Repase la resolución completa del Tribunal de Apelación
Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román apelarán condena civil que recibieron tras demanda de seleccionados
Tribunal determina que no hubo falso testimonio de Eduardo Li en caso contra seleccionados
Los ex federativos Juan Carlos Román y Adrián Gutiérrez nuevamente tendrán un juicio luego de toda la batalla legal que enfrentaron al ser acusados de difamación por los futbolistas Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges.
A Román y Gutiérrez les dieron la razón en la apelación que presentaron tras ser condenados civilmente.
El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José también determinó que Eduardo Li, ex presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, no incurrió en falso testimonio.
El pasado mes de marzo los ex dirigentes recibieron una condena civil y se les ordenó pagar 3 millones de colones a cada jugador por daños morales.
Los futbolistas, en un principio, exigían una indemnización de 35 millones de colones a cada ex dirigente.
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Resolución Completa
Resolución: 2021-1423
Expediente: 19-000021-0016-PE(6)
TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las catorce horas cincuenta minutos, del veinte de setiembre de dos mil veintiuno.-
RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos en la presente causa seguida contra ADRIÁN GUTIÉRREZ ARGUEDAS, mayor, costarricense, cédula de identidad número 4-0103-1364, nacido en Heredia, el 07 de mayo de 1951, hijo de Adrián Gutiérrez Bogantes y Yolanda Arguedas Fuentes, soltero, de oficio médico pensionado, vecino de Heredia, Santo Domingo y JUAN CARLOS ROMÁN HERNÁNDEZ mayor, costarricense, cédula de identidad número 1-0611-0860, nacido en San José, el 19 de setiembre de 1963, hijo de Zacarías Román Méndez y Julieta Hernández Molina, soltero, de oficio administrador, vecino de San José, Escazú; por el delito de DIFAMACIÓN, en perjuicio de KEYLOR NAVAS GAMBOA Y OTROS. Intervienen en la decisión la jueza Alejandra Valenciano Chinchilla, los jueces Alfredo Araya Vega y Giovanni Mena Artavia. Se apersonaron en esta sede los licenciados José Luis Campos Vargas, Róger Guevara Vega, además los querellados Juan Carlos Román Hernández y Adrián Gutiérrez Arguedas.
RESULTANDO:
I.- Que mediante sentencia número 245-2021, de las quince horas del veintiséis
de marzo de dos mil veintiuno, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José,
resolvió: "POR TANTO: De conformidad con las razones expuestas, las reglas de la sana
crítica racional y artículos 39, 29 y 41 de la Constitución Política, artículo 11. 1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, 1, 2, 4, 11, 18 a 20, 25, 30, 34, 35, 103, 146 y 149 del Código
Penal; 1, 9, 40, 70, 111, 113, 119, 142, 180 a 184, 265, 324 a 328, 330, 333, 334, 336, 341, 366
y 368 del Código Procesal Penal, 22, 59, 632, 637,638, 640, 1045 y 1046 del Código Civil,
numeral 16 del decreto de honorarios 41457-JP, este Tribunal, por unanimidad de los votos
emitidos, resuelve: se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD a los señores
JUAN CARLOS ROMÁN HERNÁNDEZ y ADRIÁN GUTIÉRREZ ARGUEDAS por el delito de
DIFAMACIÓN que en perjuicio de KEYLOR NAVAS GAMBOA, CELSO BORGES MORA y
BRYAN RUIZ GONZÁLEZ se les venían atribuyendo, por existir un ERROR DE PROHIBICI ÓN
INDIRECTO . EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA, por unanimidad de los votos
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emitidos: Se declara con lugar la demanda formulada por el Licenciado Federico Torrealba
Navas a favor de los demandantes: KEYLOR NAVAS GAMBOA, CELSO BORGES MORA y
BRYAN RUIZ GONZÁLEZ en consecuencia se condena civilmente a los demandados JUAN
CARLOS ROMÁN HERN ÁNDEZ y ADRIÁN GUTIERR ÉZ ARGUEDAS. En tal carácter se les
condena al pago del daño moral ocasionado, el cual se fija en la suma de TRES MILLONES DE
COLONES para cada uno de los actores para un total de NUEVE MILLONES DE COLONES,
que deberán cancelar de manera solidaria, así como los honorarios de abogado
correspondientes a la acción civil resarcitoria los cuales se fijan en la suma de UN MILLÓN
OCHOCIENTOS MIL COLONES. Al monto total por indemnizar deberán indexarse los intereses
que corren a partir del día de la firmeza del fallo y hasta su oportuna cancelaci ón. Las sumas de
dinero que han sido concedidas por indemnización o reparación por daños y perjuicios deberán
ser cancelados a favor del actor civil dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza de
este fallo y de no ser cubiertas una vez prevenido el demandado civil por simple orden del
Tribunal deberá la parte interesada acudir a la vía civil correspondiente. Sobre la base del
artículo 152 del Código Procesal Penal, se ordena testimonio de piezas ante el Ministerio
Público, contra el testigo Eduardo Li Sánchez para que se investigue la posible comisión del
delito de falso testimonio. Son los gastos del proceso a cargo del Estado, y las costas a cargo de
la parte vencida. Se ordena que la evidencia material sea agregada a las piezas del presente
expediente. NOTIFÍQUESE ". (sic)
II.- Que contra el anterior pronunciamiento, los licenciados José Luis Campos
Vargas, Róger Guevara Vega, además los querellados Juan Carlos Román Hernández y
Adrián Gutiérrez Arguedas, interpusieron recurso de apelación.
III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones
formuladas en los recursos de apelación.
IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales
pertinentes.
Redacta la jueza de Apelación de Sentencia Penal Valenciano Chinchilla; y,
CONSIDERANDO:
I.- Mediante libelos de folios 728 al 829 y 830 al 867 del legajo principal,
presentados en fecha 30 de abril del 2021, los licenciados José Luis Campos Vargas y
Róger Guevara Vega, en su condición de defensores particulares de los querellados
Juan Carlos Román Hernández y Adrián Gutiérrez Arguedas, interpusieron recurso de
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apelación en contra del fallo escrito N°0245-2021, del Tribunal Penal del Primer Circuito
Judicial de San José, de las 15:00 horas, del 6 de marzo del año 2021. El querellado
Adrián Gutiérrez Arguedas, en fecha 30 de abril del 2021, presentó recurso de apelación,
el cual se encuentra visible a folios 691 al 727, al igual que lo hizo el querellado Juan
Carlos Román Hernández, en la misma fecha, visible a folios 654 al 690, todos el legajo
principal.
II.- De previo resulta necesario verificar que las impugnaciones presentadas
cumplan con los requisitos de admisibilidad previstos en nuestro Código Procesal Penal,
el cual dispone en el numeral 437 que: “las resoluciones judiciales serán recurribles solo
por los medios y en los casos expresamente establecidos”, en virtud de lo cual, conforme
al ordinal 458: “Son apelables todas las sentencias y los sobreseimientos dictados en la
fase de juicio y que resuelven los aspectos penales, civiles, incidentales y demás que la
ley determina”. En este caso se ha podido comprobar el cabal cumplimiento de los
presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, evidenciándose además que los
cuatro recursos fueron debidamente presentados dentro del plazo habilitado para tales
efectos, sea dentro de los quince días, a partir de la notificación del fallo, en
consideración a lo cual se admiten y se procede a conocer sobre los agravios. En otro
orden de ideas resulta necesario señalar que, los recursos presentados corresponden en
su totalidad a la defensa técnica como material de los querellados y demandados civiles,
no habiéndose recurrido el fallo por la representación legal de los querellantes Navas
Gamboa, Ruiz González y Borges Mora. Lo anterior significa que, la absolutoria que se
dictó a favor de Juan Carlos Román Hernández y Adrián Gutiérrez Arguedas por un
delito de difamación se encuentra en firme; sin que pueda disponerse un reenvío a juicio,
porque de lo contrario estaría lesionándose el principio de no reforma en perjuicio,
previsto en el ordinal 447 del Código Procesal Penal, el cual prevé que “cuando la
resolución sólo fue impugnada por el imputado o su defensor, no podrá modificarse en su
perjuicio.” Así las cosas, esta cámara de apelación procederá al examen integral del fallo,
únicamente respecto de los alegatos que tengan estricta relación con la determinación
de la responsabilidad civil que fue decretada, dada la declaratoria con lugar de la acción
civil resarcitoria, condenándose a los demandados civiles Román Hernández y Gutiérrez
Arguedas al pago del daño moral ocasionado, fijado en la suma de nueve millones de
colones, a cancelar de manera solidaria, más los honorarios de abogados concerniente a
a acción civil, fijados en la suma de un millón ochocientos mil colones, más la indexación
de los intereses a partir de la firmeza del fallo y hasta su cancelación. Así las cosas, los
cuestionamientos que se dirijan contra los fundamentos expuestos para sustentar la
absolutoria en lo penal, en la medida que no tengan relación con la parte civil, no serán
atendidos, por falta de agravio, que doctrinariamente se ha definido como el interés de
una parte, legitimada, en reclamar la nulidad o ineficacia de un acto viciado. Véase que,
en el evento de que fueren atendibles los alegatos de la defensa técnica como material,
ello no conllevaría la modificación de la decisión absolutoria ya adoptada a favor de los
querellados, de modo que no se determina una utilidad ni mucho menos una ventaja
para la parte acusada, siendo absolutamente evidente la ausencia de un beneficio de
orden procesal.
III.- Recurso de apelación de los licenciados José Luis Campos Vargas y
Róger Guevara Vega, en su condición de codefensores del querellado y
demandado civil Juan Carlos Román Hernández. Como quinto motivo alegan
violación directa del ordinal 184 del Código Procesal Penal por errónea apreciación de la
prueba, que condujo a conclusiones equivocadas que fundamentan la condenatoria civil,
sin ningún sustento fáctico o probatorio. Aluden que el tribunal hizo una transcripción de
lo declarado por cada imputado, pero sin referirse a ellas de manera profunda, de hecho
no valoró ni explicó porqué no consideró el testimonio de Noel Ibo Campos Rodríguez y
Rafael Ángel Vargas Brenes. Enumeran las situaciones que se dejaron de analizar en el
fallo: 1) Keylor Navas dijo abiertamente ser enemigo de los querellantes; 2) Las
declaraciones de Juan Carlos Román no las escucharon los querellantes y actores
civiles, nunca lo mencionaron como responsable de algún acto difamatorio en sus
testimonios; 3) los querellantes incurrieron en contradicciones referidas a: a) quién
convocó la reunión de los jugadores con los federativos en Proyecto Gol; b) su finalidad;
c) las manifestaciones sobre posibles pérdidas de partidos; d) si los jugadores querían la
continuidad de Pinto; e) fechas y medios de las declaraciones dadas por los querellados;
f) si escucharon los programas en su totalidad; g) la relación con los querellados; 4) el
testigo Rafael Vargas Brenes informó al tribunal que Eduardo Li le contó sobre la reunión
una semana después, ya que él se quedó en Brasil, agregando que el tema se discutió
en el Comité Ejecutivo en “off”, al ser delicado para la continuidad del técnico, siendo esa
la razón que se le proporcionó a Pinto Afanador, además de que el tema indicado por los
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jugadores sobre perder partidos se conversó con Rodolfo Villalobos, que estuvo en esa
reunión donde se habló con el técnico; 5) el testigo Noel Ibo Campos Rodríguez es
relevante porque desvirtúa lo dicho por el tribunal, ya que él dijo que Rodolfo Villalobos
era un hombre de confianza de Eduardo Li, que en el Comité Ejecutivo se habló en off
sobre que los jugadores podrían perder tres partidos, que fue Rodolfo quien le dijo a él
directamente que ellos estaban presionando para la salida de Pinto y él mencionó la
cláusula contractual de los tres partidos, lo cual desmiente a los juzgadores que adujeron
que, nadie más que Eduardo Li hizo mención a dicha cláusula; 6) el testimonio de
Eduardo Li el cual confirmó que sí le narró a Adrián Gutiérrez, como Presidente de la
Comisión de Selecciones de la Fedefútbol, sobre la reunión con los jugadores y lo dicho
por estos, además de haberlo informado en dos reuniones más del Comité Ejecutivo, en
off por lo delicado del tema, señalando que Juan Carlos Román fue el único que indicó
su parecer y malestar, siendo esa la razón y explicación que le brindó al técnico Pinto
Afanador para no renovarle y lo hizo delante de Rodolfo Villalobos y Adrián Gutiérrez. En
cuanto a la cláusula de rescisión por pérdida de partidos no indicó o especificó que
estuviera en un contrato en particular y menos en el firmado en el 2011 y transcribe lo
dicho al minuto 2:54:30 y 03:09:02 agregando que, el interrogatorio de los actores civiles
es muy relevante y tampoco se analizó la secuencia 03:45:40 porque el deponente en
relación al contrato y la cláusula de rescisión no habló en específico del contrato de Pinto
Afanador, sino sobre la práctica que se instauró a partir de la contratación de Ricardo
Lavolpe y en lo sucesivo y, fue el tribunal el que limitó el tema y no aceptó la prueba –no
especifica cuál- que propusieron en varias ocasiones; 7) la deposición de Jorge Luis
Pinto Afanador, que confirmó la razón que le dieron para no renovarle el contrato –lo
indicado por los jugadores en relación con la posibilidad de perder partidos si él
continuaba- y así se lo expresaron Eduardo Li, delante de Rafael Vargas, Rodolfo
Villalobos y Adrián Gutiérrez y, en relación a la cláusula de rescisión dijo que no
recordaba si la tenía o no; 8) el testigo Álvaro Saborío Chacón que se ofreció como
prueba para mejor proveer, por haber sido mencionado en la declaración de los
querellantes y de otros testigos, considerándose como novedoso pese a que se
demostró que los abogados de los querellantes lo contactaron meses antes del juicio y le
dijeron que tal vez lo usarían como testigo. Señalan que, todas las circunstancias
enumeradas fueron dejadas de lado en la sentencia, y por ello se alega un defecto de
errónea valoración de la prueba, por violación de la reglas de la lógica, la experiencia y la
psicología. Solicitan se declare con lugar el motivo y se declare la ineficacia del fallo en
lo civil y de forma subsidiaria, se ordene el reenvío para una sustanciación. Como sexto
motivo alegan violación directa del ordinal 361 y 363 inciso b del Código Procesal Penal,
por errónea fundamentación intelectiva del fallo condenatorio en lo civil. En la sentencia
se consignó que no hubo contención sobre las manifestaciones que ambos querellados
brindaron, extremo que es falso, porque la defensa siempre cuestionó el que se
transcribieran frases, con paréntesis y puntos suspensivos, señalando se debió
considerar siempre el contexto en que se vertieron, narrando lo que a su patrocinado le
contó Eduardo Li en dos reuniones del comité colegiado. Tampoco es cierto que la
discrepancia con los querellantes versara sobre dos aspectos: i) nunca profirieron
especies idónea para afectar la reputación de los jugadores, tan solo contaron lo que
Eduardo Li les comunicó y ii) que se debía aplicar la prueba de la verdad, en el sentido
que Eduardo Li afirmó que los jugadores amenazaron con perder partidos para evitar la
renovación del técnico y que los jugadores efectivamente dijeron eso. Alegan que la tesis
de la defensa no fue esa, sino fue una amplia y vinculada al contexto de las entrevistas,
en relación a la información que recibieron en razón de sus cargos, negando que la
defensa material como técnica hubieran efectuado tales apreciaciones sobre la prueba
de la verdad, acotando que no hay dentro del expediente un solo documento que
consigne tales frases como descargo, menos en los alegatos orales del debate,
cuestionando que el tribunal se los endilgue. Señalan que, a partir del entendimiento que
tuvo el tribunal de su tesis, estableció una hipótesis argumentativa para resolver el caso,
pero sobre premisas falsas e inventadas. Aluden que en los escritos de contestación de
la querella y acción civil de Román Hernández, se expresaron los mismos argumentos
que en el caso de Gutiérrez Arguedas y no se mencionó a Eduardo Li, para de seguido
indicar que, en conclusiones argumentaron que los querellados dijeron la verdad, en el
sentido de que les habían informado que el motivo de la salida del técnico Pinto
Afanador era que, de seguir en el puesto, iban a dejarse perder partidos, de modo que
las manifestaciones de los querellados tuvieron como único objetivo y finalidad narrar
hechos históricos en torno al Mundial 2014, según el entender y conocimiento de sus
representados, de acuerdo con sus cargos, no existiendo dolo, interés, ánimo ni
intención de difamar ni lastimar el honor de los querellantes. Cuestionan lo consignado
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en la sentencia, porque no es cierto que los querellados hicieron suyas las palabras de
Eduardo Li, tan solo narraron lo que les fue informado a ellos, dentro del contexto de dos
reuniones del Comité Ejecutivo, señalando no haber estado en esa reunión con los
jugadores. Agregan que los dos recortes de periódicos que se aportaron como prueba se
refieren a la entrevista del querellado Adrián Gutiérrez y no la de Juan Carlos Román,
siendo imposible vincular esas piezas con su defendido y menos con los titulares que
utilizó el medio de comunicación. Acusan que, pese a que no existe la difamación
culposa, el tribunal reconoció que no existió un puro deseo de ofender y, pese a ello,
consideró que se materializó el tipo penal, creando un tipo culposo inexistente. De otro
párrafo de la sentencia critican que el tribunal le imputó a Román Hernández que hizo
suyas las palabras de Eduardo Li y además hizo valoraciones en el programa de radio
que no había hecho en el 2014. No enunció el cuerpo de jueces cuáles fueron esos otros
calificativos que dijo y ello se desvirtúa de la lectura de la transcripción de la entrevista,
siendo muy distinto lo que la prensa reportó, de lo que ellos dijeron, que reiteran recayó
sobre lo que a ellos les dijeron como directivos y sobre lo que ocurrió sobre un tema de
interés público. Reclaman que, el tribunal ejecutó un desesperado esfuerzo por hallar un
culpable y sentenciar a un ausente –Eduardo Li Sánchez- falseando los hechos
demandados y sosteniendo argumentos que la defensa no esgrimió. Niegan que su tesis
fuera que sus representados se limitaron a repetir lo que dijo otro y que lo dieron por
cierto, porque en ningún momento se les atribuyó a los querellantes conductas
fraudulentas, como la de amañar los resultados de los partidos con fines antideportivos,
que siquiera formó parte de la imputación penal y civil. Esos adjetivos los usó el abogado
de los querellantes en conclusiones y fueron refutados por la defensa civil, que aseveró
que los mismos explicaban la verdadera motivación y razón de los acusadores para
accionar legalmente, para evitar un proceso ante la FIFA. Niegan que se hubiera
argumentado que “el aludir a la fuente primaria de la información” les exoneraba. Se hizo
ver que los querellados narraron lo que a ellos se les informó por sus puestos directivos
y les consta lo discutido, informado y conversado en el Comité Ejecutivo, como en la
reunión con Jorge Luis Pinto Afanador, donde se le comunicó que no se le iba a renovar,
lo cual comprobó esa persona en el debate. En ningún momento se asumió como cierto
un decir de una persona u otro, ni se vertieron juicios de valor. El tribunal le endilgó a
Eduardo Li haber inventado una mentira contra los jugadores querellantes, como parte
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de un plan para quitar al técnico más exitoso del fútbol nacional, sin asumir
responsabilidad, sustentando una sentencia que, en la práctica, va en contra de lo
resuelto en el fallo Mauricio Herrera vs Costa Rica y otros de esta cámara de apelación
–voto número 16-2016- al exigir un deber a la defensa de comprobar la existencia o no
de la atribución de la conducta de amañar partidos hecha hacia los jugadores.
