La confesión del cartel de Los Cachiros en una corte de Nueva York pone contra las cuerdas al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tras señalar que pagaron por protección al mandatario, a su familia, al vicepresidente y a los dos anteriores mandatarios.
Sobre este tema el diario El País de España publicó el siguiente artículo:
Juan Orlando Hernández, elegido en 2018 para gobernar cuatro años en Honduras, comenzó su mandato en medio de violentos disturbios por una polémica reelección. Ahora se acerca al final del mismo descrito hasta el cansancio en una corte de Nueva York por dos poderosos narcotraficantes como el hombre que les dio protección a cambio de sobres con miles de dólares.
A ocho meses de su salida del poder, el nombre de Juan Orlando Hernández, de 52 años, aparece ligado al cartel que en la última década ha controlado el negocio de la droga en Honduras: Los Cachiros. Dos de sus líderes, Geovanny Fuentes y Devis Leonel Rivera Madariaga, están siendo juzgados en una corte de Nueva York y sus declaraciones han puesto al mandatario contra las cuerdas. Su confesión no solo apunta hacia él, sino que incluye a su vicepresidente, al Ejército, a la Policía y a los dos últimos mandatarios: Porfirio Lobo y Manuel Zelaya, todos ellos acusados de facilitar el tráfico de droga a cambio de sobornos. El último huracán que faltaba por llegar al país centroamericano, golpea con fuerza a un país al límite.
Esta semana ambos narcotraficantes declararon que Los Cachiros entregaron a Hilda Hernández, hermana del presidente Juan Orlando Hernández, 250.000 dólares en efectivo en 2012, cuando este era jefe del Congreso y el claro candidato a la presidencia. A cambio pedían “protección para que ni los militares ni la policía preventiva los arrestaran ni fueran extraditaran a Estados Unidos”, dijo Rivera con los pies esposados ante un jurado popular.
El ventilador puesto en marcha en Nueva York apunta a la cúpula del país: al mandatario, a su hermana Hilda, fallecida después en un accidente de helicóptero, a su hermano Tony Hernández, que lleva dos años encarcelado, y al vicepresidente Ricardo Álvarez, a quien dijeron haber entregado 500.000 dólares. Álvarez, supuestamente, había prometido eliminar la ley de extradición entre Estados Unidos y Honduras en caso de ser elegido. Sobre Manuel Zelaya Los Cachiros dijeron que pagaron medio millón de dólares en 2006 para que nombrara a su primo para el cargo de ministro de Seguridad, nombramiento que nunca se materializó. Los señalados se han defendido diciendo que son las confesiones de dos colaboradores de la DEA, narcotraficantes arrepentidos que tratan de reducir su pena, dijo Hernández. “Una prueba irrefutable de que nunca recibí un soborno fue que nunca nombré a un ministro del crimen organizado o bajo presión de la Embajada de Estados Unidos”, se defendió Zelaya en Twitter.
Pero la justicia estadounidense había puesto en la mira al presidente de Honduras desde hace tiempo. Más aún tras la captura de su hermano Tony negociando la compra de miles de kilos de cocaína. En el juicio contra él celebrado el año pasado, su nombre —identificado como CC4— aparece 104 veces. Un testigo incluso contó que asistió en 2013 a una reunión en la que Joaquín El Chapo Guzmán, exjefe del cartel de Sinaloa, entregó a Tony Hernández un millón de dólares para la campaña presidencial de su hermano.
De todo ello ha salido bien librado el mandatario, hasta ahora, gracias a su buena relación con Donald Trump y su facilidad para plegarse a Washington. Como si fuera un chiste macabro, Honduras, uno de los países más violentos del mundo, aceptó ser “tercer país seguro” y recibir a solicitantes de asilo de cualquier lugar del planeta mientras esperaban su trámite para ser aceptados en Estados Unidos. Periódicamente a Honduras fueron extraditados algunos capos y, aunque las caravanas de migrantes son un problema para Estados Unidos, la agenda en seguridad ha sido prioritaria sobre la de derechos humanos. Con la llegada de Biden y la catarata de confesiones, esa protección corre peligro.
