los más desesperados.
Pero en los últimos años, una mezcla de crisis y política —como la agitación en Venezuela, Haití y ahora Ecuador—, así como la devastación económica de la pandemia y las regulaciones de visa que impiden que muchos migrantes simplemente tomen un avión hacia México u otros países, han ocasionado un gran aumento en la cantidad de personas que caminan de América del Sur hacia Estados Unidos.
Ahora, con sus campamentos, restaurantes, cargadores de mochilas y guías, la Fundación Social Nueva Luz del Darién está contribuyendo a que esa barrera natural se convierta en algo mucho más transitable.
Esta nueva economía, operada en parte por líderes electos, ha actuado como un acelerante y ha servido para que una cantidad récord de personas se animen a emprender —y pagar— la travesía.
Solo en agosto, casi 82.000 personas emprendieron el recorrido por el Darién, según las autoridades panameñas, de lejos el mayor total mensual del que se tiene registro.
Son tantas las personas que pasan por la selva que Panamá y Costa Rica han indicado que no son capaces de manejar el flujo. La principal funcionaria de migración de Panamá, Samira Gozaine, incluso amenazó con cerrar la frontera con Colombia.
La inestabilidad política se va acumulando hasta Estados Unidos. Luego de una breve caída este año, las detenciones de migrantes en la frontera estadounidense han vuelto a aumentar y se ha registrado una cifra histórica de familias que cruzan.
Los colombianos que transportan migrantes por la selva aseguran que brindan un servicio humanitario. Dicen que, empujadas por la violencia, la pobreza y la inestabilidad política en sus países de origen, las personas que migran intentarán llegar a Estados Unidos de todas formas.
Por eso, líderes colombianos aseguran que la profesionalización del negocio migratorio puede prevenir que los municipios empobrecidos queden saturados por cientos de miles de personas necesitadas, ayudar a los migrantes a cruzar la peligrosa frontera con mayor seguridad y, de paso, impulsar a sus propias economías.
Las muertes de migrantes en la porción colombiana del Darién ahora parecen ser relativamente pocas, dijeron los trabajadores humanitarios, debido a que incluso el grupo armado Gaitanista, o Clan del Golfo, se ha dado cuenta de que la mala reputación del Darién le hace daño al negocio. Las autoridades locales dicen que el grupo ha establecido una política a fin de seguir captando clientes: cualquiera que robe, viole o mate a un migrante enfrentará un castigo y posiblemente hasta la muerte.
Para miles de migrantes, la normalización de esta ruta ha creado una paradoja cruel.
En el lado colombiano del Darién, donde el gobierno está casi ausente y dominan las Autodefensas Gaitanistas, o Clan del Golfo, la cantidad de delitos en la selva es menor, al menos según los grupos de ayuda y los investigadores que entrevistan a los migrantes al final de la ruta.
Esa percepción de seguridad hace que cada vez más personas se adentren en la selva, creyendo que saldrán con vida.
Pero en la frontera con Panamá, los guías de la fundación los dejan —cruzar podría ocasionar que los detengan las autoridades— y el poder del grupo armado disminuye.
Luego, en el lado panameño, pequeñas bandas criminales recorren la selva, y utilizan la violación como herramienta para extraer dinero y castigar a quienes no pueden pagar.
El responsable regional de un grupo de ayuda afirma que las víctimas suelen ser mujeres y niños, y que los hombres son obligados a mirar. En el último año, niños de hasta apenas seis años han muerto por disparos en esta parte de la selva.
Y cualquier persona sin dinero —incluidos los que lo gastaron pagándole a los guías en Colombia— es especialmente vulnerable.
Fuente: New York Times - Infobae