Reprochan que el análisis es errado porque i) la defensa alegó que sus representados
narraron lo que les fue informado como miembros de un cuerpo colegiado, que fue
discutido en dos ocasiones en off en el Comité Ejecutivo, que resultó ser lo que se le
comunicó a Pinto Afanador para no renovarlo; ii) extender la prueba de la verdad a
corroborar si los jugadores expresaron lo que se dijo en la reunión, lesiona fallos
vinculantes como el caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica; iii) se viola la libertad de
expresión y comunicación sobre un tema de interés público y extiende a otros límites el
deber de garante y; iv) el tribunal se interna en una labor inquisitiva, con argumentos
especulativos y en ocasiones falsos para imputar a Li Sánchez un plan para no renovar
al técnico y no tener responsabilidad, además de usar su posición para hacer creer a
todos en la Fedefútbol que su mentira es verdad, la cual reprodujeron los acusados
estando bajo un error de prohibición indirecto. Consideran que se intentó condenar en
ausencia a un testigo e imputarle un actuar criminal, llegando a una “tacha” por haber
sido condenado en otro país y estar en Costa Rica como imputado en dos causas
penales, ambas con sobreseimiento, una provisional y la otra definitivo. Hacen ver que el
tema de la cláusula de rescisión que se usó por el tribunal no se deriva de la deposición
de Eduardo Li Sánchez, que nunca adujo estaba en el contrato de Pinto Afanador para el
período 2011-2014, que lo habló a partir de la contratación de Ricardo Lavolpe y en lo
sucesivo, sobre lo cual declaró Noel Ibo Campos. Cuestionan que el tribunal penalizara
que Li Sánchez declaró de último y fue esencial para no creerle y abrirle testimonio de
piezas, señalando que fue falso, porque después de Li Sánchez declararon Ibo Campos,
Pinto Afanador y Álvaro Saborío. Reprochan que el tribunal no analizara la deposición de
Ibo Campos, omitiéndolo por completo y para ello transcribieron parte de su deposición.
Acusan que los jueces, con el fin de darle credibilidad a Álvaro Saborío para desacreditar
a Li Sánchez, recurren a una redacción no entendible ni inteligible para justificar “un
recelo en cuanto a la atribución de manifestaciones ofrecidas por terceros en su
presencia” con el único fin de pretender excusar lo complaciente que fue y todas sus
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contradicciones, omisiones y excusas, ya que solo se recordó lo que no se dijo en la
reunión, pero olvidó lo que sí dijo cada uno. Agregan que, pese a que se le ofreció para
mejor proveer, se trató de una persona que meses antes –cinco o seis- fue contactado
por los abogados de la querella y se le informó que era posible que se le llamara como
testigo, vulnerándose así los principios del debido proceso y derecho de defensa.
Reprochan una contradicción entre el fallo escrito y el dictado de la parte dispositiva,
respecto a quién fue la última persona que declaró, pidiendo se revise el registro
audiovisual en los minutos 10:30 y 49:40. Cuestionan que el tribunal reconoció que
Saborío tenía como objetivo no decir la verdad, sino manifestar solo lo que pudiera
beneficiar a los querellantes, lo que permite calificarlo como complaciente. En otro orden
de ideas, acusan que se le atribuyó a Pinto Afanador una afirmación que no dio, sea que
no firmaba contratos con un tipo de cláusulas a nivel de selecciones nacionales, porque
él lo contextualizó a equipos de fútbol y a nivel de Colombia. En síntesis, la sentencia
parte de premisas falsas en relación a los argumentos de la defensa técnica y material,
elementos falsos en la determinación de hechos y elementos fácticos no acecidos y de
culpar a un tercero que no fue acusado. Agregan que los jueces cometieron un yerro
sobre la excepción de la prueba de la verdad, que se fundamentó en lo acaecido en la
reunión en Proyecto Gol y que los imputados solo se limitaron a narrar lo que Eduardo Li
dijo, pero no fue esa la defensa y reitera lo que expuso al inicio de este motivo sobre ese
particular. Agregan que el tribunal calificó a Eduardo Li como prófugo, le atribuyó una
difamación que está prescrita, demostrando su interés de sentenciar a un ausente y
piden se analice la exposición de la parte dispositiva con la intervención del juez
Raymond Porter, que se basó en meras especulaciones, transcribiendo parte de lo ahí
expuesto. Aluden que hasta se consideró a Rodolfo Villalobos como complaciente y que
decidió permanecer callado para no renovar a Pinto y no haber desmentido a Li, siendo
una incongruencia y falta de coherencia, porque de haber sido así, él fue un cómplice de
ese plan, que reiteran no fue parte del objeto del juicio, evidenciándose un sesgo hacia el
testigo Li Sánchez por haber sido condenado en Estados Unidos donde se declaró
culpable. Solicitan se acoja el motivo y se absuelva de responsabilidad civil a su
representado, dejando sin efecto la condena civil. Recurso de apelación de los
licenciados José Luis Campos Vargas y Róger Guevara Vega, en su condición de
defensores particulares del querellado Adrián Gutiérrez Arguedas. Como tercer
o acusan ausencia de fundamentación intelectiva, al desacatarse el voto 8645-2008
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia referido al respeto al debido
proceso y derecho de defensa, citando la resolución número 2011-13766 relacionado al
deber de motivación y en el mismo sentido el 793-2015 y 738-2020 de la Sala Tercera de
la Corte Suprema de Justicia. En el hecho probado cuatro se dice que Román
Hernández es miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, lo cual no es cierto y, se
dijo que los querellantes no externaron que perderían partidos con tal de que no siguiera
Pinto Afanador, porque no hay prueba de la que se derive que no lo hubieran dicho,
basándose en una cuestión meramente numérica, porque de seis declaraciones cinco
dijeron algo diferente de uno, sin que sea la cantidad un factor. Alegan que no se valoró
adecuadamente el dicho de Eduardo Li Sánchez, Noel Ibo Campos Rodríguez y Rafael
Ángel Vargas Brenes, los dos últimos que siquiera se mencionan. En cuanto a Li
Sánchez alegan que el tribunal atendió al testigo y no al testimonio, sin que se motivara
que él mintió, por qué lo hizo, cuál ventaja tuvo, por qué no le creyeron, pese a que
declaró en forma diáfana, coherente, sincera, confiable y creíble. Consideran que se
debió motivar la razón por la cual él no fue querellado, siendo la fuente originaria de la
información, cuyas razones pueden ser muchas, pero debió ser apreciado con especial
recaudo, porque esa situación le generaba mayor credibilidad. Señalan que, de haberlo
querellado él habría acreditado que los jugadores sí hicieron esos comentarios, lo que
les hubiera traído sanciones de las autoridades deportivas, al punto que, en las
acusaciones no se imputó sobre el fraude deportivo y la intención de amañar partidos,
siendo evidente que no tenían intención de discutir ese extremo a profundidad. Otro
aspecto que alegan es que Álvaro Saborío no fue adecuadamente valorado, siendo
evasivo, respondiendo con monosílabas para no comprometerse, haciendo sospechar de
su intención de ocultar información por lo que no se le debió conceder crédito. En cuanto
a la cláusula señalan que, el hecho de que esté en un borrador y no en el documento
definitivo, no significa su inexistencia, no logrando Li Sánchez recordarlo en
consideración al tiempo transcurrido, de modo que el que no estuviera, no permite
derivar que el testigo mintió, siendo esa una falacia inatingente. También lo es el, señalar
que si los demás testigos no recuerdan un tema y uno solo si, él está mintiendo, al punto
de que, los querellantes siquiera recordaron que Saborío estuvo en la reunión pero Li
Sánchez sí. De la revisión del registro audiovisual del testimonio de Eduardo Li se
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desprende la parcialización del tribunal, por el trato que se le dio, siendo abordado con
animadversión y total indisposición hacia él, que no tuvieron los otros testigos, por el
prejuicio de los jueces por sus antecedentes de conocimiento público, que se evidenció
cuando el juez ponente en la exposición de la parte dispositiva lo trató como prófugo,
demostrando que se atendió al testigo y no a su testimonio, práctica discriminatoria e
inadecuada. Agregan que la valoración del testigo fue tan deficiente y parcial que hasta
se aseveró que fue el último en declarar, siendo ello falso y fue eso lo que sustentó su
testimonio de piezas. Reiteran los argumentos ya desarrollados de que se cercenaron
las manifestaciones de las entrevistas, con el defecto de que ello incidió en la valoración
de la prueba. Finalizan señalando que hubo dos aspectos donde el tribunal se basó en
conjeturas y especulaciones, al decir que los querellantes reprodujeron lo dicho por
Eduardo Li, que no es cierto y no hay prueba que permita derivarlo y; que los jugadores
no respondieron porque estaban celosos por las consecuencias legales y civiles que
podrían generarles, lo que es totalmente especulativo y demuestra la parcialización de
un tribunal. Solicitan se anule parcialmente la sentencia solo en relación a la condena
civil y se exonere de toda responsabilidad; subsidiariamente, se ordene el reenvío sobre
el extremo civil. Los motivos son atendibles: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 142, 184 y 363 inciso c) todos del Código Procesal Penal, el fallo debe
contener una fundamentación clara y precisa, en el cual se brinden los razonamientos de
hecho y de derecho en los que se basó el Tribunal para emitir una determinada decisión.
En ese ejercicio los juzgadores deben asignarle el valor a la totalidad de los elementos
probatorios que fueron evacuados en el contradictorio, debiendo apreciarlos de forma
conjunta y armónica, con aplicación estricta de las reglas de la sana crítica racional. En
el caso sub júdice, después de efectuar un examen integral de la sentencia escrita
venida en alzada, se ha considerado que la misma carece de fundamentos adecuados
del análisis que se hizo de la prueba evacuada en el contradictorio, específicamente
respecto a los fundamentos que se esgrimieron para concluir acerca de la falsedad de
las manifestaciones que se le atribuían a los querellantes, concretamente, la amenaza
de perder partidos si se renovaba al técnico de la Selección Mayor de Fútbol Masculino,
Jorge Luis Pinto Afanador. Se ha constatado un deficiente análisis intelectivo en la
valoración que se hizo del testimonio del señor Eduardo Li Sánchez, que condujo al
tribunal a aseverar que lo expuesto por él a los querellados fue falso y obedeció a un
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plan suyo para no renovar al entrenador técnico y evadir la responsabilidad de la toma
de esa decisión. Asimismo se ha constatado que el tribunal omitió ponderar el contenido
de los relatos de los testigos Noel Ibo Campos Rodríguez, Jorge Luis Pinto Afanador,
Rafael Ángel Vargas Brenes como de los mismos querellados sobre una serie de
aspectos de orden medular, que necesariamente debían ser apreciados y contrastados
contra el examen del testimonio del señor Rodolfo Villalobos Montero, por lo cual se
impone acoger los motivos y disponer la nulidad de la sentencia venida en alzada,
respecto a la condenatoria civil, que cubre la determinación que se hizo acerca de la
existencia de un injusto penal, como se explicará a continuación. En este caso se tuvo
como un hecho incontrovertido que los querellados Román Hernández y Gutiérrez
Arguedas, en forma individual, en días y programas radiales diversos, brindaron una
serie de manifestaciones en torno a los eventos ocurridos en el Mundial Brasil 2014,
relacionados a la participación de la Selección Mayor. El punto objeto de controversia fue
si, las manifestaciones que cada uno brindó fueron difamatorias y si estaban cobijadas
bajo la causa de justificación del ejercicio legítimo de un derecho o bien le era aplicable
la excepción de la verdad, prevista en el ordinal 149 del Código Penal. Con respecto a
esta última posibilidad, el tribunal consideró que la misma recaía, no sobre la versión que
los querellados recibieron de Eduardo Li Sánchez, sino “a la existencia o no de la atribución
de la conducta de amañar partidos hecha hacia los jugadores. En otras palabras, la prueba de la
verdad debía entre otros requisitos alegarse a partir del contenido de verdad de la amenaza que
se le atribuye a los jugadores, no respecto a si Eduardo Li Sánchez afirmó o no que los
jugadores profirieron tal amenaza.” (folio 623 frente del legajo principal) y, en esa medida, el
a quo dedicó sus esfuerzos a analizar si existió tal aseveración en la reunión que los
querellantes Navas Gamboa, Ruiz González y Borges Mora sostuvieron con los testigos
Li Sánchez y Villalobos Montero, en las instalaciones del Proyecto Gol. Habiéndose
evacuado en el contradictorio el testimonio de todos los intervinientes a dicha reunión, a
la que también asistió el señor Álvaro Alberto Saborío Chacón, se consideró que ello
“coloca al tribunal en la posibilidad y la obligación de valorar todo el material probatorio existente
sobre tal acontecimiento e inferir, conforme a las reglas de la sana crítica, la verdad real de los
hechos” (folio 623 vuelto del legajo principal). Así las cosas, los jueces consideraron que
los testigos Navas Gamboa, Ruiz González, Borges Mora, Saborío Chacón y Villalobos
Montero tuvieron una versión que resultó coincidente en los siguientes aspectos
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relevantes: i) los jugadores manifestaron su disconformidad con el director técnico por
problemas de gestión o convivencia en el grupo; ii) la relación personal entre jugadores
dirigentes y cuerpo técnico con el entrenador estaba desgastada o quebrada; iii) los
dirigentes Li Sánchez y Villalobos Montero coincidieron con el sentir y punto de vista de
los jugadores; iv) los reproches al técnico no eran sobre aspectos deportivos; v) el
jugador Ruiz González manifestó su decisión de apartarse de la selección por sus
discrepancias con el técnico y vi) fueron categóricos en que no se realizó alguna
amenaza directa o indirecta de perder partidos deliberadamente, con la finalidad de que
se destituyera al técnico. Frente a ese análisis el tribunal se dedicó al examen del
testimonio de Li Sánchez que de su declaración se desprendió: i) su deseo era renovar
al técnico Pinto Afanador; ii) los jugadores amenazaron con perder partidos de forma
deliberada si se contrataba nuevamente al entrenador; iii) introdujo al juicio la existencia
de una supuesta cláusula confidencial de rescisión en el contrato de Pinto Afanador, si
perdía tres partidos seguidos; iv) le endilgó a los jugadores conocer la existencia de esa
cláusula y que se vio sorprendido; v) rectificó al señalar a Navas Gamboa como la
persona que golpeó la mesa e hizo la amenaza de perder tres partidos y vi) señaló que
Borges Mora apaciguó la afirmación de Navas Gamboa e indicó que eso de perder
partidos no lo harían, excluyendo a Ruiz González y Saborío Chacón de esas amenazas.
Consideró el tribunal que, frente a dos tesis contrapuestas, no era el criterio aritmético el
que definiría cuál podría ser corroborada, sino señaló que la versión ofrecida por Navas
Gamboa, Ruiz González Borges Mora, Villalobos Montero y Saborío Chacón contaba “de
forma individual, con un nivel de coherencia interna y externa que las hace fiables, es decir, por
un lado no hay contradicciones a lo interno de cada declaración, mientras que, cuando se
consideran unas con otras (excepto frente a la versión de Eduardo Li Sánchez) existe una
correspondencia que hace que la versión sea bastante unívoca. El elemento que se muestra
contundente es el rechazo que se hace en estas declaraciones acerca de la existencia de la
amenaza de pérdida deliberada de partidos como forma de coacción hacia el entrenador Jorge
Luis Pinto.” (folio 624 vuelto del legajo principal). Los jueces señalaron que, la versión del
querellado Gutiérrez Arguedas en el programa radial 120 Minutos dio cuenta que él tuvo
una labor mediadora entre el técnico y los jugadores por problemas con el tiempo libre,
los permisos para compartir con sus familia y excesos de entrenamientos, estando
dañada la relación entre el técnico, la delegación, el cuerpo técnico y otros directivos, al
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punto de que, previo al Mundial 2014 existía voluntad de no seguir con Pinto Afanador,
una vez vencido su contrato, al punto de que tuvieron reuniones con técnicos. Los jueces
concluyeron que los jugadores sí externaron en la reunión una serie de quejas o
inconformidades con la labor del entrenador, pues en efecto habían problemas y,
consideraron que existiendo apertura del entonces Presidente y Tesorero de la
Federación Costarricense de Fútbol –Fedefútbol- para hablar con los jugadores y
compartiéndose el sentir respecto a los problemas de relaciones humanas con Pinto
Afanador, resultaba “contrario a las reglas de la experiencia que los jugadores hicieran las
amenazas (que les atribuyó Eduardo Li), pues no existiría la necesidad de recurrir a ello dado
que existía una visión compartida de los problemas” (folio 625 vuelto del legajo principal).
Este análisis que se hizo por el tribunal tiene un defecto ya que, existió prueba evacuada
en el debate que permite cuestionar y desvirtuar tales aseveraciones. Concretamente no
se ponderó que el testigo Noel Ibo Campos Rodríguez, en su testimonio aseveró que él,
como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol
–Fedefútbol- estaba a favor de la renovación del contrato del señor Pinto Afanador,
siendo esa la intención del querellado Juan Carlos Román Hernández, en ese momento
miembro del Comité Ejecutivo y la externó en el programa radial Oro y Grana el 1 de
noviembre del 2018, tesis que también sostuvo Rafael Vargas Brenes y el testigo
Eduardo Li Sánchez que, en el debate declaró que, estando en Brasil informalmente se
habló de la renovación del técnico y ese tema se trató con Pinto Afanador, siendo esa la
razón por la cual él llevó un plan de trabajo para exponerles en la reunión que se le
convocó en las oficinas del edificio conocido como Tribu. Dejó de analizar el tribunal que
el querellado Adrián Gutiérrez Arguedas no era miembro del Comité Ejecutivo de la
Federación Costarricense de Fútbol, de modo que se debió de ponderar en su justa
dimensión las manifestaciones que él brindó en el programa radial, que no eran
representativas del órgano a cargo de la discusión, elección y nombramiento del técnico.
