“En guerra avisada no muere soldado” (Adagio)
Es como echar colonia a un chanco, pero al menos se cumple el adagio: “En guerra avisada no muere soldado”. El Presidente de LIFUPLA (Javier Cordero Valverde) perdió los papeles y no recuerda ni uno solo de los Artículos del Estatuto. Tampoco conoce la Ley General de Administración Pública, que explica con detalle todo aquello que trata del uso del dinero público. ¡No importa! Se lo recordaremos.
Es su cadena de despropósitos y a pesar de laborar en un organismo que promociona el turismo (ICT) es muy selectivo. Por ejemplo: si se juega en el Proyecto Goal una jornada del campeonato y hay prensa, ahí está y cortésmente da entrevistas a todos los medios de comunicación (¡para que le vean!); en cambio cuando la jornada se juega en Puntarenas, Limón o Sámara, además de que no hay prensa, el viaje es largo e incómodo, a pesar de su obligación como Presidente de LIFUPLA. ¡Quizás se sacrifique y vaya a Rusia -2018- en la Comisión de Protocolo, a pesar de lo largo y cansado del desplazamiento!
Y para “rizar el rizo”, en esa larga cadena de despropósitos, ahora pretende contratar abogados (sin licitaciones, ni nada) para que “echen al Orión del LIFUPLA”. ¡Salao! qué dirían en el mercado.
Resulta que solo la Asamblea General de clubes tiene potestad para incluir o excluir a un club y además ORION FC está a derecho en sus requisitos (vean Estatuto de Fedefutbol y de LIFUPLA). Pero en el colmo de su afán por figurar, pretende gastarse 13 mil dólares en Auditores (4 años después de estar esperando la Asamblea) Y esto tienen una explicación: 1) No está el Comité Director Autorizado para esta contratación. Son los asambleístas. 2) Para hacer contrataciones hay que respetar lo establecido con respecto a licitaciones y 3) Lo más grave: No está la partida (ni la anterior) en el Presupuesto presentado -del año 2017- al ICODER. Presupuesto que dicho sea de paso (igual que los del 2014,2015 y 2016) ni conocieron, ni aprobaron los clubes.
ADVERTENCIA AL COMITÉ DIRECTOR DE LIFUPLA: Orión F.C. les va a enviar una carta diciéndoles: “si gastan un solo cinco más del dinero de los Clubes –que no es el suyo, porque no son dueños de Lifupla- les denunciaremos al Ministerio Publico”, ya que son dineros públicos. Y también enviaremos cartas al Ministro de Turismo y al Regulador General de la ARESEP (ahí labora la Fiscal de Lifupla) para que sepan que sus empleados desconocen los derechos, obligaciones, responsabilidad civil y penal que tienen con las instituciones en las que laboran o gestionan. O sea, ya saben: “A veces llegan cartas…”
