Nayib Bukele, presidente de El Salvador, busca aprovechar el desplome del precio del bitcoin debido a las protestas en Kazajistán, que desde 2021 es el segundo mayor centro de emisión de criptomonedas en el mundo.
El Gobierno del autoritario Kassym-Jomart Tokayev ordenó la semana pasada el corte total de Internet para evitar que los manifestantes pudieran transmitir la violenta represión desatada desde el Estado, pero su decisión acabó convirtiéndose en un duro traspié para el opaco negocio de las monedas virtuales: el apagón afectó con fuerza al valor de las criptomonedas, principalmente el bitcoin.
A miles de kilómetros cruzando el Pacífico, un pequeño país llamaba entonces la atención de los inversores del sector, que creen que la estabilidad que garantiza Bukele —y los sueños faraónicos del joven mandatario— pueden ser tierra fértil para crear un gran centro de minado.
El popular presidente ya había anunciado en noviembre sus grandes planes para convertir a su país en un laboratorio mundial de la criptomoneda. En una enorme puesta en escena a finales de ese mes anunció la creación de una Ciudad Bitcoin, con un coste de miles de millones de dólares. Frente a centenares de seguidores, con un escenario muy parecido a los montados por las grandes tecnológicas cuando anuncian sus lanzamientos, Bukele se mostró entusiasta con el proyecto y prometió que llevará desarrollo económico para su país. Desde su Gobierno se ha afirmado que esta iniciativa pretende convertir a El Salvador en la Singapur de América Latina. Y solo faltaba la desgracia de otros para que el sueño comience a encarrilarse.
En Almaty, la ciudad más importante de Kazajistán, estallaron a principios de enero violentos disturbios por el aumento del precio del gas licuado y la energía en momentos en que el país centroasiático sufre bajísimas temperaturas invernales. El descontento ciudadano aumentó incendiado por la corrupción de las élites económicas y políticas y las grandes desigualdades sociales.
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Arrinconado por las manifestaciones, Tokayev pidió ayuda a Rusia, que envió militares al país, y lanzó una brutal represión que ha dejado al menos 164 muertos, 1.000 heridos y casi 10.000 detenidos. ¿Pero qué tienen que ver las protestas de Almaty con el bitcoin? La respuesta está en el uso de energía que requieren las llamadas granjas de minado. Se trata de enormes y potentes ordenadores que trabajan sin parar, lo que demanda mucha energía. Los precios bajos de este recurso atrajeron a los inversores y el Gobierno kazajo los recibió con entusiasmo, pero al dispararse la demanda energética, la población comenzó a sufrir apagones, varias centrales sufrieron sobrecargas y el precio de la energía se disparó. Luego llegó el corte a Internet y el desplome del valor de la criptomoneda, que la semana pasada cayó casi un 8%, al pasar de 42.951 dólares a 37.000 dólares.
El bajón puso nerviosos a los inversores, que creían que Kazajistán era su tierra prometida por ser un país estabilizado a fuerza de autoritarismo, con enormes recursos energéticos, una corrupción obscena y poca regulación para este tipo de negocios. Y es aquí donde la historia salta al trópico. A inicios del pasado junio la Asamblea Legislativa salvadoreña adoptó una ley que hace del bitcoin una moneda de uso legal. Un hecho que el presidente Bukele celebró con entusiasmo. “En cada restaurante, hotel, banco, transacción personal, si quieres vender un auto, todo podrá pagarse con bitcoins o dólares. El bitcoin será tratado como moneda nacional, todos tendrán que aceptarlo”, auguró. Entonces, sus planes comenzaron a crecer y Bukele lanzó su idea de convertir al país centroamericano en un gran centro de minado de la moneda virtual. Para ello prometió ofrecer “energía muy barata, 100% limpia, 100% renovable, con cero emisiones, de nuestros volcanes”. El 10 de junio, Bukele hizo público en Twitter un proyecto geotérmico que servirá como sede del minado.
El 5 de enero, el diario digital El Faro publicó una entrevista con uno de los primeros empresarios interesados en dar alas a los sueños del mandatario salvadoreño. Se trata de Paolo Ardoino, de Bitfinex Securities, una compañía de criptomonedas que trabaja en Kazajistán y que se ha aliado con el Ejecutivo de Bukele para emitir 1.000 millones de dólares en bonos. La mitad de ese dinero se usará para construir la llamada Ciudad Bitcoin y el resto para la compra de bitcoins. Así lo explica el diario salvadoreño: “Los bonos bitcoin son una deuda que el Gobierno va a suscribir a 10 años, con una tasa de interés del 6.5%. En total, durante 10 años, el Gobierno debe cancelar 1.650 millones de dólares a los inversores en criptomonedas por este préstamo de 1.000 millones. Para hacer realidad esta idea, el Gobierno buscó aliados que le permitan vender estos bonos —conocidos como valores tokenizados— a inversores de criptomonedas y la empresa de Ardoino fue la elegida”. El empresario dijo entonces que la suya era la única plataforma de criptomonedas en el mundo con licencia para comerciar y emitir valores tokenizados.
El presidente Bukele no esconde su enorme entusiasmo y todos los días en Twitter publica comentarios sobre su proyecto. Hasta discute con sus detractores, como ocurrió el 7 de enero, cuando el economista Steve Hanke, de la Universidad Johns Hopkins, cuestionó los planes de crear energía suficiente para garantizar una zona de minado de criptomonedas en El Salvador. “¿Cuánta energía se puede extraer del volcán inactivo Conchagua? ¿Dónde está el estudio de viabilidad? El Salvador ya tiene un enorme déficit de energía e importa el 22% de su uso de electricidad. Sin un estudio de factibilidad, nadie sabe cómo Bitcoin City afectará este déficit”, argumentó Hanke. Bukele le espetó, con emoticonos y en tono de mofa: “¡Este tipo! ¡Por supuesto que es un volcán inactivo, idiota! ¡La mayor parte de la energía geotérmica se extrae de pozos cerca de VOLCANES INACTIVOS! ¿Por qué construirías una ciudad debajo de un VOLCÁN ACTIVO?”. Y, como era de esperar, la reacción generó decenas de miles de retuits que, es seguro, alimentan los sueños del mandatario de convertir a su país en la Singapur latinoamericana.
Fuente: Diario El País España