La única persona que externó no estar a favor de la continuidad del técnico fue el testigo
Villalobos Montero y así lo declaró en juicio, evidenciándose que, la afirmación de que
había un sentir de la dirigencia para no renovar el contrato no se ajusta a la prueba antes
mencionada, siendo evidente que al menos cuatro de los miembros del Comité Ejecutivo
estaban a favor. Ciertamente resulta llamativo que, se hubieran llevado a cabo reuniones
con otros profesionales, sin embargo ese no fue un extremo que haya sido objeto de
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discusión en el contradictorio ni fue examinado el testigo Li Sánchez sobre tal extremo, a
fin de establecer su correspondencia con la realidad. Ahora bien, fue gracias al examen
que se hizo del testimonio de Li Sánchez que el tribunal concluyó que “la supuesta
amenaza de perder partidos proferida por los jugadores no fue cierta” (folio 626 frente del
legajo de investigación). De los argumentos expuestos en el documento salta a la vista
que, el Tribunal consideró que su relato no resultó creíble, brindando las siguientes
razones: 1) Fue la última persona en declarar en el juicio; 2) aludió a la existencia de una
cláusula en el contrato del técnico Jorge Luis Pinto Afanador en el período 2011-2014,
que estipulaba que si el técnico perdía tres partidos seguidos se podía rescindir el
contrato; 3) le atribuyó a los jugadores el conocimiento de esa cláusula y haber echado
mano de ese aspecto contractual para coaccionar para la no contratación del técnico; 4)
ninguno de los testigos dijo que en la reunión se aludiera a esa cláusula ni al contrato de
Pinto Afanador y, 5) no existía en el contrato la citada cláusula, razones que se
desprenden del siguiente extracto que, por su importancia se transcribe a continuación:
“En primer lugar, el señor Li fue el último en declarar en el juicio, situación que aprovechó para
respaldar su palabra, en términos de credibilidad, con un potente recurso retórico, en este caso
el aludir la existencia de una cláusula en el contrato que vinculó a Jorge Luis Pinto con la
Selección Nacional en el período 2011 2014, en la cual, según declaró, se estipulaba que sí el
técnico perdía tres partidos seguidos se podía rescindir el contrato por parte de la FEDEFUTBOL
y atribuirle no sólo el conocimiento de tal cláusula a los jugadores, sino que además atribuirles
(primero a todos, luego sólo a Keylor Navas) el haber echado mano de ese aspecto contractual
para coaccionarle para no contratar de nuevo al entrenador. La inclusión de ese elemento resultó
novedosa (pues ninguno de los otros declarantes refirió que se aludiera en la reunión a cláusula
contractual alguna o al contrato del técnico Jorge Luis Pinto, tampoco nadie les preguntó sobre
esos temas) y era idóneo para presentar a los anteriores declarantes como omisos o mendaces,
es decir, como testigos que habían ocultado un elemento muy relevante para establecer lo
realmente ocurrido. En paralelo, esta maniobra argumentativa del testigo Li Sánchez, le permitía
reforzar la credibilidad de su testimonio, pues daba la apariencia de que, a parte del valor de su
palabra, existía prueba documental (hasta ese momento inexistente en el haber probatorio del
juicio) que respaldaba su dicho frente al de los querellantes y al de Rodolfo Villalobos Montero
(quien sustituyó a Li en su puesto y le denunció penalmente por Administración Fraudulenta). No
puede soslayarse que, desde su perspectiva, Eduardo Li Sánchez requería presentarse como un
testigo fiable, pues aparte de ser un hecho público y notorio, fue interrogado por la parte
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querellante y el actor civil sobre su condena penal ante la justicia de los Estados Unidos de
América (Caso conocido como FIFA-GATEpor hechos delictivos cometidos en su gestión como
presidente de la FEDEFUTBOL), de manera que pudo pensar que su credibilidad podría
aumentarse si se apoyaba en un aspecto externo a su dicho, en este caso, una referencia
documental a la que él sí había tenido acceso por haber suscrito el contrato con Jorge Luis Pinto
durante su gestión. Desde la posición de Li Sánchez, pudo haber sentido la necesidad de
acreditar su testimonio con elementos externos a su dicho, dado que su imagen no es la misma
hoy día, en comparación con la del exitoso presidente de la FEDEFUTBOL que llevó al país a
fase de cuartos de final en el Campeonato Mundial Brasil 2014. En todo caso las posibles
explicaciones del por qué Eduardo Li Sánchez se decantó por introducir al juicio el tema de la
supuesta cláusula contractual, respecto a su auto-percepción como testigo, son secundarias o
marginales, pues lo realmente importante respecto a la fiabilidad de su testimonio se relaciona
con la existencia de la cláusula en el contrato y el habérsela atribuido a los jugadores como un
elemento coactivo para que no se contratara a Jorge Luis Pinto. Sobre este particular, ha de
indicarse que una vez que la parte querellante ofrece en carácter de Prueba para Mejor Proveer
tanto el testimonio de Álvaro Saborío Chacón como copia certificada del Contrato entre la
FEDEFUTBOL y Jorge Luis Pinto Afanador (2011-2014) y que tales probanzas fueran admitidas
por tratarse de elementos de prueba cuya pertinencia surgió del propio debate y se vinculaban
con el thema probandum , es que se logró acreditar que Eduardo Li Sánchez faltó a la verdad en
su declaración, como se analizará de seguido. En su testimonio Álvaro Saborío Chacón,
manifestó de forma contundente, que en la reunión en el Proyecto Gol, nadie habló ni del
contrato de Jorge Luis Pinto ni de cláusulas de rescisión contractual por pérdida de partidos.
Cuando fue interrogado si alguien golpeó la mesay amenazó con la pérdida de los tres partidos,
fue claro en negar que tal evento haya ocurrido. En este testimonio, así como en otros, tanto de
cargo como de descargo, se apreció un recelo en cuanto a la atribución de manifestaciones
ofrecidas por terceros en su presencia, lo cual es entendible cuando se toma en cuenta que se
trata (en su mayoría) de testigos desvinculados del quehacer jurídico (la mayoría son futbolistas
profesionales) y al hecho de que el presente proceso tenía como objeto la posible sanción de
personas por haber afirmado que terceras personas (los querellados) habían hecho afirmaciones
que se demostraron inexistentes. Es por lo anterior que, si bien se aprecia apertura a sostener lo
que cada quien afirmó, también se observó parquedad en las respuestas en cuanto a las
preguntas que se relacionaron con las manifestaciones hechas por terceros. Este testigo
desmintió la declaración de Eduardo Li Sánchez, no obstante, el elemento clave para
desacreditar lo declarado por Li Sánchez, fue el contraste de su propio dicho con el contenido del
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contrato que se incorporó al debate. (Ver Copia Certificada del Contrato entre Eduardo Li
Sánchez y Jorge Luis Pinto Afanador, del 15 de septiembre del 2011, folios 581 a 591 del
expediente). Una vez que se tuvo a la vista el contrato, se logró verificar que no existía la
cláusula de rescisión que Eduardo Li Sánchez le atribuyó a los jugadores conocer y además
utilizarla como parte de la amenaza de perder tres partidos, de forma deliberada, para que se
tuviese que despedir a Jorge Luis Pinto si se le contrataba de nuevo. En este punto la inferencia
probatoria es categórica, pues resulta imposible que Keylor Navas y el resto de los capitanes,
conocieran el contenido de una cláusula contractual que no existe, y mucho menos que Keylor
Navas (como lo afirmó al final de su declaración Eduardo Li) amenazara con forzar la aplicación
de una cláusula inexistente. La defensa ofreció abundante Prueba para Mejor Proveer, (Ver
documentos certificados de folios 528 a 579) que consiste en una serie de correspondencia y
borradores de contratos para acreditar la existencia de la cláusula o al menos presentar las
afirmaciones de Li Sánchez como imprecisas, más no falsas. El tribunal admitió tales elementos
de prueba y de su análisis se logra descartar que la cláusula existiera o que Li Sánchez
desconociera ese hecho, por el contrario no sólo se ratificó la inexistencia de tal cláusula, sino
que de la prueba ofrecida por la defensa, se logra colegir que Eduardo Li Sánchez tenía
conocimiento de que el contrato que vinculó a Jorge Luis Pinto con la FEDEFUTBOL en el
período 2011-2014 nunca tuvo la cláusula en cuestión, por cuanto fue él mismo quien dispuso
que se eliminara del contrato que Jorge Luis Pinto suscribió con la FEDEFUTBOL el 15 de
septiembre del 2011. (Ver Certificación de correo electrónico de Lidia Rojas a Eduardo Li y otros.
Asunto: Contrato Pablo Cesar Wanchope, del 25 de noviembre del 2011 Folios 577 a 579 del
expediente) ya que, si bien, se contempló en los borradores durante la negociación con el
técnico, el texto final se suscribió sin la cláusula por orden directa de Eduardo Li. Además,
aunque el entrenador Jorge Luis Pinto en su declaración no precisó si su contrato contenía tal
cláusula, afirmó a los medios de comunicación de su país de origen, que él no firmaba contratos
con ese tipo de cláusulas, en todo caso, con el contrato a la vista se supo que el contrato que
vinculó a Pinto, no tenía la cláusula en discusión. El entrenador también indicó que por su parte,
no había informado del contenido del contrato a los jugadores, ni a nadie, pues estima que se
trataba de un documento privado (ni mi esposa lo conoce). De lo anteriormente expuesto, se
puede colegir que Eduardo Li Sánchez mintió en su declaración al atribuir falsamente que los
querellantes hubiesen amenazado con perder deliberadamente partidos con tal de evitar que
Jorge Luis Pinto fuera nuevamente contratado como entrenador. Lo anterior obliga al tribunal a
ordenar un testimonio de piezas ante el Ministerio Público para que se investigue a Eduardo Li
Sánchez por falso testimonio, según lo preceptúan los numerales 152 y 281 inciso a) del Código
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Procesal Penal.” (folios 626 frente al 627 vuelto del legajo principal). Esta Cámara no
puede avalar las razones que fueron esgrimidas para desacreditar al testigo, al
constatarse que se hicieron aseveraciones que no se ajustan al contenido de los autos y,
además el tribunal sesgó por completo su relato como se verá. Como primer punto, no
es cierto que el testigo Li Sánchez fue el último testigo en declarar como lo aseveró el
tribunal, situación que se desacredita de la revisión del contenido de las actas de debate,
determinándose que el citado deponente declaró en la tercera audiencia,
correspondiente a la mañana del 15 de marzo del 2021, pero, después de él, en la cuarta
audiencia, ese mismo día en horas de la tarde declaró el testigo Noel Ivo Campos
Rodríguez. Asimismo, en la quinta audiencia celebrada en la mañana del 16 de marzo
declaró el testigo Jorge Luis Pinto Afanador y en la sexta audiencia en horas de la
mañana, del 22 de marzo, todos del 2021 depuso el señor Álvaro Saborío Chacón, que
fue admitido como prueba para mejor resolver (ver folios 502 al 504 y 511, todos frente y
vuelto del legajo de investigación). Esta situación evidencia que una de las razones
esgrimidas por los jueces para restarle crédito al dicho de Li Sánchez se basa en una
premisa que no se ajusta a la realidad del sumario y, en consecuencia, uno de los
argumentos para no concederle credibilidad debe ser suprimido del fallo, al no
corresponder con lo que se extrae de los autos. Como segundo punto, no es cierto que
el testigo Li Sánchez aludió la existencia de una cláusula en el contrato del Pinto
Afanador, siendo una circunstancia novedosa para retratar a los anteriores declarantes
como omisos o mendaces y así reforzar su credibilidad y presentarse como un testigo
fiable, dados los cuestionamientos por los hechos públicos y notorios que pesaban sobre
él. Esta cámara no puede avalar la interpretación que el tribunal hizo del testimonio en
ese extremo en particular, porque no es cierto que Li Sánchez introdujo la existencia de
la cláusula, para intentar mejorar su posición frente a los jueces. El deponente se limitó a
narrar los pormenores de la reunión que sostuvo él con los tres querellantes y el jugador
Saborío Chacón, contando con la presencia del también testigo Villalobos Montero. Esta
cámara se dio a la tarea de revisar integralmente el registro audio visual de la deposición
de Li Sánchez (secuencia 02:30:15 al 04:03:34 del archivo identificado como
190000210016PE-15032021074518-2_Multi) y, en relación a lo que se habló en citada
reunión dijo lo siguiente: “Volviendo otra vez al asunto de la reunión llegó el tema de que ellos
no querían que siguiera el señor Pinto y se puso un poquito, digamos, más tensa la reunión
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 19
porque la posición mía que de que si siguiera, yo no tenía ninguna justificación como Presidente
de la Federación de Fútbol, no renovarle el contrato al técnico más exitoso de la Federación
Costarricense de Fútbol. No había ningún motivo, es más yo les pregunté cuáles eran los
motivos, uno me decía que porque se metía, tocaba la puerta a las diez de la noche y encendía
la luz y cosas de ese tipo, que yo sinceramente no le veo, no le veo que sea cosas que no se
podían arreglar. No veía que eran cosas que no se podían solucionar y todo era conversando
ese tipo de cosas, pero siguieron en que yo me comprometía, yo les decía que yo me
comprometía con el señor Pinto a aclarar ese tipo de situaciones, pero no, diay pareciera que no
que la cosa iba más allá, ya estaba como muy quebrantada esa, esa relación entre ellos, no. Y
llegó un punto álgido ahí que, pues me dijeron inclusive un aspecto que estaba, que no todo
mundo conocía en el contrato con los entrenadores, verdad, que me extrañó muchísimo porque
era una cláusula de confidencialidad, que era que si el técnico perdía tres partidos seguidos se le
rescindía el contrato, o sea se le despedía, que eso me llamó mucho la atención porque cómo
ellos sabían esa situación verdad, eso fue. Diay yo, imagínense si me dicen a mi que bueno si lo
contrataba y estaba esa cláusula y porque además esa cláusula había no solamente la rescisión
de despedirle, sino había que pagarle una indemnización al técnico verdad, cualquiera que fuera,
claro, obviamente no es una indemnización, no era una indemnización de todo el contrato pero si
un monto importante, eh, ante eso yo vi que la cosa no podía seguir y yo les dije muy claramente
a ellos, bueno si esto es así, yo quiero que ustedes respalden, me respalden esta decisión
porque si quiero aclarar algo, normalmente en el mundo del futbol, cuando se quita a un técnico,
y eso lo digo porque yo fui dirigente de club, verdad, cuando los jugadores no quieren un técnico,
lo primero que le dicen y las razones que sean no se, el culpable es el dirigente, entonces todos,
usted ve las declaraciones de todos los jugadores y dicen esto es una cosa de la dirigencia y al
final se lavan las manos verdad, en este caso yo no quería que se lavaran las manos, porque yo
no veía justificación alguna para no seguir con el profesor Pinto, o sea las razones que me
habían dado no era para mi juicio, eh, hechos para no renovarle, entonces sabiendo yo, la
bomba que sería no contratar a este señor entrenador y que todo me cayera a mi, porque
efectivamente así fue, si usted ve las redes sociales de ese momento me crucificaron a mi,
verdad pero yo tomé una decisión en base a lo que estaba pasando y diay, desgraciadamente no
había otra forma de hacerlo, verdad, esa fue una decisión buena o mala pero fue una decisión
que tomé, que no quería tomarla para serle franco” (secuencia 02:52:50 al 02:58:14 del
archivo identificado como 190000210016PE-15032021074518-2_Multi). Luego, a una
pregunta del abogado Guevara declaró: “como ya dije la reunión, cuando llegó a ese punto
se fue digamos, subiendo de nivel, por decirlo, subiendo de nivel, se puso más caliente, porque
ellos estaban totalmente, este opuestos a que él continuara, cuando las razones que ellos me
dan no son para mi justificables verdad, como por ejemplo eso que entra, entraba a las diez de la
noche a encenderles la luz y ese tipo de cosas, la comida y etcétera no, eso era para mi, desde
mi punto de vista, este era un sistema que había que seguir y punto, verdad. Eh entonces
cuando me tocan, cuando no, digamos ellos ven que yo no estoy en una posición de acceder a
simplemente porque ellos no quieren, este, al técnico, verdad, entonces llega ese punto y el que
me lo, me recuerdo perfectamente, porque fue así hasta con, creo un momento de discusión no,
me golpearon la mesa así y me dijeron bueno y me lo golpeó fue Keylor Navas y me dijo bueno,
entonces perdemos tres partidos seguidos. Le dije yo un momentito, cómo cómo, si está una
cláusula así y así, ya la cosa era diferente. Si recuerdo que fue él –en referencia a Keylor
Navas-, el que sacó eso no. Si hicieron referencia a esa cláusula contractual. Me indignó. Si
que, primero me molestó mucho porque no era una situación para lo cual yo estaba preparado
no, esa reunión y pero sobre todo cómo obtuvieron esa información, verdad. Esa cláusula
licenciado es de confidencialidad.” (secuencia 03:12:50 al 03:15:49 del archivo identificado
como 190000210016PE-15032021074518-2_Multi). Lo antes expuesto permite apreciar
que la referencia al contrato no fue mencionada como una forma de mejorar su
credibilidad de cara a los jueces, siendo ese un argumento especulativo de los
juzgadores, que partieron de la premisa que el deponente mintió, cuando la realidad
fáctica permite deducir que, ese extremo fue mencionado como parte de la narración de
los supuestos hechos históricos acontecidos en la reunión que tuvo a lugar con los
jugadores querellantes, debiéndose entender que, de acuerdo a Li Sánchez, fueron ellos
los que hicieron mención a tal elemento del contrato. Como un tercer punto, no es cierto
que solamente el deponente Li Sánchez hizo referencia a la existencia de una cláusula
en el contrato del entrenador Pinto Afanador, porque se ha podido constatar que el
testigo Campos Rodríguez hizo una referencia muy puntual a la supuesta cláusula,
siendo una situación que se la informó en un primer momento el testigo Villalobos
Montero y luego, en una reunión del Comité Ejecutivo el señor Li Sánchez y así se deriva
de la siguiente transcripción: “me encontré con don Rodolfo Villalobos, quien me manifestó
personalmente que, que los jugadores estaban presionando para que Pinto se fuera, para que
Pinto no siguiera, le digo pero por qué, que cuál es el problema y por qué tenemos que echar a
Pinto, si, si los que deciden somos nosotros, los del Comité Ejecutivo y me dice no, ahí están
presionando, me dice en el contrato de la Federación hay una cláusula que dice que si el
entrenador pierde tres partidos él tiene que irse y le digo qué?, los jugadores van a perder tres
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partidos para que los maten en este país, me dice bueno su Pintico no sigue” (secuencia 18:14
al 18:18:52 del archivo de audio y video identificado como
190000210016PE-15032021021541-2_Multi). Luego, a preguntas de las partes reiteró
que a Pinto se le vencía el contrato y había que renovarlo, siendo eso lo que él entendía,
porque nunca vio el contrato ni esa cláusula que decía que si el entrenador perdía tres
partidos se rescindía el contrato, imaginando que era un machote que manejaba la jefe
de legal de la federación (secuencia 19:27 al 19:50 del archivo de audio y video
identificado como 190000210016PE-15032021021541-2_Multi). Posteriormente precisó
que esa información que recibió lo fue después de que regresaron del mundial,
explicando que en la primera reunión del comité él no participó, sino en una segunda a la
que si fue él, donde el señor Li les comunicó que no era posible sostener a Pinto, porque
los jugadores no estaban contentos con él y contó de la reunión que tuvo con varios
jugadores y les externó que le mencionaron de la cláusula de rescisión que se podía
aplicar. Inclusive a una pregunta del licenciado Torrealba reiteró que “se habló de que
hubo reunión con jugadores, de que hubo presión de los jugadores, que se hablaron de la
cláusula de los tres partidos y que se podían hasta perder tres partidos” (secuencia 01:00:18 al
01:00:29 del archivo de audio y video identificado como
190000210016PE-15032021021541-2_Multi) señalando que eso se lo dijo en primera
instancia don Rodolfo Villalobos Montero y, en segunda instancia, don Eduardo Li
cuando se tuvo la reunión e, inclusive, a una pregunta del tribunal puntualizó que la
información que en un primer momento le suministró Rodolfo Villalobos Montero, resultó
coincidente con lo que Li Sánchez informó en la reunión del comité -secuencia 01:07:41
al 01:07:54 del archivo de audio y video identificado como
190000210016PE-15032021021541-2_Multi- y ratificó que en la reunión se habló de la
cláusula del contrato y del poder que podían tener los jugadores –secuencia 01:08:04 al
01:08:20 del mismo archivo-. Esta situación desvirtúa la aseveración del tribunal de que
solamente el testigo Li Sánchez hizo referencia a la existencia de la citada cláusula y
obligaba a que se valorara este testimonio, que el tribunal dejó de lado, pese a que,
brindó información de calidad relevante acerca de que fue Rodolfo Villalobos Montero
quien le informó a él, como miembro del Comité Ejecutivo, que los jugadores estaban
presionando para que Pinto Afanador “se fuera” y al cuestionarle la razón, le dijo que en
el contrato de la Federación había una cláusula que decía que si el entrenador pierde
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 22
tres partidos él tiene que irse; información que recibió después en la reunión del Comité
