El gobierno del demócrata Jose Biden llega a 100 días. En ese período, el presidente estadounidense ha priorizado algunos ámbitos en los que es notorio el cambio con respecto al gobierno de su antecesor.
El diario El País hace un recuento de lo que ha logrado Joe Biden desde que fue juramentado.
Vacunación masiva
Desde el primer día, todo debía quedar sujeto a frenar la pandemia y sus consecuencias. Para reactivar la economía, en caída libre y con los peores índices desde la Gran Depresión de los años treinta, había que frenar los contagios y las muertes a toda costa. A pocos días de cumplirse el próximo jueves ese centenar de jornadas dirigiendo el país, que fracasó en la contención del virus y que suma más de 570.000 muertes, el presidente de Estados Unidos anunció que se habían administrado 200 millones de dosis de vacunas contra la covid-19. El 27% de la población está completamente vacunada, lo que se traduce en algo más de 90 millones de personas (sobre una población total cercana a los 330 millones).
Biden ha superado sus objetivos respecto a la vacunación porque ninguna de las fechas que anunció llegó a su plazo límite. Si el mandatario aseguró nada más asumir el poder que habría 100 millones de personas vacunadas en sus primeros 100 días en la Casa Blanca, ese hito se producía en el 58º día de su mandato. “Cuando llegué al poder, tan solo el 8% de la población estaba vacunada”, dijo el mandatario cuando informó el miércoles 21 de abril sobre los 200 millones de personas que ya habían sido inmunizadas. Era el día 93º de su presidencia y Biden apuntaba que más del 50% de los residentes adultos en Estados Unidos habían recibido, al menos, una primera dosis de alguna de las tres vacunas que se distribuyen en el país. A principios de este mes, la Casa Blanca comunicaba que abría la vacunación a partir del día 19 a todos los adultos del país, lo que, de nuevo, implicaba un adelanto de dos semanas sobre el objetivo antes anunciado por su Administración, fijado para el 1 de mayo. Aún así y, a pesar de la buena nueva, el mandatario quiso apelar entonces a la prudencia al declarar que Estados Unidos está todavía “en una carrera a vida o muerte contra el virus”.
Ambición para superar la pandemia y modernizar el país
su propuesta de reforma fiscal, para hacer rendir cuentas a las multinacionales —incluidas las grandes tecnológicas— que durante años han esquivado el pago de impuestos federales, y lograr financiación para sus programas. Tras su declaración de intenciones —el plan de rescate de la pandemia, de 1,9 billones de dólares (unos 1,6 billones de euros), aprobado por el Congreso en marzo—, la Administración demócrata quiere modernizar EE UU mediante un colosal plan de infraestructuras, con inversiones de dos billones de dólares a ocho años para generar millones de empleos. La reforma fiscal será, si logra la aprobación del Congreso, el instrumento para lograrlo.
Mediante la proyectada reforma fiscal, que pretende subir el impuesto de sociedades del 21% al 28%, el presidente no solo aspira a recaudar 2,5 billones de dólares en los próximos 15 años para financiar su exhaustivo programa de reconstrucción, sino cambiar las reglas del juego. Su propósito habrá de vérselas con el Congreso, y no solo con los republicanos. “Los [demócratas] moderados proponen una menor subida del impuesto societario, el 25%”, apunta Jack Janasiewicz, de la gestora de fondos Natixis.
Reapertura al mundo con China en el punto de mira
La reapertura de EE UU al mundo tras cuatro años de aislacionismo ha recorrido en los 100 primeros días de mandato de Joe Biden varias estaciones, con una clara apuesta por el multilateralismo. Las sanciones a Rusia por su injerencia electoral y un ciberataque masivo; la retirada definitiva de las tropas de Afganistán y el diálogo para reanimar el pacto nuclear con Irán, que EE UU abandonó en 2018, han marcado este periodo de gracia, tanto como el fiasco de la primera reunión bilateral, de tanteo, con China. Además, Biden ha buscado en la reciente cumbre climática internacional recuperar el liderazgo para EE UU con un ambicioso plan de reducción de emisiones. Se trata de un giro importante en la política seguida por el país en los últimos años e implicará una profunda transformación de la economía de esta potencia.
Un giro en políticas sociales
Antes de cumplir una semana en la Casa Blanca, Joe Biden firmó una orden que prohíbe que cualquier miembro del Ejército sea expulsado por su identidad de género, levantando el veto impuesto por el expresidente Trump a las personas transgénero. El decreto establece también que los departamentos de Defensa y de Seguridad Nacional deben revisar los historiales de servicio de los militares que fueron despedidos o rechazada su reincorporación por este motivo. El demócrata se convirtió en el primer presidente en conmemorar el Día de la Visibilidad de las Personas Transgénero, que se celebra desde 2009. El mandatario está presionando para que el Senado apruebe la Ley de Igualdad, que modifica la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir la protección por la orientación sexual y la identidad de género, junto a la raza, la religión, el sexo y el origen nacional. Las protecciones se extenderían al empleo, la vivienda, la educación, las solicitudes de préstamos, entre otras áreas en las que el colectivo suele sufrir discriminación.
Los republicanos se oponen, entre otras razones, por temor a que obligue a las personas religiosas a tomar decisiones que contradigan sus creencias, como contratar personal en escuelas privadas cuya conducta viole sus principios de fe. Para que el proyecto se convierta en ley, debe obtener 60 votos en el Senado, que está partido por la mitad (50/50). En cuanto al derecho al aborto, la Administración de Biden también trabaja para revertir las decisiones de su antecesor. El demócrata ya ha dado marcha atrás a la medida que prohibía a ONG y proveedores sanitarios en el extranjero utilizar fondos del Gobierno estadounidense para asesorar sobre el aborto. Trump también prohibió a las clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales derivar a sus pacientes a centros abortistas y recortó el presupuesto para estos centros, que atienden a mujeres de escasos recursos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) ha elaborado una propuesta para revocar esta última medida que está en fase de exposición pública.
El reto migratorio
La inmigración ha sido, junto a la crisis del coronavirus, uno de los principales problemas del arranque de la Administración de Biden. Los expertos consultados para este reportaje coinciden en que el Gobierno demócrata ha fijado la dirección correcta en este tema, pero los cambios para desmontar el perverso sistema heredado por Donald Trump no han llegado con la celeridad esperada. El modelo migratorio de la nueva era es un asunto pendiente y, como mucho del legado de Trump, se jugará su suerte en un Congreso dividido y polarizado. “Esta dirección es solo parte de una visión que está en construcción. La Administración encara opciones muy difíciles y está por verse qué caminos puede tomar en el clima político actual”, afirma Hiroshi Motomura, académico de la Escuela de Derecho de Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Biden ha dibujado el perfil de su reforma imaginada con una serie de acciones en las primeras horas de su mandato. Prometió regularizar a 11 millones de sin papeles, levantó el veto de viajes a algunos países musulmanes, revivió los programas que brindan protección a más de un millón de personas entre los jóvenes llegados en la infancia (conocidos como dreamers) y los indocumentados provenientes de países castigados por el cambio climático y la pobreza, entre ellos los ciudadanos venezolanos. También puso fin a la inhumana política de separación de familias y expulsión de menores migrantes.
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