Estados Unidos prepara sanciones contra Nicaragua como represalia por el arresto de la opositora y candidata presidencial, Cristiana Chamorro, bajo prisión domiciliaria desde el miércoles.
El gobierno del presidente Joe Biden, “definitivamente” planea usar una ley aprobada por el Congreso en el 2018 -conocida como Nica Act- que permite imponer sanciones a funcionarios o exfuncionarios nicaragüenses, dijo a la Voz de América Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
EE. UU. pidió el viernes la inmediata liberación de Chamorro, después de que parte de la comunidad internacional rechazara la detención de la política, quien lidera las encuestas como la favorita para derrotar al presidente Daniel Ortega en los próximos comicios generales programados para noviembre.
González dijo que EE. UU. está en “conversaciones” con gobiernos de Europa y Latinoamérica que ‘comparten la preocupación’ por la situación en Nicaragua, para no “responder de manera unilateral”.
“Lo que está pasando en Nicaragua debe ser preocupante para toda la región (…) ni están fingiendo la democracia”, argumentó el asesor del presidente Joe Biden.
El funcionario agregó que el gobierno nicaragüense ha cerrado la puerta a la negociación y no ha “demostrado interés ni en hablar” con EE. UU.
Tanto la ONU, como la Unión Europea rechazaron el arresto de Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Legisladores en EE. UU., incluyendo algunos de los que pasaron en el 2018 el Nica Act, también condenaron las acciones de Ortega contra Chamorro, haciendo sonar las alarmas ante lo que consideran es una afrenta contra las elecciones libres en el país centroamericano.
Los congresistas Albio Sires y Mark Green pidieron que tanto EE.UU como la Unión Europea y países en Latinoamérica impongan sanciones coordinadas contra los funcionarios y agentes de policía involucrados en el arresto de Chamorro y el allanamiento de su casa.
Chamorro fue arrestada como parte de una investigación de la Fiscalía de Nicaragua a raíz de unas supuestas inconsistencias e indicios de “lavado de dinero”, presuntamente encontrados en la Fundación Violeta Barrios en los últimos años. A la opositora se le acusa de delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, en perjuicio del Estado de Nicaragua, por medio de la fundación.
Este viernes el Departamento de Estado de los Estados Unidos demandó la liberación inmediata de Chamorro y de dos excolaboradores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes. Chamorro está bajo "arresto domiciliar" en su casa, pero es una especie de secuestro extorsivo han calificado algunos juristas como Yader Morazán.
"Estados Unidos pide al gobierno de Nicaragua que libere de inmediato a la líder opositora Cristiana Chamorro y a sus dos colegas de la recientemente clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia. Su detención por cargos falsos es un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas" dice el el comunicado de la oficina de Antony Blinken.
Estados Unidos señala que "las condiciones actuales de represión y exclusión no son compatibles con elecciones creíbles.
La región y la comunidad internacional deben unirse al pueblo nicaragüense en apoyo de su derecho a elegir libremente su gobierno".