Ejecutivo por parte de Eduardo Li Sánchez. Ciertamente era un testimonio que debió
merecer un examen crítico por parte del tribunal, no solo en relación a la valoración que
se estaba haciendo del testimonio de Li Sánchez sino de cara al valor que se le concedió
al dicho de Rodolfo Villalobos Montero bajo la fe de juramento. Véase que, esa situación
cobra especial relevancia desde que, el testigo Campos Rodríguez ratificó que en esa
reunión del Comité Ejecutivo se les impuso de la conversación que los jugadores
tuvieron, siendo una situación de la que Villalobos Montero se desmarcó en el debate,
señalando que él nunca escuchó que en esa sesión se dijera que los jugadores estaban
condicionando los partidos a la salida del entrenador –secuencia 14:21 a 14:33 del
archivo de audio y video identificado como
190000210016PE-120320210133359-2_Multi-. Lo antes expuesto evidencia la ausencia
de un ejercicio analítico de prueba relevante, generándose un vicio de fundamentación
defectuosa por preterición de prueba que impide mantener la validez de las conclusiones
a las que arribó el tribunal. Como cuarto punto, en relación a la existencia de una
cláusula de rescisión en el contrato del técnico Pinto Afanador, llevan razón los
recurrentes en cuanto reclaman que el tribunal desvirtuó el dicho de Li Sánchez en ese
punto en específico, al estimar que el mismo aseveró que si existía en el contrato del
técnico Pinto Afanador. De la revisión de la deposición del testigo Li Sánchez se
desprende que, a una pregunta del licenciado Torrealba, cuestionándole si conocía el
contrato que existía con el señor Pinto, concretamente el contenido de esa cláusula de
los tres partidos, aquel dijo: “vamos a ver, esa cláusula no se hace por el señor Pinto, se hace
de tiempos del señor La Volpe, que fue una de las condiciones que yo le puse a Ricardo Lavolpe,
perdía tres partidos y se iba y quedó automáticamente dentro del contrato. Se tenía la anuencia,
la posibilidad, de lo que recuerdo es que, el contrato era que tenía esa posibilidad nosotros de
rescindir el contrato.” A la pregunta de si, perdía tres partidos existía la posibilidad dijo:
“bueno, no se, no recuerdo tanto el detalle, pero si era digamos una cláusula de rescisión del
contrato. Vamos a ver, la cláusula es de lo que recuerdo es, se hizo con el señor La Volpe en su
momento, que era si perdían tres partidos consecutivos, entonces se rescindía el contrato, no
recuerdo exactamente si automáticamente o no, sinceramente, tendría que leerlo pero, era un
motivo de rescisión del contrato y se le pagaba equis cantidad de rescisión” (secuencia
03:56:20 al 03:58:00 del archivo identificado como
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 23
190000210016PE-15032021074518-2_Multi). Es el criterio de este tribunal de alzada
que, de acuerdo al contenido de la pregunta como de la respuesta que se brindó, no
resulta posible derivar que se hubiera aseverado que el contrato de Pinto Afanador tenía
esa cláusula de rescisión por la pérdida consecutiva de tres partidos. Véase que, el
testigo contestó que esa condición contractual dio inicio con la contratación de Ricardo
La Volpe y quedó automáticamente en el contrato, pero no se comprende en cuál, si en
todos los siguientes o no incluido el técnico Pinto Afanador, siendo un extremo que la
parte acusadora no se interesó en profundizar en el interrogatorio y genera una duda si
estaba refiriéndose al caso bajo examen o no. Ciertamente lleva razón el a quo en que
esa cláusula no estaba en el contrato suscrito entre Pinto Afanador y la Federación
Costarricense de Fútbol, visible a folios 584 al 594 del legajo principal; no obstante,
existen borradores del contrato que daban cuenta que, en algún momento de las
negociaciones se contempló la misma, siendo ese un elemento que no puede dejarse de
lado, porque no se trata de un asunto que no formó parte del proceso de negociación,
que inclusive se intentó aplicar en el contrato del asistente técnico Paulo César
Wanchope, como se colige de los correos de folio 577 al 579 del legajo principal,
admitidos como prueba al debate, donde su abogado, licenciado Álvaro Emilio Castro
pidió la exclusión de esa cláusula de despido, elementos que fortalecen la idea que
había acerca de su existencia, tal como lo declaró Noel Ibo Campos Rodríguez,
señalando que a él se lo dijo Rodolfo Villalobos Montero. El yerro del tribunal reside en
que se circunscribió el análisis de la credibilidad del testigo Li Sánchez en la existencia
del contrato pero, en ningún momento hizo el ejercicio de apreciar su relato de cara a las
declaraciones que brindaron los testigos Noel Ibo Campos Rodríguez, Rafael Ángel
Vargas Brenes y Jorge Luis Pinto Afanador, que brindaron información de relevancia que
debió merecer un examen crítico. Esta situación se evidencia aún más cuando el a quo
señala que la prueba de cargo, entre la cual está el testimonio de Villalobos Montero es
fiable, porque fueron coincidentes entre sí, manteniendo una coherencia interna y
externa. La anterior es una apreciación que resulta abiertamente contradictoria si se
considera que, en relación a dicho testigo, el tribunal cuestionó: “la conducta omisiva de
Rodolfo Villalobos Montero, durante la reunión del Comité Ejecutivo y en la reunión con Jorge
Luis Pinto, pues en ambas, guardó silencio respecto a la afirmación difamatoria de Li Sánchez en
contra de los querellantes. Esto se explica en el hecho de que para esa época Li y Villalobos
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 24
eran aliados cercanos y ambos coincidían en no renovar a Jorge Luis Pinto. Incluso en abono de
esta explicación, el testigo de la defensa Noel Ibo Campos Rodríguez (entonces directivo del
Comité Ejecutivo) narró que Rodolfo Villalobos le hizo un comentario respecto a que Pinto no
sería contratado nuevamente. Debe reconocerse que si bien este testigo guardó silencio cuando
Eduardo Li manifestó la afirmación falsa atribuida a los jugadores, no se atrevió (ni en ese
entonces, ni durante el juicio) a afirmar lo que Li Sánchez sin reparo alguno les atribuyó a los
futbolistas.” (folio 628 vuelto del legajo principal). Resulta abiertamente contradictorio que
con los argumentos antes expuestos el tribunal considere a Villalobos Montero como un
testigo fiable, porque la argumentación expuesta permite el surgimiento de importantes
dudas. Esta situación se acrecienta si se considera que el relato que brindó, parte de una
narración de hechos que se contrapone abiertamente con el dicho de los testigos
Campos Rodríguez, Vargas Brenes, Li Sánchez y Pinto Afanador. Véase que el testigo
negó que en la reunión los jugadores hubieran condicionado el resultado de partidos
futuros a la continuidad del técnico, que fueran capaces de perder partidos, que en la
sesión del Comité Ejecutivo no escuchó que se hubiera dicho que los jugadores estaban
condicionado los partidos a la salida del técnico, que creía posible que él hubiera
externado algo en esa sesión pero no lo recordaba, que en la reunión con el técnico
Pinto Afanador se le informó que no iba a seguir al frente de la selección y solamente se
le dijo que los jugadores no quería que continuara, siendo esa la única razón que se le
dio –secuencia 42:31 al 42:42 del archivo de audio y video identificado como
190000210016PE-120320210133359-2_Multi-. Basta revisar las declaraciones de los
testigos supra citados para advertir que existen discrepancias medulares entre ellos y
Villalobos Montero, entre las cuales están las siguientes: i) Campos Rodríguez aseveró
que Villalobos Montero, en ese momento Tesorero de la Federación Costarricense de
Fútbol le informó que Pinto Afanador no iba a continuar por presión de los jugadores y la
habló de la existencia de la cláusula de rescisión por la pérdida de tres partidos
consecutivos y agregó que ese tema se conversó en sesión de Comité Ejecutivo; ii)
Vargas Brenes declaró que a él le informó Eduardo Li, junto a Rodolfo Villalobos que la
continuidad del técnico estaba difícil, que los jugadores hablaron de perder partidos.
Luego agregó que a Pinto Afanador se le comunicó que no se le iba a renovar el
contrato, en presencia de Villalobos Montero y se le hablaron de otras posibles acciones
que podían ir en perjuicio de la selección, por pérdida intencional de partidos; iii) Pinto
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 25
Afanador declaró que a él se le llamó a una reunión en el edificio Tribu, donde participó
Li Sánchez, Adrián Gutiérrez, Rafael Vargas y Rodolfo Villalobos y le comunicaron que
no le iban a renovar el contrato, porque si seguía los jugadores pierden los partidos para
que lo saquen, sin que pudiera presentar el plan de trabajo que llevaba preparado.
Ninguna de esas diferencias que se han reseñado fueron apreciadas por el tribunal de
cara a establecer su credibilidad, limitándose el tribunal a considerarlo fiable y coherente,
requiriéndose un examen más amplio de su relato de cara a motivar adecuadamente el
valor que se le brindó a su dicho. Esta cámara se impuso del registro audiovisual del
contenido de su declaración y pudo advertir un comportamiento esquivo, evasivo y hasta
hostil, al punto de que, al ser interrogado por la defensa de los querellados fue reticente
a contestar una pregunta, aduciendo que no iba a entrar ahí en detalles de ese tipo.
Luego dijo que no quería ampliar su respuesta, por lo cual se le pidió al tribunal que
interviniera y, posteriormente reclamó que no podía ponerse a recordar todo lo que pasó,
siendo un comportamiento que no se ajusta a lo que se espera de una persona que ha
sido llamada a declarar en un proceso, narrando únicamente lo que sabe y conoce,
colaborando con la administración de justicia. En síntesis, al haberse considerado que
las manifestaciones de los querellantes en los programas radiales, se basaban en
hechos falsos que construyó Li Sánchez, se excluyó la prueba de la verdad pero,
además, fue el fundamento sobre el cual se sustentó la existencia de un error de
prohibición indirecto, absolviéndose a los querellados en lo penal por un ilícito de
difamación, ordenándose un testimonio de piezas en contra de Li Sánchez por el delito
de falso testimonio. El efecto de ese tipo de error excluyó la culpabilidad, pero el tribunal
determinó que las conductas eran típicas como antijurídicas, surgiendo el injusto penal,
sobre el cual se sustentó la condena en lo civil. Las razones esbozadas por los
juzgadores para establecer que Eduardo Li Sánchez faltó a la verdad, atribuyéndole a los
querellantes haber amenazado con la pérdida intencional de partidos si el entrenador
Pinto Afanador continuaba, se afinca en un examen de la prueba que presenta una serie
de defectos que, impiden validar la decisión, dada la existencia de una serie de
problemas en la fundamentación, en virtud de lo cual se deben acoger los motivos y
disponer la nulidad parcial de la sentencia venida en alzada, únicamente en cuanto a los
extremos civiles, sobre el cual se ordena celebrar un juicio de reenvío, para una nueva
sustanciación conforme a derecho. En dicho juicio, necesariamente deberá determinarse
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 26
de previo si, existe un injusto penal como tal, que permita el surgimiento de una
responsabilidad civil, porque el análisis que hizo el a quo presenta defectos que impiden
su validez. En consecuencia con lo resuelto y dada la entidad de los defectos en la
apreciación del testimonio de Eduardo Li Sánchez, sobre la cual se afincó la resolución
jurisdiccional que dispuso un testimonio de piezas en su contra por el delito de falso
testimonio, se dispone la nulidad del testimonio de piezas que fue ordenado. Finalmente
resulta necesario establecer que la absolutoria en lo penal de los querellados Román
Hernández y Gutiérrez Arguedas ha quedado en firme, sin que se pueda discutir
nuevamente ese extremo, porque el mismo no fue objeto de impugnación por parte de la
representación legal de los querellantes que, como se dijo supra, se conformaron con lo
resuelto.
IV.- Recursos de apelación presentados por los querellados y demandados
civiles Juan Carlos Román Hernández y Adrián Gutiérrez Arguedas, en su defensa
material. Ambos libelos corresponden a copias idénticas, por lo cual se van a conocer
en forma conjunta. Como antecedentes explican los recurrentes que el tribunal los
absolvió del delito de difamación que se les atribuyó, al considerar que hubo un error
invencible en torno a las circunstancias de una causa de justificación, brindándole el
tratamiento del error de prohibición, no existiendo culpabilidad en la conducta querellada.
Pese a lo anterior, fueron condenados civilmente, en forma errada, juzgando dos
acciones independientes como si se tratara de una misma situación, lo cual es ilógico
pues no existe una causa de conexión entre las querellas y los querellados, más allá de
ser los mismos acusadores, pero las acciones atribuidas son independientes e inconexas
entre sí, sin particularizar el tribunal los daños y la responsabilidad que se le atribuyó a
cada uno. Alegan que, más de la mitad del acápite quinto del fallo escrito fue para
resumir lo que consideraron son los alcances generales de la responsabilidad civil, la cita
de normas como de extractos de precedentes judiciales de vieja data. En la sentencia se
analizó que los actores reclamaron daños a la reputación, credibilidad y buen nombre,
por una acción dolosa y, ante la corroboración de un injusto penal, procedía la condena a
partir de la noción de la culpa civil, que se demostró en ambos demandados, haciéndose
una breve mención de don Adrián, pero no de don Juan Carlos, para así justificar que la
exposición pública de los actores no significaba una renuncia a sus derechos
fundamentales –libertad de expresión-, afirmando la existencia de un daño, el cual
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 27
reprochan que no se fundamentó, analizando su magnitud ni la cuantía adecuada para
su indemnización, aseverándose en cuatro renglones que hubo un nexo causal entre las
declaraciones de los querellados y el supuesto daño, verificándose una “concausalidad”
a tenor del ordinal 1046 del Código Civil, porque hubo dos personas que lo generaron de
manera solidaria, sustentándose en los ordinales 123 y siguientes de las reglas sobre
responsabilidad civil vigentes del Código Penal de 1941, fijando en forma solidaria el
daño en la suma de tres millones de colones para cada actor, más los honorarios de
abogado en un millón ochocientos mil colones. Como primer motivo acusan “ausencia
de fundamentación suficiente de la condena civil, con quebranto del ordinal 142 del
Código Procesal Penal”, que impide particularizar la alegada responsabilidad de los
demandados, pese a que la querella y demanda civil se les señala y exige
responsabilidad por acciones independientes y separadas temporalmente –a don Adrián
por un hecho sucedido el 31 de octubre del 2018 en el programa radial 180 minutos y, a
don Juan Carlos del 1 de noviembre de 2018 en el espacio Oro y Grana-. Ante acciones
separadas, el tribunal debió dedicar en la sentencia apartados o razonamientos distintos,
en lugar de ello omitió individualizar a los demandados y particularizar sus acciones, sus
consecuencias jurídicas y los supuestos hechos dañosos, limitándose a hablar en plural,
de las acciones de ambos. En apoyo de su reclamo transcriben un extracto del voto
5238-1994 de la Sala Constitucional y la 1229-2U del Tribunal Primero Civil de San José.
La ausencia de motivación les generó un agravio, impidiéndoles conocer las razones por
las cuales se les declaró responsables civiles del resarcimiento de un daño e igualó la
acción de uno con la del otro querellado. Como segundo reproche alegan “violación de
los principios de congruencia, dispositivo y de derecho de defensa”. El tribunal aseveró
que los accionantes presentaron una imputación de hechos, basados en la intervención
dolosa de los querellados, siendo ese su planteamiento del caso, conforme a su
estrategia; sin embargo, en la sentencia la condena se sustentó en un actuar culposo,
por la violación del modelo de la persona diligente y prudente. Alegan que la
responsabilidad civil culposa no se sometió a contradictorio, tomándolos por sorpresa,
porque no tuvieron oportunidad de ejercer una adecuada defensa sobre una supuesta
culpa civil. Alegan que el criterio de imputación permite ejercer una adecuada defensa,
siendo muy distinto pasar de una acción dolosa a una imprudencia, falta de diligencia o
de cuidado, excediendo el cuadro fáctico, lesionando el debido proceso y los sub
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 28
principios de inviolabilidad de la defensa, contradictorio y de una sentencia justa, además
del de congruencia. Agregan que, existe un acuerdo uniforme en la doctrina, legislación y
jurisprudencia en el sentido que un tribunal no puede fundar su resolución en alegatos no
debatidos en el juicio ni en presupuestos fácticos distintos a los que las partes
plantearon. En este caso no se trata de un mero tema de régimen jurídico, sino de la
esencia misma de la imputación de la responsabilidad, citando el voto 2011-1109 de la
Sala Tercera. Como quinto motivo acusan “violación de las reglas que rigen la
solidaridad de las obligaciones: condena solidaria por acciones separadas e
independientes”. Cuestionan que el tribunal concluyó que los demandados civiles
generaron el daño de manera solidaria, que no solo no está debidamente motivado, sino
existe un vicio de orden técnico grave, en tanto la solidaridad es una categoría jurídica
que se relaciona con las obligaciones y no, con los daños y su supuesta causación.
Señalan que la solidaridad está dada por ley o contrato, siendo la decisión tomada
incongruente con el régimen de las obligaciones solidarias, como del artículo 1046 del
Código Civil. Indican que, dicho precepto está referido a las obligaciones conjuntas, de
varios deudores que están directamente comprometidos a pagar toda la obligación,
teniendo como fuente una norma, un contrato o la ley, por ende, no se presumen y no
pueden ser creadas o constituidas por sentencia, porque un fallo solo puede declararlas
a partir de una fuente preexistente. En este caso los jueces la derivaron del ordinal 1046
del Código Civil, por una concausalidad, norma que se aplicó en forma errónea ya que,
procede la obligación de reparar los daños y perjuicios causado por un delito o cuasi
delito, sobre todos los que han participado, sea como autores o cómplices y sobre sus
herederos. De los hechos probados se deriva que a don Adrián lo querellaron por una
acción sucedida el 31 de octubre del 2018, en el programa radial 180 Minutos; mientras
que, a don Juan Carlos por eventos del 1 de noviembre del 2018, en el programa Oro y
Grana, eventos distintos, separados temporal y circunstancialmente, porque sus
narraciones son distintas y en diversos momentos históricos, dado los puestos que
tenían dentro de la Federación. Rechazan que haya existido una co autoría o
participación de don Juan Carlos y don Adrián y viceversa, porque ello no fue imputado
en la querella ni alegado en la acción civil, siendo inaplicable que se aplique el ordinal
1046 aludido, siendo improcedente la condena. Alegan además que no se justificó cuál
fue la contribución de don Adrián en la de don Juan Carlos y viceversa, porque el
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supuesto de la norma es diverso al marco fáctico trazado en la demanda civil y la
querella. La decisión del tribunal, en su criterio, es infundada y se aplicó en forma errada
una norma civil, porque para que exista solidaridad debe tratarse del mismo hecho,
haciéndose una interpretación extensiva de la norma que resulta incorrecta, ilegal e
injusta, al hacerlos responsables por acciones en las que no participaron, concurriendo la
excepción de hecho de un tercero entre ellos. Añaden que las querellas y acciones
civiles se tramitaron de forma conjunta, sin una base procesal para ello, no cumpliendo
con los criterios de conexión estipulados en el numeral 50 del Código Procesal Penal y
las civiles no reunían los criterios de identidad de causa, objeto y sujeto, ya que las
acciones, los actores y sujetos pasivos son distintos. Ciertamente el proceso avanzó de
esa forma hasta la sentencia, pero la indebida acumulación de juicios no puede afectar el
fondo de la controversia, debiendo resolverse la situación de cada individuo, afectándose
la legitimación pasiva de los demandados, no existiendo base legal para que don Juan
Carlos responda por los actos de un tercero. Como sexto motivo alegan ausencia de
fundamentación del daño porque no se desarrollaron las razones para concluir que
existió un daño moral subjetivo idéntico para los tres demandados (sic), que poseen
cualidades y contextos distintos, omitiendo plasmar las razones por las que se consideró
que el monto fijado era adecuado y proporcional para repararlo. La sentencia carece de
una expresión mínima sobre el mismo, partiendo de que lo hubo, pero no desarrolló cuál
era, más allá de decir que se estaba ante el injusto penal, consistente en un supuesto
ataque al honor. Partiendo de que el daño moral es la afectación al fuero interno de una
persona por el sufrimiento, el menoscabo anímico o padecimiento moral, nada de eso se
argumentó, considerando que el tribunal se confundió al emplear elementos de la esfera
penal en el análisis civil y por ello equiparó el injusto penal con el daño. En lugar de
explicar la existencia, magnitud y cuantificación del daño, el a quo se conformó con
transcribir textualmente extractos de las deposiciones de varios testigos, sin explicar su
trascendencia, el por qué comprobaban el daño, su magnitud ni el importe. Pese a tales
defectos, fueron condenados al pago de nueve millones de colones, en forma solidaria.