Pero más allá del presidente, el juicio ilustra la putrefacción que se extiende por instituciones como la justicia, el Ejército o la Asamblea. El exministro de Justicia de Perú, Juan Jiménez Mayor, recibió en 2013 el encargo de la Organización de Estados Americanos (OEA) de poner en marcha la Maccih, una comisión anticorrupción organizada por primera vez por la OEA. Durante los tres años que estuvo en el cargo abrió una investigación contra 70 diputados acusados de desviar recursos públicos para obras públicas que jamás se realizaron. Según su denuncia, dos terceras partes del Congreso cobraban sobresueldos no fiscalizados, pero a medida que su trabajo apuntaba más alto, se hizo más incómodo. Finalmente Hernández ordenó su salida del país con el aval de Luis Almagro, secretario general de la OEA.
“Es verosímil lo que están diciendo los narcos en Nueva York porque el poder de la droga está demasiado cerca del poder en Honduras. Pero también hay que reconocer que Juan Orlando Hernández impulsó la extradición de narcos que estaba prohibida en la Constitución y hay que medir la importancia que esto tiene. En Colombia esto causó una guerra y supuso pasar de narcotráfico a terrorismo. Paralelamente ha extraditado a cerca de 15 grandes capos y es posible que sea una venganza. La calidad de las pruebas será determinante”, reconoce el exresponsable de la Maccih en entrevista con EL PAÍS.
La idea de que Honduras es un “narcoestado” se escuchó esta semana en la corte por boca del fiscal durante el juicio que seguirá este lunes. Esa teoría también la comparte Salvador Nasralla, dos veces candidato presidencial. “Honduras está manejado por el crimen organizado y todos los poderes están controlados por la misma mafia”. Según Nasralla el mandatario puede terminar como Manuel Antonio Noriega, el expresidente de Panamá detenido en 1989 tras la invasión de Estados Unidos. “Los americanos no tienen amigos, tienen intereses. Y este hombre se les fue de las manos. La confesión de los narcos en Nueva York ha ido acompañada de apuntes, llamadas, libretas… y todos coinciden en la misma metodología”, señala Nasralla a EL PÁIS desde Tegucigalpa. “El Ejército garantizó su reelección ilegal y paralelamente es quien permiten el paso de la droga“, dijo. Según sus cifras, unas 80 toneladas de cocaína pasan mensualmente por Honduras, lugar estratégico en la ruta que asciende por el Caribe desde Colombia y Venezuela.
Horas antes de las elecciones primarias que se celebrarán este domingo en los principales partidos del país, el escritor y analista Víctor Meza destaca la tensión que siente en las calles y los inquietantes rumores que recorren el país. “En un contexto electoral Juan Orlando se va a quedar cada vez más solo y nadie descarta un autogolpe o que quiera reelegirse nuevamente. Hay reuniones y mensajes y versiones muy inquietantes. Se vive un ambiente similar al que se respiraba antes del golpe de Estado de 2009 que sacó a Manuel Zelaya del poder y que también fue domingo y con unas elecciones de por medio”, señala Meza. “El debilitamiento de Juan Orlando es evidente, llegó al poder carente de legitimidad y el juicio ha terminado de hundirlo”, dice. “El narco distribuye dinero a manos llenas entre policías, políticos, funcionarios, militares, jueces…su implantación ha sido lenta, pero finalmente ha terminado controlando todos los órganos del poder”.
Hace dos meses, Juan Orlando Hernández citó como ejemplo de coraje y empuje al general Morazán, el libertador de Centroamérica. Con un micrófono en la mano trataba de insuflar ánimos a una población abatida por los huracanes Eta e Iota que dejaron a decenas de miles de personas en la indigencia, poniendo como referencia al prócer de 1830. Hernández pedía un sacrificio más a los hondureños ocho semanas antes de que su nombre volviera a saltar a las portadas de medio mundo por sus vínculos con el narcotráfico. Entre la población, la sensación, no obstante, es que de todos los huracanes que han sacudido el país, este era el más previsible.
Fuente: Diario El País España