Solicitan se declare con lugar el recurso, se anule parcialmente la sentencia en alzada,
manteniendo incólume la absolutoria penal y se resuelva en forma definitiva lo civil,
denegando en todos sus extremos la acción civil resarcitoria, condenándoles al pago de
las costas de su acción; subsidiariamente pide se ordene el reenvío para una nueva
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sustanciación, respetándose el principio de no reforma en perjuicio. Recurso de
apelación de los licenciados José Luis Campos Vargas y Róger Guevara Vega, en
su condición de defensores particulares del querellado Adrián Gutiérrez Arguedas.
Como quinto motivo acusan falta de fundamentación de la condenatoria civil y errónea
motivación de ese extremo. Reclaman que en el considerando quinto de la sentencia el
tribunal incumplió con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, al no acatar los votos de la Sala Constitucional citados en el tercer
motivo, porque la deficiente querella y demanda civil no tienen una imputación correcta.
El hecho catorce tuvo acreditado que el 26 de marzo del 2019 se interpuso la acción civil
resarcitoria sin decir sobre cuáles hechos se planteó y en el quince se dijo que causó un
daño moral, sin describirlo e individualizarlo. No se apreció que a los demandados no se
les atribuyó las mismas acciones, porque no dijeron lo mismo durante las entrevistas,
pero la condena es idéntica, lo cual es improcedente porque fueron acciones diferentes y
la supuesta afectación no era igual y por ende no podrían recibir la misma
indemnización. Solo en el hecho undécimo se imputó una acción dolosa pero en el resto
de sucesos no y, aunque puede inferirse que todas las conductas eran con intención y
voluntad de difamar, no era suficiente. Señalan que en la sentencia se indicó que no se
apreció un puro deseo de ofender, lo cual anula la condena civil, al desaparecer la fuente
generadora de responsabilidad civil, porque no se configura el perfil objetivo y subjetivo
del delito contra el honor de modo que, al no existir tipicidad no puede existir un error de
prohibición indirecto, siendo improcedente la condena civil de los demandados. Reiteran
que los hechos probados seis y nueve fueron descritos de forma deficiente,
cercenándose frases y oraciones, siendo un vicio insubsanable para el tribunal. Aluden
que, esas mutilaciones en las manifestaciones son relevantes para descartar que se
tuviera una fuente generadora de responsabilidad civil, que de haberse apreciado habría
permitido concluir que los querellados no fueron a las entrevistas con la voluntad de
ofender el honor de los querellantes y, más bien, los elogiaron y felicitaron por su buen
desempeño deportivo en Brasil, lo cual descartaba un injusto penal, un dolo, culpa o
daño como fuente de responsabilidad civil. Agregan que, hasta se tuvo por probado que
Román Hernández era miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de
Fútbol –Fedefútbol-, lo que no es cierto, no pudiendo sustentarse la condena en un
hecho falso. Acusan otros defectos por los cuales la sentencia condenatoria civil debe
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ser anulada, porque el tribunal no adoptó la tesis moderna que estipula que la
responsabilidad se deriva del daño y no, del injusto penal, que fue la premisa que siguió.
Pese a ello, el considerando quinto es contradictorio al afirmar que la comisión de un
hecho delictivo generó un menoscabo patrimonial, siendo eso inconciliable con un error
de prohibición indirecto, invencible, que configura un injusto penal. También tienen que
Gutiérrez Arguedas incurrió en una intervención dolosa, pero eso no se le atribuyó en la
querella, sin que pudiera subsistir la condena civil, porque no se trata de un dolo civil,
penal o culpa. La condena se sustentó en el ordinal 1045 Civil, el cual es contradictorio
con el fallo, que se derivó de un injusto penal y de la comisión de un delito, pero, más
adelante el tribunal cambió la fuente generadora de responsabilidad, introduciendo la
culpa civil, pese a que se alegó un dolo. En síntesis se tuvieron tres tesis, un error de
prohibición indirecto, un dolo y culpa civil, pero de los fundamentos se deriva un criterio
de culpa civil –analiza lo que haría una persona diligente-, incongruente con el injusto
penal y con el dolo que se acusó. Señala que en el mismo fallo se tiene el daño como
criterio de responsabilidad y toma uno doloso como su fuente para justificar la condena.
Echan de menos que no se analizara si las acciones estaban amparadas bajo el ordinal
151 del Código Penal, porque los demandados no dijeron lo que los periodistas sí
–conductas antideportivas, amaño de partidos- que no fueron descritas en las demandas
penal y civil. Asimismo, reprochan que no se analizó la falta de antijuricidad formal y
material, por la causa de justificación del ordinal 25 del mismo cuerpo de leyes. La
información que se les dio, fue en razón de sus puestos, como parte de órganos
colegiados, de un tema de interés público. Consideran que se buscó a toda costa una
decisión salomónica, para quedar bien con las dos partes, absolviendo en lo penal y
condenando en lo civil, lo cual no tiene cabida en una sana administración de justicia,
donde se le debe dar a cada quien lo que le corresponde. En su criterio, lo procedente
era absolver penal y civilmente, porque no hubo tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y
daño. Finalizan reiterando que el daño moral no se demostró, porque las esposas no
lograron ubicar en el tiempo las entrevistas ni de la emisora, de modo que resulta
contrario a la máxima de a experiencia, porque lo que causa daño se recuerda y ni los
propios actores lo hicieron y siquiera oyeron el programa. Solicitan se anule parcialmente
la sentencia solo en relación a la condena civil y se exonere de toda responsabilidad;
subsidiariamente, se ordene el reenvío sobre el extremo civil. Los motivos son
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atendibles: Los alegatos serán contestados no en el orden en que fueron propuestos,
sino de una forma lógica para la comprensión de lo decidido. El principio de congruencia
en materia civil se encuentra previsto en el ordinal 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil,
ley 9342, del 3 de febrero de 2016, valga indicar, norma adjetiva aplicable para el
momento del dictado de la sentencia, por haber entrado en vigencia el 08 de octubre del
2018. El artículo 28.1 estipula que “Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras,
precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley” mientras que, el 61.2
consigna que “Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido
objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no
podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la
ley no exige iniciativa de parte.” La jurisprudencia civil, al analizar el citado precepto ha
indicado lo siguiente: “En relación con la congruencia, la Sala Primera de la Corte Suprema de
Justicia ha reiterado que la misma es necesaria, de tal manera que la ausencia de esta implica la
nulidad de la sentencia, por violación de normas esenciales del proceso, que ha debido respetar
el juzgador a la hora de emitir su fallo. Ese alto Tribunal ha señalado que la incongruencia es:
“...la falta de relación o desarmonía entre lo peticionado por las partes en su demanda o
contrademanda y lo resuelto por el órgano jurisdiccional, en punto a las partes, al objeto o a la
causa; desajuste que debe manifestarse en la parte dispositiva de la sentencia”. […] sucede,
según lo ha dicho esta Sala en reiteradas oportunidades, cuando la sentencia: a) no coincide con
lo solicitado por las partes (extra petita); b) no resuelve alguna de las pretensiones
oportunamente deducidas (mínima petita); c) contiene disposiciones contradictorias. Por su
medio, se busca garantizar el orden, la certeza, el equilibrio y el derecho de defensa de cada una
de las partes dentro del proceso judicial.” (Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José,
sección primera, número 831-2019, de las 07:53 horas, del 3 de diciembre del 2019). En
palabras sencillas significa que el juez no puede conceder más o distinto de lo que fue
requerido, como tampoco preterir lo rogado y, dicha norma resulta aplicable en el
proceso penal por remisión expresa del ordinal 109 del Código Procesal Penal. Los
recurrentes han acusado el quebranto del principio de congruencia, resultando necesario
transcribir los hechos de la demanda civil que fue incoada por los actores civiles Celso
Borges Mora, Keylor Navas Gamboa y Bryan Ruiz González, en contra de los
demandados civiles Adrian Gutiérrez Arguedas y Juan Carlos Román Hernández: “1. El
día 31 de octubre de 2018, el demandado ADRIÁN GUTIÉRREZ ARGUEDAS, participó en una
entrevista en el programa denominado"120 minutos" transmitido por Radioemisora Monumental y
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los canales 2 y 11 de la televisión nacional. Además, tiene plataformas digitales en las redes
sociales de Facebook y Twitter. 2. En la citada entrevista, el demandado ADRIÁN GUTIÉRREZ
ARGUEDAS afirmó: "Todos saben que donde llega Pinto hay polémica (...) Durante la
concentración en Costa Rica hubo problemas que solucionar...Brasil 2014 fue candente, fue
difícil la situación interna, que después se revelaron algunas cosas, algunas se pueden revelar
en este programa, algunas por ética no se puede (...).Los jugadores al día siguiente de regresar
a Costa Rica, Celso, Bryan y Keylor se reunieron con Eduardo y con Rodolfo, yo no pude asistir
a esa reunión, tenía ya que trabajar y dijeron, según me narraron ellos, nosotros con Pinto no
vamos, si ustedes lo ponen somos capaces de perder uno, dos, tres, cuatro o cinco, los partidos
que sean con tal de que lo quiten (...) Cuando llegamos a esa reunión con Jorge Luis, ni
habíamos comenzado nosotros a hablar cuando Jorge Luis se disparó (…) Entonces Eduardo le
dijo la situación que existía con los jugadores, que los jugadores no querían (...) Esas situaciones
fueron las que se dieron finalmente para que Jorge Luis no continuara (...) Esto se me salió de
las manos porque yo no estuve en la reunión y no puede ser tajante en decir bueno, esto es,
probablemente mi reacción tal vez hubiera sido diferente, yo no hubiera aguantado que me
dijeran una cosa de esas sin embargo, se aguantó y cuatro años después ahí están los
resultados de las cosas (...) La reacción que tuvieron posteriormente los emisarios, porque estos
tres jugadores eran los emisarios del resto". 3. Las afirmaciones realizadas por el demandado
ADRIÁN GUTIÉRREZ ARGUEDAS el día 31 de octubre de 2018, son falsas y lesionan el buen
nombre y la reputación personal y profesional de los querellantes. 4. En la reunión a la que hizo
alusión GUTIÉRREZ ARGUEDAS tuvo lugar en estuvieron presentes los actores, el señor
Eduardo Li Villalobos y el señor Rodolfo Villalobos. Ninguno de los querellantes dijo lo que
GUTIÉRREZ ARGUEDAS afirmó el 31 de octubre de 2018 en el programa 120 minutos,
difundido en la televisión y radio nacional. 5. El demandado GUTIÉRREZ ARGUEDAS, con la
finalidad de lesionar el buen nombre personal y profesional de los actores, procedió a afirmar, en
un medio de comunicación masiva, que los querellantes estaban dispuestos a perder partidos de
fútbol en los participan de forma profesional, con tal de imponer su voluntad de que el Director
Técnico fuera sustituido. 6. GUTIÉRREZ ARGUEDAS, a sabiendas de que el programa 120
minutos de Radioemisora Monumental, es de alcance nacional y de que miles de personas lo
escuchan y ven a diario, decidió realizar en dicho programa afirmaciones falsas sobre los actores
e idóneas para afectar su reputación personal y profesional. Al afirmar, falsamente, que los
actores estaban dispuestos a perder partidos, el demandado transmitió al público general una
imagen distorsionada de la persona de los actores: los proyectó, malintencionadamente, como
personas desprovistas de corrección ética, moral y profesional y además, como líderes
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prepotentes ajenos a la responsabilidad que los vincula con el equipo, como un todo. 7. Al
afirmar falsamente, como lo hizo que los actores exigieron la sustitución del señor Pinto Afanador
so pena de actuar de manera que la Selección Nacional Masculina de Futbol perdiera partidos, el
demandado GUTIÉRREZ ARGUEDAS, pretendió, dolosamente, inducir en el público la
convicción de que existió una relación causa-efecto, entre la conducta de los actores y la
decisión de la Federación Costarricense de Futbol de no continuar el vínculo contractual con el
señor Jorge Luis Pinto Afanador. 8. Las afirmaciones del demandado GUTIÉRREZ ARGUEDAS
lesionaron la credibilidad y el buen nombre de los actores frente a sus colegas, compañeros de
Selección. Los actores son -y eran para el momento en que se celebró la reunión referida por
GUTIÉRREZ ARGUEDAS-, los capitanes de la Selección. Al afirmar, falsamente, que los actores
mostraron en dicha reunión una conducta cuestionable ética y deportivamente, ejerciendo la
representación del grupo, el demandado tenía la intención de deslegitimar a los actores como
líderes íntegros, frente al público y frente a los restantes miembros que integran la Selección
Nacional Masculina de Futbol. 9. El día 01 de noviembre de 2018, el demandado JUAN
CARLOS ROMAN HERNÁNDEZ participó en una entrevista en el programa denominado “Oro y
Grana”, transmitido por Radioemisora Monumental y los canales 2 y 11 de la televisión nacional.
Además, tiene plataformas digitales en las redes sociales de Facebook y Twitter. 10. En la citada
entrevista, el demandado JUAN CARLOS ROMAN HERNÁNDEZ afirmó: " Cuando vinimos de
Brasil, al segundo día señor Eduardo Li me dijo Juan Carlos necesitamos reunir a los jugadores y
varios del Comité Ejecutivo (...) A eso de las 10 de la mañana 10:30 am, fueron llegando los tres
famosos jugadores, don Eduardo Li, don Rodolfo Villalobos, inició la reunión a puerta cerrada, yo
no tuve acceso a la reunión, en la siguiente reunión del Comité Ejecutivo don Eduardo Li llegó a
externar lo que se había comentado en esa famosa reunión y más o menos ver un poco lo del
caso de don Jorge Luis Pinto, en esa reunión cuando don Eduardo empieza a dar el informe
externa el criterio (...) básicamente que los jugadores habían indicado que dentro de las
negociaciones que se estaban haciendo que si don Jorge Luis seguía ellos seguían jugando pero
perderían partidos, así lo dijo don Eduardo Li (..) Yo fui de los que levanté la voz y le dije a don
Eduardo que este precedente es muy malo para el fútbol de Costa Rica (...) Yo me enojé
bastante porque me parece que eso es algo que uno no debe permitir (...) Los que pudimos
opinar, opinamos (...) en ese momento yo sí recuerdo muy bien las palabras mías, porque me
ofusqué bastante oír que los jugadores dijeran ese tipo de cosas, sobre todo que a veces pasan
otro tipo de cosas con los jugadores también, que no es lo que uno espera de una Selección
Nacional o de los jugadores que los tienen como ídolos". 11. Las afirmaciones realizadas por el
demandado JUAN CARLOS ROMÁN HERNÁNDEZ el día 01 de noviembre de 2018, son falsas
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y lesionan el buen nombre y la reputación personal y profesional de los actores. Ni los actores
realizaron las afirmaciones que el demandado les atribuyó en la entrevista, ni el señor Eduardo Li
Villalobos dijo en la reunión del comité ejecutivo las afirmaciones que el demandado afirmó. 12.
El demandado ROMÁN HERNÁNDEZ con la finalidad de lesionar el buen nombre personal y
profesional de los actores, procedió a afirmar, en un medio de comunicación masiva, que los
actores estaban dispuestos a perder partidos de fútbol en los participan de forma profesional, con
tal de imponer su voluntad de que el Director Técnico fuera sustituido. 13. ROMÁN
HERNÁNDEZ, a sabiendas de que el programa Oro y Grana de Radioemisora Monumental es
de alcance nacional y de que miles de personas lo escuchan y ven a diario, decidió realizar en
dicho programa afirmaciones falsas sobre los actores e idóneas para afectar su reputación
personal y profesional. Al afirmar, falsamente, que los actores estaban dispuestos a perder
partidos, el demandado transmitió al público general una imagen distorsionada de la persona de
los actores: los proyectó, malintencionadamente, como personas desprovistas de corrección
ética, moral y profesional y además como líderes prepotentes ajenos a la responsabilidad que los
vincula con el equipo, como un todo. 14. Al afirmar falsamente, como lo hizo, que los actores
exigieron la sustitución del señor Pinto Afanador so pena de actuar de manera que la Selección
Nacional Masculina de Futbol perdiera partidos, el demandado ROMÁN HERNÁNDEZ pretendió,
dolosamente, inducir en el público la convicción de que existió una relación de causa-efecto
entre, la conducta de los actores y la decisión de la Federación Costarricense de Futbol de no
continuar el vínculo contractual con el señor Jorge Luis Pinto Afanador. 15. Las afirmaciones del
demandado ROMÁN HERNÁNDEZ lesionaron la credibilidad y el buen nombre de los actores
frente a sus colegas, compañeros de Selección. Los actores son -y eran para el momento en que
se celebró la reunión referida por ROMÁN HERNÁNDEZ- los capitanes de la Selección. Al
afirmar, falsamente, que los actores mostraron en dicha reunión una conducta cuestionable ética
y deportivamente, ejerciendo la representación del grupo, el demandado tenía la intención de
deslegitimar a los actores como líderes íntegros, frente al público y frente a los restantes
miembros que integran la Selección Nacional Masculina de Futbol. 16. Las afirmaciones de
ambos demandados fueron ampliamente difundidas por la prensa deportiva nacional. En el
período comprendido entre el 30 de octubre de 2018 y el 2 de noviembre de 2018, se publicaron
un total de 42 notas periodísticas alusivas a los hechos base de la demanda. De dichas notas, 25
fueron publicadas en medios o plataformas digitales, 7 en presa escrita, 6 en televisión y 3 en
radio. 17. La información publicada en medios de comunicación digitales o con plataformas de
esa naturaleza puede ser accesada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Las
entrevistas rendidas por ambos demandados, en las que realizaron afirmaciones falsas sobre la
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 36
persona de los actores, se conocieron tanto en Costa Rica, como en el extranjero. 18. De previo
a los hechos arriba descritos, los actores contaban con una credibilidad intacta como personas y
como profesionales. A base de su conducta intachable, cada uno construyó una imagen y
reputación de honestidad y transparencia intersubjetivamente reconocida. 19. Como
consecuencia inmediata y directa de los hechos atribuidos a los demandados, los actores
sufrieron una serie de daños y perjuicio. 20. El actor BRYAN RUIZ GONAZÁLEZ se vio sometido
a cuestionamientos y emplazamientos relacionados con las afirmaciones realizadas por los
demandados en las entrevistas de 31 de octubre y 1 de noviembre de 2018, tanto por personas
ubicadas en Costa Rica, como por sus ex compañeros de equipo en Portugal, quienes, mediante
acceso a plataformas digitales, conocieron las notas periodísticas. 21. El actor se vio obligado a
rendir explicaciones a periodistas, personas allegadas, amigos y excompañeros de trabajo,
desmintiendo las afirmaciones denigrantes que, sobre él, realizaron los demandados. 22. Como
consecuencia de los hechos de esta demanda el actor experimentó –condición que se mantiene
en la actualidad- sensaciones negativas de malestar emocional, enojo, tristeza y angustia. La
irrupción de las afirmaciones falsas de los actores en el medio e (sic) el cual se desenvuelve el
actor personal y profesionalmente, implicó para señor RUIZ GONZÁLEZ una lesión a su buen
nombre y reputación. 23. El actor CELSO BORGES MORA también experimentó
cuestionamientos y emplazamientos por parte de personas allegadas, amigos y compañeros. A
nivel nacional, el actor, tuvo que hacer frente a las dudas de la prensa, personas allegadas y
amigos que, como consecuencia de las afirmaciones realizadas por los demandados, se dirigían
a él con el fin de que explicara y justificara su posición. A nivel internacional, los amigos y ex
compañeros de trabajo del actor, ubicados en Portugal, conocieron de las afirmaciones de los
demandados y cuestionaron al señor BORGES MORA sobre el contenido de las referidas
entrevistas. 24. Los hechos demandados implicó para el actor BORGES MORA que emergieran
en su ánimo sensaciones negativas de angustia, estrés, enojo y desasosiego ante las
afirmaciones falsas y denigrantes de su persona divulgadas por los demandados. 25. El actor
KEYLOR NAVAS GAMBOA, se vio en la necesidad de rendir explicaciones y descargas ante
personas allegadas, amigos y compañeros de equipo. Por la gravedad de las afirmaciones
realizadas por los demandados, muchas personas se acercaron al actor con preocupación y la
finalidad de conocer su posición al respecto. Así, el actor tuvo que desmentir ante amigos y
familiares el dicho de los demandados. A nivel profesional, la dirigencia del club en el que labora
el actor, conoció el contenido de las entrevistas y las afirmaciones de los demandados. Los
compañeros del equipo del actor, también tuvieron conocimiento y el señor NAVAS GAMBOA se
vio obligado a explicarles esos comentarios son falsos. Medios de comunicación deportiva de
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España publicaron la noticia, aludiendo claramente a la supuesta participación del actor en los
hechos que los demandados falsamente le atribuyeron. 26. Todo lo anterior desembocó en que
el actor experimentara una serie de sensaciones negativas en su ánimo, como dolor,
incertidumbre, estrés, angustia y enojo” (relación de hechos visible a folios 3 al 10 del legajo
de acción civil resarcitoria). De la lectura de la anterior plataforma fáctica como de la
demanda en sí, salta a la vista que la parte articuló una estrategia procesal, en el que las
acciones de los demandados partían de una base intencional, haciendo afirmaciones
falsas sobre los actores civiles, para afectar su reputación personal y profesional,
atribuyéndoles de forma malintencionada una falta de corrección ética, moral y
profesional, como líderes de la Selección Nacional que estaban dispuestos a perder
partidos de fútbol, con tal de imponer su voluntad de que el director técnico fuera
sustituido, buscando deslegitimar su credibilidad ante el público y frente a sus
compañeros. Sustentaron su acción en los artículos 103 del Código Penal, 122 y
siguientes de las reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941,
22, 59 y 1045 del Código Civil, 29 y 41 de la Constitución Política y el 11 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiriendo la indemnización integral
y solidaria del daño moral, emergente y material causado a cada uno de los actores, más
sus intereses, además de las costas de la acción. Ahora bien, en sentencia, luego de
celebrado el debate oral y público el tribunal tuvo por demostrado los siguientes hechos:
“1- Los querellantes son jugadores profesionales de fútbol. Forman parte de la Selección
Nacional Masculina de Fútbol de Costa Rica. 2- Todos los querellantes participaron en la
integración de la Selección de Costa en el Mundial de Fútbol de Costa Rica. 3- En el año 2014 y
para el momento en que se realizó el mundial de fútbol masculino de ese año, el querellado
ADRIÁN GUTIÉRREZ ARGUEDAS era el presidente de la Comisión de Selecciones de la
Federación Costarricense de Fútbol. 4- El querellado Juan Carlos Román Hernández es miembro
del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Futbol. 5- El día 31 de octubre de 2018,
el querellado Adrián Gutiérrez Arguedas, participó en una entrevista en el programa denominado
"120 minutos" transmitido por Radioemisora Monumental y los canales 2 y 11 de la televisión
nacional. Además, tiene plataformas digitales en las redes sociales de Facebook y Twitter. 6- En
la citada entrevista, el querellado Adrián Gutiérrez Arguedas afirmó: "Todos saben que donde
llega Pinto hay polémica (...) Durante la concentración en Costa Rica hubo problemas que
solucionar...Brasil 2014 fue contundente, fue difícil la situación interna, que después se revelaron
algunas cosas, algunas se pueden revelar en este programa, algunas por ética no se puede (...)
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 38
Los jugadores al día siguiente de regresar a Costa Rica, Celso, Bryan y Keylor se reunieron con
Eduardo y con Rodolfo, yo no pude asistir a esa reunión, tenía ya que trabajar y dijeron, según
me narraron ellos, nosotros con Pinto no vamos, si ustedes lo ponen somos capaces de perder
uno, dos, tres, cuatro o cinco, los partidos que sean con tal de que lo quiten (...) Cunado
llegamos a esa reunión con Jorge Luis, ni habíamos comenzado nosotros a hablar cuando Jorge
Luis se disparó (...) Entonces Eduardo le dijo la situación que existía con los jugadores, que los
jugadores no querían (...) Esas situaciones fueron las que se dieron finalmente para que Jorge
Luis no continuara (...) Esto se me salió de las manos porque yo no estuve en la reunión y no
puede ser tajante en decir bueno, esto es, probablemente mi reacción tal vez hubiera sido
diferente, yo no hubiera aguantado que me dijeron una cosa de esas sin embargo, se aguantó y
cuatro años después ahí están los resultados de las cosas (...) La reacción que tuvieron
posteriormente los emisarios, porque estos tres jugadores eran los emisarios del resto" 7-
Ninguno de los querellantes dijo lo que GUTIÉRREZ ARGUEDAS afirmó el 31 de octubre de
2018 en el programa 120 minutos, difundido en la televisión y radio nacional. 8- Las afirmaciones
del querellado GUTIÉRREZ ARGUEDAS lesionaron la credibilidad y el buen nombre de los
querellantes frente a sus colegas, compañeros de Selección. Los querellantes son y eran para el
momento en que se celebró la reunión referida por GUTIÉRREZ ARGUEDAS, los capitanes de la
Selección. Al afirmar falsamente, que los querellantes mostraron en dicha reunión una conducta
cuestionable ética y deportivamente, ejerciendo la representación del grupo, se deslegitimó a los
querellantes como líderes íntegros, frente al público y frente a los restantes miembros que
integran la Selección Nacional Masculina de Fútbol. 9- El día 01 de noviembre de 2018, el
querellado JUAN CARLOS ROMAN HERNÁNDEZ afirmó: " Cuando vinimos de Brasil, al
segundo día señor Eduardo Li me dijo Juan Carlos necesitamos reunir a los jugadores y varios
del Comité Ejecutivo (...) A eso de las 10 de la mañana 10:30 am, fueron llegando los tres
famosos jugadores, don Eduardo Li, don Rodolfo Villalobos, inició en la siguiente reunión del
Comité Ejecutivo don Eduardo Li llegó a externarlo que se había comentado en esa famosa
reunión y más o menos ver un poco lo del caso de don Jorge Luis Pinto, en esa reunión cuando
don Eduardo empieza a dar el informe externa el criterio (...) básicamente que los jugadores
habían indicado que dentro de las negociaciones que se estaban haciendo que sin don Jorge
Luis seguía ellos seguían jugando pero perderían partidos, así lo dijo don Eduardo Li (...) Yo fui
de los que levanté la voz y le dije a don Eduardo que este precedente es muy malo para el fútbol
de Costa Rica (...) Yo me enojé bastante porque me parece que eso es algo que uno no debe
permitir (...).Los que pudimos opinar, opinamos(...)en ese momento y o sí recuerdo muy bien las
palabras mías porque me ofusqué bastante oír que los jugadores dijeron ese tipo de cosas,
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 39
sobre todo que a veces pasan otro tipo de cosas con los jugadores también, que no es lo que
uno espera de una Selección Nacional o de los jugadores que los tienen como ídolos" 10-. Las
afirmaciones realizadas por el querellado JUAN CARLOS ROMÁN HERNÁNDEZ el día 01 de
noviembre de 2018, son falsas y lesionan el buen nombre y la reputación personal y profesional
de los querellantes. Ninguno de los querellantes dijo lo que ROMÁN HERNÁNDEZ afirmó el 01
de noviembre de 2018 en el programa Oro y Grana difundido en la televisión y radio nacional. 11-
El querellado ROMÁN HERNÁNDEZ, procedió a afirmar, en un medio de comunicación masiva,
que los querellantes estaban dispuestos a perder partidos de fútbol en los participan de forma
profesional, con tal de imponer su voluntad de que el Director Técnico fuera sustituido. 12- JUAN
CARLOS ROMÁN HERNÁNDEZ, a sabiendas de que el programa Oro y Grana de Radioemisora
Monumental es de alcance nacional y de que miles de personas lo escuchan y ven a diario,
decidió realizar en dicho programa afirmaciones sobre los querellantes, idóneas para afectar su
reputación personal y profesional. Al afirmar, falsamente que los querellantes estaban dispuestos
a perder partidos, el querellante transmitió al público general una imagen distorsionada de la
persona de los querellantes: los proyectó, malintencionadamente como personas desprovistas de
corrección ética, moral y profesional y además como líderes prepotentes ajenos a la
responsabilidad que los vincula con el equipo, como un todo. 13- Las afirmaciones de ambos
querellados fueron ampliamente difundidas por la prensa deportiva nacional e internacional. Las
entrevistas de ambos se conocieron tanto en Costa Rica, como en España, Turquía y Brasil,
donde los querellantes se encuentran laborando actualmente. 14- En fecha 26 de marzo de
2019, se interpuso acción civil, contra los señores Adrián Gutiérrez Arguedas y Juan Carlos
Román Hernández. 15- Producto de los anteriores hechos se causó daño moral a los ofendidos
KEYLOR NAVAS GAMBOA, BRYAN RUIZ GONZÁLEZ, CELSO BORGES MORA.” (folios 599
vuelto al 601 frente del legajo principal). De forma expresa el tribunal no tuvo por
acreditado en la anterior plataforma fáctica que las acciones del demandado Gutiérrez
Arguedas proyectó “malintencionadamente […] como personas desprovistas de corrección
ética, moral y profesional y además, como líderes prepotentes ajenos a la responsabilidad que
los vincula con el equipo, como un todo” y que de forma dolosa pretendió “inducir en el público
la convicción de que existió una relación causa-efecto, entre la conducta de los actores y la
decisión de la Federación Costarricense de Futbol de no continuar el vínculo contractual con el
señor Jorge Luis Pinto Afanador.”; limitándose a tener por corroboradas las frases
esgrimidas en el programa radial 120 Minutos, que las mismas no fueron dichas por los
querellantes y lesionaron su credibilidad y buen nombre, al deslegitimarlos frente al
público y frente a los demás compañeros de equipo. Únicamente en el caso del
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demandado Román Hernández, los jueces sí acreditaron que efectuó los comentarios
malintencionadamente, atribuyéndole una intencionalidad a su acción. Como punto de
partida debe precisarse que los jueces no excluyeron el análisis de la responsabilidad
civil, porque aún y cuando consideraron que se configuró un error de prohibición
indirecto, los hechos eran típicos y antijurídicos pero no culpables, surgiendo el injusto
penal. Existe algún grado de contradicción en la fundamentación de la sentencia, ya que
al justificarse el fundamento jurídico para el resarcimiento del daño, los jueces señalaron
que “la obligación del pago de cualquier daño causado en el caso concreto como proveniente
(sic) de un delito” (folio 637 frente del legajo principal, el subrayado ha sido suplido) que
reitera así: “los tribunales penales están facultados para conceder el reclamo civil ejercido en su
sede en el tanto haya un derecho legítimo nacido, en lo que interesa, de la comisión de un hecho
delictivo, y que el mismo haya provocado un menoscabo en el ámbito patrimonial, tal y como se
desglosa y detalla en este acápite.” (folio 639 vuelto al 640 frente del legajo principal, el
subrayado ha sido suplido), lo cual resulta jurídicamente incompatible con las premisas
plasmadas en el resto del fallo. La anterior referencia puede obedecer a un descuido en
la redacción o bien un error material, producto de la utilización de un machote, porque
del estudio de la sentencia como unidad lógica resulta claro que los jueces partieron de
la tesis de que no se demostró la existencia de un delito, entendido como una acción
típica, antijurídica y culpable, señalando lo que sigue: “Varios de los peldaños de la teoría
del delito se cumplieron con la conducta desplegada por los querellados, es decir sus acciones
resultan típicas y antijurídicas, pero el último peldaño, que se refiere a la culpabilidad y que
implica un reproche o sanción penal, no se cumplió, esto por lo que anteriormente se explicó, al
estar en presencia de un error de prohibición indirecto. Ahora, si bien no se cumple con el último
estadio de la teoría del delito que es la culpabilidad, esto se conecta con la parte civil porque, es
más que suficiente, las manifestaciones vertidas por los querellados para estimar que las mismas
provocaron un daño civil a los querellantes afectándoles su honor. No hay culpabilidad porque
ellos pensaron que estaban amparados en una autorización del ordenamiento jurídico de decir lo
que creyeron era verdad. Sin embargo, las manifestaciones sí causaron un daño de acuerdo a
los artículos 1045 y 59 del Código Civil donde se establece que las personas tienen derecho a
ser indemnizadas por daños ocasionados a los derechos de la personalidad.” (folio 640 vuelto
al 641 frente del legajo principal). El mismo ejercicio de análisis de la sentencia como
una unidad lógica, permitió concluir que los jueces estimaron que las acciones de los
demandados fueron intencionales y se deduce del siguiente extracto: “En el caso concreto
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 41
los actores civiles han manifestado que con la intervención dolosa de ADRIÁN GUTI ÉRREZ
ARGUEDAS Y JUAN CARLOS ROMÁN HERNÁNDEZ los ofendidos sufrieron daños en su
credibilidad y buen nombre, lesionando su reputación personal y profesional.” (folio 640 vuelto
del legajo principal, el subrayado ha sido suplido). Lo anterior resulta congruente con los
hechos de la demanda civil, teniéndose un criterio de imputación doloso, por lo que no
existe vicio de incongruencia como tal. Lo que sí se detecta es un problema de
contradicción en los fundamentos de la exposición de la condena civil, porque los jueces
aludieron a que el sustento de la responsabilidad civil se fundó en la culpa y
expresamente señalaron lo que sigue: “Ubicándonos en el caso en concreto se logró
constatar y colegir que ambos querellados tienen amplia trayectoria como dirigentes deportivos,
son conocedores ámbito futbol y por esa razón podían anticipar el efecto de sus declaraciones
sobre la honra de los jugadores. Ello por cuanto una persona diligente analiza si lo que va a decir
puede dañar los derechos de otro, tomando como parámetro que pese que todos tenemos
libertad de expresión hay un contrapeso que es la dignidad humana, la cual se erige como un
límite a cualquier manifestación desmedida. El otro el aspecto valorado es que una persona
razonable se abstiene de divulgar información dañina de otras personas que ha recibido
privadamente, por cuanto quien reproduce lo que alguien le confiesa hace suya esa afirmación y
lógicamente debe responder de los daños que cause. En el caso de don Adrián, éste fue invitado
en su condición de ex dirigente deportivo, a un programa radial ampliamente difundido, en el
cual, fue sentado en un podio de autoridad y ciertamente se presenta como poseedor de una
información no revelada que según el convenía develar para que el público la conociera y no
expresa duda sobre la calidad de sus fuentes de información, por lo que no podía dejar de
anticipar las reacciones negativas que sus comentarios iban a generar. Se ha sugerido que los
futbolistas profesionales, están expuestos al escrutinio público, más ello no implica una renuncia
a sus derechos fundamentales, dado que la libertad expresión, tiene un límite, no es absoluto, y
quien lo ejerza será responsable de los abusos que comenta en el ejercicio de ese derecho, así
las cosas, ante una retransmisión de la información dañina, dice lo que dijo Li quien repite hace
suya la información y si con ella hace daño debe repararlo junto a los perjuicios.” (folio 641
frente y vuelto del legajo principal). Es decir, el tribunal consideró que el criterio de
imputación fue uno de culpa, analizando las acciones que una persona diligente y
razonable no habrían efectuado. En ese abordaje tomaron en cuenta que ambos
demandados tenían una amplia trayectoria en la dirigencia deportiva, conocedores del
ámbito futbolístico y podían anticipar el efecto de sus declaraciones y, cuestionaron la
falta de diligencia, donde se debió analizar si las afirmaciones podían dañar los derechos
de otros y, además, asumieron el criterio de que, una persona razonable se abstiene de
divulgar información dañina, que recibió en forma privada y versa sobre otras personas.
Resulta contradictorio ese abordaje cuando más adelante el tribunal estipuló que las
acciones ejecutadas fueron bajo un criterio de imputación doloso y ello se colige del
siguiente extracto: “lo que aquí interesa es que el hecho de que no haya una declaratoria de
culpabilidad, no obsta que si se haya generado un daño y que la ley establece la obligación de
indemnizar por la existencia de otra fuente normativa distinta del delito. Ignorar esto sería
desconocer el derecho que tiene toda persona a que se le permita defenderse antes de soportar
una consecuencia lesiva sobre su honor. Si se repasa el contenido de la demanda de acción civil
resarcitoria, se tiene claro que se apoyó en la conducta dolosa de los querellados, de afirmar en
un medio de comunicación colectiva que los querellantes estaban dispuestos a perder partidos
de futbol con tal de que no se le diera continuidad del entrenador de la Selección Nacional.” (folio
642 vuelto al 643 frente del legajo principal). Toda sentencia debe contener una
motivación clara y precisa, pero es básico que sea coherente en sí misma, no siendo
posible que el tribunal vacile en la exposición de la condena civil sobre cuál es la base
del criterio de imputación, si es uno doloso o bien, uno culposo, porque ello lesiona los
derechos de la parte, que tiene que tener total certidumbre de cuál fue el criterio
imperante en la toma de la decisión. Analizando los alegatos del recurrente Román
Hernández, lleva razón en cuanto reprocha que el tribunal solamente analizó el accionar
del demandado Gutiérrez Arguedas al presentarse a un programa radial, echándose de
menos el abordaje individual de su conducta. Esta cámara de apelación considera que el
tribunal cometió un yerro al analizar las acciones de ambos demandados como si se
tratara del mismo evento, siendo ello incorrecto. Véase que, a Gutiérrez Arguedas se le
demandó por las declaraciones que brindó en el programa 120 Minutos, el día 31 de
octubre del 2018; mientras que a Román Hernández se le inició una acción legal por su
participación en el programa Oro y Grana, el día 1 de noviembre del 2018. Los
demandados no fueron ni participaron juntos en ambos medios informativos, no
habiéndose demandado que entre ellos medió un acuerdo de voluntades o un plan para
desprestigiar a los actores civiles; de modo que, sus acciones deben ser analizadas en
forma individual y separada, por ser acciones jurídicas diversas entre sí. Ese abordaje
que hizo el tribunal repercutió en que se les condenara a ambos demandados al pago de
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 43
la misma suma de dinero, tres millones de colones para cada uno de los tres actores
civiles, para un monto total de nueve millones de colones, más el pago de los honorarios
de abogado, que se fijaron en la suma de un millón ochocientos mil colones. Existe un
defecto en la decisión tomada porque le impuso a los demandados el pago solidario de
ese extremo, el cual se desprende únicamente de la lectura de la parte dispositiva,
indicándose lo que sigue: “Se les condena al pago del daño moral ocasionado, el cual se fija
en la suma de TRES MILLONES DE COLONES para cada uno de los actores para un total de
NUEVE MILLONES DE COLONES, que deberán cancelar de manera solidaria, así como los
honorarios de abogado correspondientes a la acción civil resarcitoria los cuales se fijan en la
suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL COLONES. Al monto total por indemnizar deberán
indexarse los intereses que corren a partir del día de la firmeza del fallo y hasta su oportuna
cancelación.” (folio 644 del legajo principal, el subrayado ha sido suplido). El tribunal tan
solo refirió que, al haber constatado la relación causal entre la acción dañosa y el
resultado lesivo, porque fueron las manifestaciones vertidas por los querellados las que
causaron un daño moral se generaba “una concausalidad de conformidad al numeral 1046
del Código Civil, puesto que son dos personas que lo generan de manera solidaria.” (folio 642
vuelto del legajo principal), pudiéndose además apreciar que, en cuanto a la normativa
hicieron la siguiente cita: “el artículo 103 de nuestro actual Código Penal establece los efectos
del hecho punible consistentes en la restitución, reparación, así como la indemnización y el
comiso indicando que Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será
determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenar á: 1) La restitución de las cosas o en su
defecto el pago del respectivo valor; y el artículo 106 del mismo cuerpo normativo establece los
responsables solidarios al pago de los daños y perjuicios: Es solidaria la acción de los partícipes
de un hecho punible, en cuanto a la reparación civil. Están igualmente obligados solidariamente
con los autores del hecho punible, al pago de los daños y perjuicios: 2) Las personas jurídicas
cuyos gerentes, administradores o personeros legales, resulten responsables de los hechos
punibles. Además el artículo 136 del Código Penal señala que El que por título lucrativo
participare de los efectos de un hecho punible, aunque éste no le sea imputable penalmente
estará obligado a reparar el daño hasta la cuantía en que hubiere participado.” (folio 637 vuelto
del legajo principal). Llevan razón los recurrentes en sus reclamos porque, estando ante
dos acciones separadas e independientes entre sí que se les endilgan a los
demandados, ocurridas en días y hasta programas distintos, en el que comparecieron en
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 44
forma individual, el tribunal debió explicar la razón por la cual consideró que, entre
ambos demandados civiles surgió una solidaridad, que los obligaba a enfrentar en forma
conjunta el pago del daño moral. Véase al efecto que el Código Civil estipula en el
artículo 638 que la solidaridad entre deudores sólo resulta de pacto expreso o de
disposición de un testamento o de la ley y, el ordinal 1046 lo que estipula es que “La
obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados con un delito o cuasi-delito, pesa
solidariamente sobre todos los que han participado en el delito o cuasi-delito, sea como autores o
cómplices y sobre sus herederos.” (el subrayado ha sido suplido). Esta situación cobra
especial vigencia desde que, Gutiérrez Arguedas y Román Hernández no fueron
demandados como coautores ni partícipes en sentido estricto, sino la imputación les
atribuyó a cada uno acciones independientes entre sí, de modo que los demandados no
se deben dividir entre sí la deuda por partes iguales –numeral 649 del Código Civilporque
aunque se trate de las mismas aseveraciones que se consideraron difamatorias,
no existe entre ellos nexo de participación alguno que permita darles un tratamiento de
solidaridad, en los términos previstos en el numeral 106 del Código Penal ni en las
normas civiles antes reseñadas. Asimismo, existe otro defecto en la decisión del extremo
civil porque el tribunal no fundamentó debidamente la cuantificación del daño moral, el
cual fijó en la suma de tres millones para cada uno de los actores, extremo sobre el cual
se indicó únicamente lo que sigue: “Para la fijación de este rubro, el tribunal ha valorado lo
narrado y experimentado por las víctimas tal cual se explicó líneas atrás. Por esos motivos, con
fundamento en los ordinales 123 y siguientes del Código Penal de 1941 aún vigentes, se fija el
daño moral en la suma de TRES MILLONES DE COLONES.” (folio 643 vuelto del legajo
principal). La única referencia que se existe en el fallo sobre la afectación de cada actor
fue la siguiente: “En el caso del señor Navas Gamboa este externó Ha sido complicado porque
durante el tiempo que eso pasó fue una situación complicada para mí y mi familia, se afectaron
sobre mi estado de ánimo y preocupaciones y era muy complicado emocionalmente tener que
estar explicándole a las personas que me preguntaban qué estaba pasando y tener que estar
defendiendo mi integridad y honestidad ante michas (sic) personas. Fue muy desgastante. Estas
declaraciones fueron difundidas, en varios países, fue alrededor del mundo. Tuve que dar
explicaciones en el Real Madrid, me hicieron preguntas sobre que sucedía tanto a compañeros
como miembros del club, gracias Dios me conocen saben qué tipo de persona soylo cual, fue
ratificado por su esposa la señora Andrea Salas Bermúdez ... Esa depresión no fue
diagnosticada lo dije por los estados de ánimo en que suelo ver a mi esposo día a día, viene
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 45
contento a casa disfruta con su familia, no nos hablaba, estaba distante, triste, tuvo un tipo de
depresión, no fue depresión porque nadie lo diagnosticó, esto duró bastante, aun así todavía le
sigue afectando que haya lastimado su dignidad como persona. Cuando sale el tema le cambia
un poquito la cara, hubiera preferido mil veces que no se diera esta situación.. Por su parte Bryan
Ruiz González indicó Esta afirmación juega con una reputación que hemos ganado por años,
fuimos atacados, hemos dejado el nombre de Costa Rica en alto, todos los presentes acá tienen
prueba de ello, los valores no se discuten, tenemos valores que Dios y nuestra familia nos han
inculcado, fue muy triste y frustrante no solo en la parte futbolística sino humana, ver menajes en
twitter que nos decían que nos vayamos de la selección que hacíamos daño, fue muy doloroso
para nosotros. En redes sociales, hay gente que quiere hacer daño, cuando pasó eso se dieron
muchos mensajes mi esposa lo sabe, muchas ofensas, me costó mucho, a nivel futbolístico, no
me dejaba concentrarme por pensar en esoafirmaciones que fueron contestes con lo referido por
su esposa Carolina Jaikel lo sentí angustiado, y la manera en que Bryan reacciona cuando algo
lo afecta es que se aísla de la familia él es un papá muy presente, cuando comíamos se
levantaba de la mesa, todo el tiempo con el celular, reunido con ellos, mucho tiempo en redes
sociales, él nunca las ve, después preocupado por los familiares los abuelos no tienen manejo de
lo que se lee ahí, preocupados porque los abuelos estaban angustiados, y después aislado
callado, pensativo y bastante ansioso con la redes sociales, el nunca lee nada, eran muchos los
mensajes, la gente insultando. Bryan dio explicaciones privadas muchísimas a la familia, a mi
familia, abuelos, amigos que escribieron de Portugal, ex compa ñeros, compañeros de Santos, la
noticia se propagó muy rápido, saben que a Bryan le afecta su integridad..Por su parte Celso
Borges Mora refirió: Me sentí dolido, triste, hasta me sentí molesto, porque son cosas gravísimas
que se dicen nosotros intentando llevar siempre una carrera lo más nítida y pegada a los valores
esenciales para un bien manejo de la vida, este tipo de cosas llega a ensuciar un nombre y una
imagen que nos hemos esforzado de mantener lo mejor posible cosas que se inventan y so falsa
no lo vamos a permitir por eso estamos acá. Cada vez que se menciona el tema o lo sacan a
relucir en una conversación con quien sea, son cosas que me duelen, y me afectan porque
somos seres humanos al final como futbolistas tenemos que aguantar bastantes cosas eso viene
con la profesión pero ya a aceptar cosas que no son verdad eso le genera a uno molestia y la
verdadero muy triste. Esto es de las cosas perores que se le pueden tachar a uno en su
profesión, son hechos gravísimos que va en contra de toda la integridad y sentimiento de
competencia que existen en muestra profesión y que ensucia una reputación que arduamente
nos henos (sic) ganado para ser capitanes de una selección y en nuestros equipos.” (folios 641
vuelto al 642 vuelto del legajo principal). La anterior referencia era la básica y esperable
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 46
que debía proporcionar el tribunal para justificar la existencia del daño moral sufrido por
cada actor civil, pero no permite saber cuál fue la razón que se tuvo para fijar el monto
en ese extremo y no, en una suma diversa, denotándose que su concesión carece de la
necesaria fundamentación. Se ha tomado en cuenta que siendo actores distintos, con un
perfil profesional disímil entre ellos y que cada uno cuenta con condiciones particulares
diversas, resultaba imprescindible que la determinación de la extensión del daño moral
se analizara en forma independiente para cada uno y no hacerlo de una forma global. El
anterior defecto cubre la fijación que se hizo de las costas, las cuales se definen a partir
del monto de la indemnización, por lo cual corresponde anular la fijación que se hizo de
las mismas. Debe llamarse a la atención que, de acuerdo con el contenido de las actas
del debate, en conclusiones, la parte actora requirió el pago de la suma de treinta
millones para cada uno de los actores civiles por concepto de daño moral, más cinco
millones para cada uno de ellos por el daño emergente, más las costas procesales y los
intereses sobre las citadas partidas, denotándose la absoluta omisión del tribunal de
pronunciarse acerca de las razones por las cuales no acogió la suma pretendida por
daño moral, como el daño emergente, extremos que, valga hacer ver, la parte actora no
recurrió y por ende se conformó con lo resuelto. No motivaron los jueces tampoco el
sustento normativo para otorgar intereses indexados sobre las sumas pactadas, siendo
ese un aspecto que únicamente está contenido en la parte dispositiva, no así en el
desarrollo del fallo. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 142, 184 y 363
inciso c) del Código Procesal Penal, toda sentencia debe contener una fundamentación
clara y precisa, en la cual se brinden los razonamientos de hecho y de derecho en los
que se basó el Tribunal para emitir una decisión determinada. Los defectos apuntados
en la decisión de los extremos civiles, por vicios de fundamentación insuficiente como
contradictoria, obligan a disponer la nulidad parcial del fallo en lo civil, ordenándose el
juicio de reenvío para que, con una nueva integración se resuelva lo que corresponda en
derecho, únicamente en relación a los extremos civiles.
V.- Recursos de apelación presentados por los querellados y demandados
civiles Juan Carlos Román Hernández y Adrián Gutiérrez Arguedas, en su defensa
material. Como tercer motivo alegan ausencia de valoración del ejercicio legítimo de un
derecho como causa de justificación, su impacto como eximente de responsabilidad civil
y la consecuente violación de los parámetros de convencionalidad aplicables a los delitos
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 47
contra el honor. Señalan que, como demandados actuaron en ejercicio de la libertad de
expresión, derecho humano protegido por el artículo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, estando su actuación justificada a nivel penal como civil y, por
ende nada se les puede reprochar. Luego de recordar la obligación de los jueces de
aplicar el control de convencionalidad, citando el voto 2020-33 de la Sala Tercera,
indican que la Corte IDH ha fijado estándares para el régimen de responsabilidad civil y
penal en los casos de los delitos contra el honor, que en la sentencia fueron
inobservados y detallan: i) las consecuencias civiles derivadas de la expresión de
informaciones y opiniones deben justificarse a la luz de los principio de necesidad y
proporcionalidad, debiendo considerar que la medida vaya dirigida a la satisfacción de un
interés público imperativo, que sea suficiente para limitar la libertad de expresión y no
haya medios menos restrictivos para lograr su objetivo, citando al efecto un extracto del
caso Mémoli Vs Argentina de la citada Corte, sentencia del 22 de agosto del 2013, como
del caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica. Para evaluar esa necesidad y proporcionalidad de
la medida civil el tribunal debió valorar las manifestaciones, el tema del que tratan, la
forma de hacerlas, el contexto en que se dan y las características del supuesto daño. El
análisis del caso concreto a la luz del principio de proporcionalidad es requisito sine que
non para resolver la colisión de derechos, entre la honra y la libertad de expresión, lo que
no hizo el tribunal, tratándose de cuestiones que se consideran de interés público. La
jurisprudencia interamericana ha interpretado que las personas que efectúan actividades
de interés público deben tener un mayor margen de tolerancia a las manifestaciones de
otras personas, para permitir la discusión pública, que se mide por la actividad del sujeto
y no por su posición o calidades particulares, en otras palabras, el interés público
trasciende la función pública o cualquier afiliación del sujeto y se afinca en las
actividades desplegadas por este. La Corte IDH ha considerado que la afirmación de
hechos se encuentra amparada por la libertad de expresión tutelada en el artículo 13 de
la Convención Americana, siendo de capital importancia para concluir si una
manifestación de hechos amerita la imposición de responsabilidades ulteriores, sea civil
o penal, considerándose en el caso Tristán Donoso vs Panamá que el convencimiento
del sujeto sobre el fundamento de sus manifestaciones –y no la verdad objetiva de estases
relevante para determinar si se ejerció legítimamente la libertad de expresión e incidir
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 48
en una responsabilidad civil. Por otra parte, indican que la jurisprudencia nacional ha
establecido que el ejercicio legítimo de un derecho es una causal de justificación que
exime al agente de la responsabilidad penal como civil, voto 2019-870 de la Sala Tercera
de la Corte Suprema de Justicia. En el caso en concreto el tribunal omitió todo esfuerzo
para ponderar la necesidad y proporcionalidad de la condena civil en relación con la
manifestación de los demandados civiles, nada abordan sobre la imperiosa necesidad
social de declarar la responsabilidad de una persona que emite una manifestación sobre
un tema de interés público, absolutamente convencida de su veracidad y empleando un
lenguaje mesurado, pasando por alto cualquier referencia a la trascendencia del error
invencible sobre las causas de justificación sobre la responsabilidad civil, con lo que se
equipara la acción cometida por error con la acción dirigida de ofender. No se dice
porqué está justificado restringir mediante una condena pecuniaria la libertad de
expresión, bajo una honesta y total convicción, ni mucho menos aborda el porqué la
medida pecuniaria es el instrumento más adecuado y menos intenso desde el punto de
vista de la restricción a los derechos fundamentales, cuestionando si no era posible a
través de un derecho de respuesta o rectificación, que si bien los actores no la
requirieron y no podían ser otorgadas –principio dispositivo y de congruencia- eran
opciones posibles y que debieron ponderarse los jueces. Partiendo del reconocimiento
de un interés público de un tema que atañe a la Selección Nacional Masculina de Fútbol,
cuestionan que no se profundizara en el umbral diferenciado de tolerancia. La referencia
del tribunal de que al ser figuras públicas no les exime de ser víctimas de lesiones a su
honra, cometen el error de centrarse en un aspecto subjetivo –calidades de los
querellantes- dejando de lado un punto de vista objetivo, la naturaleza de las
manifestaciones que se calificaron como difamatorias y su trascendencia a la opinión
pública, eludiendo un tema trascendental desde el punto de vista del control de
convencionalidad. Agregan que los jueces no cuestionaron las implicaciones del interés
público para el caso en concreto. Finalizan señalando que el defecto del fallo reside en la
ausencia total de referencia al contenido y particularidades que rodean las
manifestaciones vertidas por el querellado y demandado civil, les achaca una
responsabilidad civil sin profundizar el supuesto desvalor de la acción desplegada y su
necesidad de reproche y reacción. El tribunal debía valorar cuidadosamente el contexto
que rodean las manifestaciones supuestamente difamatorias para considerar si son un
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 49
ejercicio legítimo o un exceso, que de haberlo realizado habría concluido que no existe
responsabilidad alguna por ser el ejercicio de un derecho humano. La culpa por no
haberse abstenido de divulgar información dañina recibida privadamente ignora
deliberadamente el contexto de las manifestaciones, que versan sobre información de
interés público, que se dan en un espacio periodístico, adquirida en espacios y órganos
oficiales de la Federación, indicándose su forma y fuente. Consideran que la decisión es
desproporcionada, atribuyéndole una consecuencia muy gravosa y restrictiva a una
acción ejercida como un derecho humano, que se pudo resolver en un entorno de
diálogo, con argumentos, por un derecho de rectificación o respuesta o una medida
coercitiva distinta de la condena civil millonaria recaída. No puede obligarse a una
persona a abstenerse de divulgar información solo porque cuestiona a un individuo, lo
cual no debe permitirse en temas de interés público, siendo el razonamiento del tribunal
contrario a la Convención Americana, que busca proteger el principio democrático y la
discusión social de temas de trascendencia pública. En su opinión sus manifestaciones
fueron en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y comunicación, de modo que
su condena es un ataque frontal a sus libertades individuales. Como cuarto motivo
reprochan indebida aplicación de las disposiciones que rigen la responsabilidad civil, que
subdivide en los siguientes puntos i) errores puntales de la brevísima justificación de la
culpa: en el derecho civil se requiere que la responsabilidad provenga de la culpa, del
dolo o de una norma que la estipule de forme objetiva, es decir un criterio de imputación.
En un caso de error de prohibición indirecto los precedentes de apelación sostienen que,
de igual forma, la resolución civil requiere que se explicite el criterio de imputación
aplicable al caso. Señalan que, en los hechos bajo revisión el tribunal la asentó en las
supuestas acciones culposas de los demandados, valoración jurídica de una acción que
genera un hecho ilícito, consistente en un reproche a la persona que no actuó conforme
a lo que se considera exigible, un deber ser. Así las cosas, no será civilmente
responsable el demandado que acredita que su conducta se adecuó al modelo deóntico
–deber ser- que le sería exigible a cualquier persona en un contexto similar, análisis que
el tribunal no hizo, sino partió de premisas generales como: a) una persona prudente
valora si lo que va a decir puede dañar a otros, criterio que adolece varios problemas, al
darle un valor absoluto al principio neminem laedere –no dañar a otras personas-,
olvidando que hay excepciones, como las causas de justificación. De seguirse la tesis
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 50
del tribunal toda denuncia pública o inclusive institucionalizada sería objeto de
responsabilidad civil. Omitieron tomar en cuenta el error invencible sobre una causa de
justificación que da sustento a la parte penal, sea la representación psicológica de la
misma para manifestar de forma lícita cuestiones que ordinariamente pueden
considerarse como comprometedoras de la reputación de alguien. No se analizó la forma
en que don Juan Carlos hizo las manifestaciones el 1 de noviembre de 2018 y don
Adrián el 31 de octubre del 2018, lo cual impide que se estimen como desmedidas,
donde incluso dijo que él no estuvo presente en la reunión original, mencionando por qué
recibió la información, en qué contexto, quién era su fuente y la forma en la que se le
indicaron los hechos, sin que exagerara nada de lo informado por los más altos
directivos de la Federación Costarricense de Fútbol, en espacios oficiales. Su actuación
fue mesurada y proporcionada. b) una persona razonable se abstiene de divulgar
información dañina para terceros que adquirió privadamente, y si lo reproduce hace
suyas sus palabras y debe asumir las consecuencias. Consideran que la conclusión
dejó de lado la causa de justificación, que lleva al absurdo de que cualquier noticia,
denuncia o informe es un proceso administrativo o penal hace responsable civil al autor
de la misma, lo cual lesiona los parámetros de convencionalidad. Cada demandado fue
claro en que no estuvieron presentes en la reunión, lo que manifestaron provenía de
fuentes oficiales de la Federación, información de interés público adquirida en el marco
de un contexto y función de esa entidad, que no se recibió privadamente sino como
federativos, miembros de un órgano colegiado. ii) ausencia de fundamentación de la
trascendencia del error en la determinación de la culpa (criterio de atribución de la
responsabilidad civil): alegan que la sentencia presenta un error capital, al no analizar el
contenido del criterio de imputación sobre el que sustenta la condenatoria, haciendo un
examen concreto y suficiente de la culpa civil, exigido en los supuestos de
responsabilidad civil subjetiva del ordinal 1045 del Código Civil. Aunque la absolutoria
penal no acarrea la civil, el tribunal debe fundamentar adecuadamente la existencia de
los presupuestos materiales de la responsabilidad civil. Se juzgaron a ambos
demandados como uno solo y sus acciones idénticas, error insubsanable, y parten de un
actuar culposo, dejando de lado cualquier referencia concreta a los hechos sobre los que
justificó la absolutoria penal, por un error invencible de que las manifestaciones eran
hechos verdaderos. En el fallo se partió de las siguientes premisas: a) Eduardo Li,
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presidente de la Federación Costarricense de Fútbol fue la persona que les dio la
información; b) Rodolfo Villalobos, actual presidente, omitió hacer cualquier afirmación
tendiente a contradecir a Li y guardó silencio para lograr el propósito de no renovar al
entonces entrenador; c) temas que se discutieron en el seno del Comité Ejecutivo, donde
lo ahí discutido fueron las mismas razones que se le comunicaron al entrenador Jorge
Luis Pinto para no renovarlo, todo dentro de un contexto de tensión y desgaste entre los
querellantes y el entrenador. El tribunal apreció tales circunstancias para estimar que
hubo un error en las circunstancias de una causa de justificación de carácter invencible,
que equiparan al error de prohibición que eliminó la culpabilidad de la conducta, pero
mantuvo el injusto incólume, sin analizar la trascendencia de esas mismas condiciones
en la determinación de la culpa civil, que lleva a condenar bajo un deficiente
razonamiento jurídico del criterio de imputación. iii) necesidad de referirse al reproche
específico de cada acción individual: bajo las condiciones del fallo cuestionan cómo
debió haber actuado una persona razonable, diligente y prudente en la misma situación,
si se les debió exigir una conducta distinta y cómo se les puede reprochar una situación
de interés público de la que están convencidos. En su criterio, no se les puede recriminar
nada, no hay culpabilidad. Hay un error invencible, que debió haber orientado la decisión
en lo civil, porque a los demandados actuaron convencidos de que obraron conforme a
derecho, ejerciendo la libertad de expresión en un tema de trascendencia pública.
Reclaman que se debió analizar la convicción, el contexto, la forma y el tema. iv)
incidencia de la graduación de culpa sobre el daño: el tribunal partió de la existencia del
principio de no graduación de la culpa civil, bajo el cual el grado de culpa no afecta la
determinación de la responsabilidad, la jurisprudencia ha reconocido excepciones,
precisamente en hipótesis de daño moral, como la declarada en sentencia. Una
interpretación contraria permite interpretar que, en materia de daño moral, la levedad de
la culpa disminuye la magnitud del daño, debiendo existir una argumentación expresa y
suficiente sobre la relación entre la acción imputada y el daño supuestamente causado.
Recurso de apelación de los licenciados José Luis Campos Vargas y Róger
Guevara Vega, en su condición de codefensores del querellado y demandado civil
Juan Carlos Román Hernández. Como primer motivo alega inaplicación del párrafo
primero del artículo 34 del Código Penal, aplicándose en forma errada el párrafo
segundo. Los recurrentes proceden a hacer un recuento del concepto, alcances y
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 52
diferencia entre el error de tipo –también denominado de hecho, previsto en el ordinal 34
del Código Penal, el cual recae sobre la concurrencia o realización de alguno o de todos
los elementos del tipo penal, en sus elementos descriptivos o normativos, que puede ser
invencible excluyendo la responsabilidad penal- y el de prohibición –llamado de derecho,
previsto en el ordinal 35 del citado cuerpo legal, donde se desconoce el carácter
antijurídico de su actuación o cree que está cubierta por una causa de justificación,
excluyendo el dolo y dejando subsistente la culpa cuando exista el tipo penal-; citando al
efecto doctrina y jurisprudencia nacional –votos 446-F-92, 486-97, 802-2011 y
1301-2020 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia- relacionados al tema.
Alegan que, quien actúa bajo un error de prohibición, lo hace siempre de forma dolosa,
que no es el supuesto del presente caso. De la declaración del querellado Román
Hernández en el juicio se desprende que no tuvo intención de dañar el honor y la
reputación, brindando manifestaciones que estuvieron orientadas a narrar un momento
histórico, basado en dos reuniones del Comité Ejecutivo donde él participó como
miembro, donde se discutió y decidió no renovar al entrenador Jorge Luis Pinto
Afanador, versando sobre lo que Eduardo Li Sánchez les había comunicado, donde
también participó Rodolfo Villalobos y Noel Ibo Campos. Pese a ello, el tribunal
consideró que hubo un error de prohibición indirecto, señalando que, en su criterio, de
existir un error penalmente relevante, es uno invencible y de tipo, siendo la acción
atípica, lo cual repercute en la acción civil, porque no existe delito de difamación culposo.
Al aplicarse en forma errada el derecho de fondo, se dejó subsistente el injusto penal,
dando base a la condena civil. Solicitan se declare la actuación de su patrocinado no
dolosa, por un error de tipo invencible y se le absuelva de toda pena y responsabilidad,
revocando la condena civil para declarar sin lugar la misma en todos sus extremos.
Como segundo motivo acusan errónea interpretación del artículo 149 del Código Penal,
al no aplicarse la prueba de la verdad, al no haberse demostrado que lo indicado por
Eduardo Li Sánchez a los querellados era cierto. Después de transcribir extractos de la
sentencia, alegan que la decisión del tribunal impide la exclusión de la antijuricidad de la
conducta acusada, generando una reparación civil. El querellado no afirmó que lo
manifestado por Li Sánchez -sobre la amenaza de los jugadores de los capitanes de
perder partidos, si continuaba el señor Pinto Afanador como entrenador- era cierto,
tampoco que Li Sánchez se lo comentó a él como algo privado o “un cuento”. La defensa
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 53
alegó que los querellados manifestaron lo que les informaron como federativos y, sobre
esa base se decidió no renovar al entrenador, lo cual acreditó el testigo Eduardo Li, Noel
Ibo Campos, Rodolfo Villalobos y Rafael Vargas, como ambos querellados,
transcribiendo extractos. Alegan que el exigir que los querellados verificaran con grado
de certeza lo manifestado por Eduardo Li es desproporcional, irracional y contrario a las
reglas de la experiencia máxime que, esa información se dio en el seno de un órgano
colegiado y fue recibida en función del cargo, sobre personas sometidas al escrutinio
público, revistiendo la actividad un interés público. El tribunal cometió un error al
confundir verdad objetiva con veracidad, que es la que prevalece desde el punto de vista
penal, porque la verdad objetiva es competencia de las autoridades judiciales o
administrativas; mientras que, la veracidad tiene que ver con la realidad de lo que los
querellados contaron, sin alteración de sus relatos o de lo vivido como miembros de un
órgano colegiado, en la que les informaron y se discutió lo dicho por la fuente, citando el
voto 2005-880 de la Sala Tercera. Señalan que ese antecedente resulta aplicable para
un particular, que fue informado de una situación relacionada con los querellantes, en el
marco de sus actividades como dirigentes futbolísticos, de quien ocupaba el puesto más
alto en la Federación y el Comité Ejecutivo, del que formó parte Juan Carlos Román y
Adrián Gutiérrez como Presidente de la Comisión de Selecciones y delegado de la
Federación ante la organización del Mundial 2014, siendo ese el contexto donde se dio
la información y se discutió. Solicitan se acoja el motivo y que se aplique la prueba o
excepción de verdad, excluyendo la antijuricidad de la conducta, tanto en lo penal como
en lo civil, requiriendo se mantenga la absolutoria penal y se revoque la condena civil,
rechazando en todos los extremos la demanda. Como tercer motivo alegan violación
directa de los artículos 25 y 151 del Código Penal por su inaplicación, que trae aparejada
la exclusión de la antijuricidad. El querellado fue miembro de la Federación
Costarricense de Fútbol para el Mundial 2014 y participó en un medio de comunicación
cuatro años después, luego del Mundial 2018, donde la Selección Nacional tuvo un
desempeño notablemente inferior. Su defendido narró los pormenores de lo acaecido en
dos reuniones del Comité Ejecutivo, que llevó a la no continuación del técnico Jorge Luis
Pinto Afanador, por la información directa que les proporcionó Eduardo Li Sánchez. Los
hechos que divulgó eran de interés público y lo hizo en el marco del artículo 29 de la
Constitución Política y del 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 54
ningún ánimo ofensivo para el honor de los querellantes, tan solo expresó lo que él,
como federativo, le consta se discutió e informó en esas dos reuniones. Su
manifestación no fue más que el ejercicio de su libertad de expresión, que debe
prevalecer por encima de cualquier otra consideración, máxime que se habló de
situaciones de interés público, versando sobre la Selección Nacional, sobre lo que
Eduardo Li les comunicó y decidieron compartir ante la opinión pública, como parte de la
narrativa de una situación histórica, reconociendo el mismo tribunal el interés público.
Reclaman que no abordó ampliamente si el contenido de las frases en el programa Oro y
Grana son de tal entidad para afectar la honra de los querellantes, que transcribió
parcialmente, soslayando otras que se pueden calificar como elogiosas, que se debieron
de ponderar en su contexto. Citan el voto 2016-461 de la Sala Tercera de la Corte
Suprema de Justicia en un caso similar que involucró a directivos de la misma
Federación. Agregan que, los querellantes son figuras destacadas del ámbito futbolístico,
capitanes de la Selección Nacional, que deben estar expuestos al escrutinio público y en
consecuencia aclarar lo que trasciende en relación al cargo que desempeñan. Solicitan
se acoja el motivo y se declare que su representado ejerció un derecho legítimo basado
en su libertad de expresión, lo cual excluye la antijuricidad de su conducta y deja sin
lugar un posible resarcimiento civil. Como cuarto motivo alegan violación directa del
artículo 142 del Código Procesal Penal por falta de fundamentación en cuanto a los
hechos probados para sustentar el fallo condenatorio en cuanto a los aspectos civiles. El
tribunal tuvo por demostrados una serie de hechos que resultan falsos o bien que no
responden al contenido de la prueba recibida en el contradictorio. Señalan que en el
hecho cuarto se tiene a su patrocinado Juan Carlos Román Hernández como miembro
del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol y no es cierto, así lo confirma el dicho de Rafael
Ángel Vargas y Eduardo Li. En el hecho décimo tiene por demostrado que las
afirmaciones del 1 de noviembre del 2018 son falsas y si se analiza el hecho noveno,
pese a los signos de puntación y paréntesis, las manifestaciones no son falsas, ya que él
narró lo que él escuchó y le fue informado en las sesiones del Comité Ejecutivo, lo cual
no puede ser ni es falso, no ajustándose el cuadro fáctico a la realidad. Indican que, si lo
narrado en ese comité fue falso -según la tesis del tribunal- ello no significa que lo que él
vivió, oyó y expresó lo fuere, de modo que el hecho décimo es impreciso y por ende,
falso. No explica el tribunal a que se refirió al indicar que no dijeron lo que Román afirmó,
Exp.: 19-000021-0016-PE(6) - VOTO 2021-1423 - pág.: 55
porque él dijo lo que escuchó en el Comité Ejecutivo, no dijo que los jugadores dijeron lo
que Eduardo Li afirmó, al punto de reiterar que él no estuvo en la reunión y que no los
escuchó. Aluden que hay otro error, porque el programa Oro y Grana no televisivo, sino
radial, que se transmite también en Facebook. Señalan que, el hecho probado undécimo
es falso porque su patrocinado no afirmó que los querellantes estaban dispuestos a
perder partidos de fútbol, con tal de imponer su voluntad de que el técnico fuera
sustituido y, así se deriva del programa de radio, como de su declaración en juicio. En
cuanto al hecho duodécimo alega que es contrario a la verdad, porque su defendido no
hizo tales afirmaciones sobre los querellantes. De lo que él habló fue lo que se discutió e
informó en los dos Comités Ejecutivos, en off, correspondiendo a lo que él manifestó y
expresó como miembro de ese cuerpo colegiado. En relación al hecho probado décimo
tercero la única prueba son las declaraciones de las esposas de los tres jugadores, no
existiendo acervo documental en el expediente, que sería la prueba idónea. Agregan que
las consortes no lograron ubicar el tiempo de las entrevistas ni el medio donde se
vertieron. Finalizan cuestionando que, el hecho décimo quinto no indica ni especifica el
tipo de daño moral de cada actor, ni la afectación individual que tuvieron, sin que se
valorara la magnitud del daño, si es igual para los tres y de serlo, el por qué de la misma
manera. Solicitan se absuelva de responsabilidad civil a su defendido, rechazando la
acción civil resarcitoria. Recurso de apelación de los licenciados José Luis Campos
Vargas y Róger Guevara Vega, en su condición de defensores particulares del
querellado Adrián Gutiérrez Arguedas. Como primer motivo alegan ausencia de
fundamentación fáctica de la sentencia por incumplimiento de la querella, en cuanto a lo
establecido en el artículo 74 inciso c del Código Procesal Penal. La demanda penal no
podía prosperar porque en la misma no se indicaron las condiciones de momento y
lugar, debido a una mala técnica y esa debió ser la razón de la absolutoria de su
defendido. La imputación presenta graves errores, no solo porque se redacta en primera
y tercera persona, sino en el hecho quinto y décimo no se precisó el momento de
ejecución, tan solo se hizo mención a un día –veinticuatro horas- sin puntualizar la hora,
ni el momento de la transmisión, si fue en tiempo real o fue pre grabado, como el lugar
de ejecución, más allá de decir que fue en el programa 120 minutos, sin precisar dónde
se llevó ese evento. Alegan que se usó el verbo “participó”, sin hacer una atribución de
una conducta dolosa o culposa. En el hecho sexto, noveno y trigésimo indican que se
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verificó lo mismo, usándose el verbo “afirmó” sin imputación de una conducta, dolosa o
culposa, si lo hizo con voluntad u omisión. También se mencionaron frases que
supuestamente indicó Gutiérrez Arguedas, entre paréntesis y puntos suspensivos, lo
cual incidió en una descontextualización, transgrediendo el principio de imputación e
intimación. En el hecho octavo se alude que las afirmaciones del querellado lesionaron la
credibilidad y el buen nombre de los querellantes, sin decir el elemento subjetivo, lo cual
se reiteró en el noveno; mientras que, en el undécimo no existe un hilo conductor para
concluir que el medio de comunicación masivo es el programa Oro y Grana, pareciendo
ser un evento diverso y sin conexión con el anterior, sin decir dónde y cuándo se ejecutó.
Alegan que solo en el hecho duodécimo se le imputó una acción dolosa pero no se dijo
cuándo y dónde lo hizo, siendo defectos que no pueden ser subsanados, señalando que
la mala técnica de redacción fue deficiente al punto de que, es al querellante al que se le
atribuye haber transmitido en público una imagen distorsionada de los ofendidos.
Solicitan se mantenga incólume la absolutoria en lo penal, se anule parcialmente la
sentencia solo en relación a la condena civil y se exonere de toda responsabilidad;
subsidiariamente, se ordene el reenvío sobre el extremo civil. Como segundo motivo
acusan ausencia de fundamentación fáctica del fallo, por la inexistencia de una relación
de hechos específica sobre extremos civiles. En el considerando segundo se expuso una
relación de hechos, copia de la querella, que no puede ser el sustento de la condena
civil, porque no se describe cuáles fueron los daños y perjuicios generados, echando de
menos su exposición, de acuerdo con los artículos 109 del Código Penal, 112, 116 y 308
del Código Procesal Penal, 290 inciso 2 del Código Procesal Civil, cambiado al 35.1. Los
actores civiles estaban obligados a presentar una relación fáctica de la acción,
imputando la conducta que generó daños y perjuicios, su dimensión y no que lo fuera la
querella, que tampoco cumplió con los requisitos como se alegó en el motivo anterior.
Debía describirse el criterio de imputación civil –no penal- y la relación de causalidad,
porque no podría concederse una reparación que no hubiera sido invocada. Los defectos
antes apuntados le impidieron al tribunal incluir en los hechos probados los sucesos
identificados como número catorce y quince, que no explican cuál fue el daño causado,
en qué consistió, su magnitud y la relación de causalidad con los eventos de la querella.
Agregan que los futbolistas declararon que lo ocurrido no les generó problemas con los
patrocinios ni con la convocatoria a la selección, al punto que siquiera recordaron el
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programa donde se dieron las entrevistas ni el medio radial, ni la fecha de ocurrencia.
Solicitan se anule parcialmente la sentencia solo en relación a la condena civil y se
exonere de toda responsabilidad; subsidiariamente, se ordene el reenvío sobre el
extremo civil. Como cuarto motivo alegan errónea fundamentación jurídica. Reclaman
que el considerando cuarto de la sentencia el tribunal incumplió con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al no acatar los votos de la Sala
Constitucional y Sala Tercera citados en el tercer motivo, porque la deficiente querella y
demanda civil no tienen una imputación correcta. Los defectos insubsanables tornan
innecesario anular la absolutoria en lo penal, porque en un juicio de reenvío no podría
dictarse una sentencia diversa y los alegatos buscan la nulidad parcial pero de los
extremos civiles. No se motivó la aplicación del ordinal 34 párrafo segundo del Código
Penal en lugar de los efectos del numeral 35, sin decir la razón por la que no aplicó los
efectos del primero. La importancia no es académica o teórica, sino tiene relación con la
necesidad de justificar el porqué se apartó de lo establecido por el legislador, citando el
voto 713-2001 del Tribunal de Casación Penal de San José, debiendo analizarse la
actualidad de ese criterio. Reclaman que tampoco se hizo un abordaje del tipo subjetivo
del delito acusado, siquiera del elemento “para afectar su reputación”, componente
esencial del artículo 146 del Código Penal. Los jueces del mismo modo omitieron
explicar cuál causa de justificación creyeron estar actuando: si fue por cumplir un deber
legal, ejerciendo un legítimo derecho, porque los querellados estaban consintiendo, si se
defendían de una agresión ilegítima o por un estado de necesidad. Alegan que es
incompatible que los querellados actuaran con un dolo común y al mismo tiempo se
dijera que no procedieron con un puro deseo de ofender. Estiman que la sentencia
contiene una serie de yerros frente a la dogmática de la teoría del delito y del error.
Reiteran que en el considerando tercero existen defectos que reiteran, porque tuvieron
incidencia en la motivación jurídica ya que, al decir que no apreciaron un puro deseo de
ofender, pero al mismo tiempo consideraron que la difamación se materializó en su perfil
objetivo y subjetivo, lo cual descarta la difamación y por ende el error de prohibición
indirecto invencible, porque no hay tipicidad; siendo contradictorio que si descartó ese
deseo, a la vez diga que hay un dolo de difamar. El otro reclamo versa sobre el manejo
de la prueba de la verdad, como del fallo Herrera Ulloa -donde un periodista repitió la
noticia que circulaba en otro continente, señalándose que no estaba obligado a
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demostrar la verdad, comprobando que lo publicado en los medios fuera cierto-, aplicado
al caso en concreto significaba que, los querellados no estaban obligados a probar que
los querellantes le dijeron a Eduardo Li que perderían partidos si Pinto Afanador
continuaba como técnico, siendo un tema que formó parte de la discusión y contenido en
dos reuniones del órgano ejecutivo, que tomaron la decisión de no renovar y así lo
informaron al técnico. Solicitan se anule parcialmente la sentencia solo en relación a la
condena civil y se exonere de toda responsabilidad; subsidiariamente, se ordene el
reenvío sobre el extremo civil. Se omite pronunciamiento. Por razones de economía
procesal y dada la forma en que se ha resuelto los alegatos relacionados a los extremos
civiles, se omite pronunciamiento respecto a los anteriores motivos expuestos por los
recurrentes.
POR TANTO:
Se declara con lugar los motivos quinto y sexto del recurso de apelación incoado
por los licenciados José Luis Campos Vargas y Róger Guevara Vega, en su condición de
defensores particulares del querellado Juan Carlos Román Hernández. Se declara con
lugar el tercer y quinto motivo del recurso de apelación incoado por los licenciados José
Luis Campos Vargas y Róger Guevara Vega, en su condición de defensores particulares
del querellado y Adrián Gutiérrez Arguedas. Se declaran con lugar los motivos primero,
segundo, quinto y sexto de los recursos de apelación incoados por los querellados en su
defensa material. En consecuencia, se dispone la nulidad parcial del fallo, ordenándose
el juicio de reenvío para que, con una nueva integración se resuelva lo que corresponda
en derecho, únicamente en relación a los extremos civiles, en los términos de lo indicado
en el considerando tercero y cuarto. Se dispone la nulidad del testimonio de piezas
ordenado en contra de Eduardo Li Sánchez por el delito de falso testimonio. Se omite
pronunciamiento respecto a los anteriores motivos expuestos por los recurrentes. La
absolutoria penal de los querellados Juan Carlos Román Hernández y Adrián Gutiérrez
Arguedas se mantiene incólume. NOTIFÍQUESE.-
Alejandra Valenciano Chinchilla
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Alfredo Araya Vega
Giovanni Mena Artavia
Jueza y jueces de Apelación de Sentencia Penal
Expediente: 19-000021-0016-PE(6)
Querellado: Adrián Gutiérrez Arguedas y otro
Querellante: Bryan Ruíz González y otros
Delito: Difamación