Los grandes ganadores de la crisis del Covid-19 son los gigantes digitales. Con la crisis tienen más socios, más tráfico, más ingresos y siguen esquivando el pago de impuestos que les correspondería aprovechándose de un sistema tributario anclado en la era analógica. Esta es la tesis de los defensores de la tasa digital, que han reactivado la presión para la instalación de esta tasa en Europa.
Si en la OCDE, donde se está debatiendo actualmente, no hay acuerdo antes de finales de año, la Comisión Europea presentará su propuesta de impuesto digital europeo en el primer semestre de 2021. Sería el segundo intento a nivel de la UE después del fracaso en marzo del año pasado, cuando la oposición de 4 países, Irlanda y los nórdicos, tumbó el proyecto. En aquel momento, el fiasco se disfrazó con el traslado del debate a un ámbito más amplio, a la OCDE.
“Es el momento de avanzar hacia un sistema tributario más justo y progresivo en la UE”, dijo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien añadió que es “ahora o nunca”, visto el respaldo con que cuenta por parte de la opinión pública.
Son declaraciones de Gentiloni durante el Ecofin que se celebró ayer en Berlín, en el transcurso del cual los ministros europeos debatieron los nuevos impuestos de que se tiene que dotar la Unión Europa para, entre otras cosas, devolver los 750.000 millones de euros que pedirán prestados a los mercados para financiar los planes de recuperación. Uno de estos nuevos impuestos, denominados “recursos propios” en el lenguaje comunitario, es la tasa digital. Otros serían la de transferencias financieras, el mecanismo de carbono en frontera y la extensión del comercio de derechos de emisión de CO2 al transporte marítimo y aéreo. “Necesitamos una decisión. Saber cómo vamos a pagar esta deuda”, dijo el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz.
La dificultad es que todos estos impuestos son controvertidos. Lo es y mucho el digital. El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, gran apóstol de esta tasa, da por imposible el acuerdo en la OCDE, acusando a los Estados de Unidos de bloquearlo. “Hace tres años que negociamos este impuesto a nivel internacional, pero no vamos a esperar el beneplácito de los Estados Unidos. No quieren la tasa digital y multiplican los obstáculos, incluso cuando el trabajo técnico ya está hecho”, mantiene Le Maire. Su pesimismo contrasta con la posición del alemán Scholz, que deja abierta la posibilidad de una entente en la OCDE.
Actualmente, hay dos impuestos en negociación en la OCDE, el digital y la tasa mínima sobre el impuesto de sociedades, que está mucho más avanzada. Aquí es más factible sumar el acuerdo de Washington, que tiene un mecanismo similar en vigor.
Nadie garantiza que si la tasa digital vuelve a la UE, se consiga el acuerdo. Irlanda, el país que más se opone porque se ha convertido en plataforma de desembarco de las grandes multinacionales, incluidas las tecnológicas, podría vetarlo. Este viernes, el actual presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, reconoció que la tributación de las grandes empresas y de las digitales en particular debe cambiar, pero puso sus condiciones. Que no dañe a la economía irlandesa y que no genere tensiones con terceros países. Difícil de conseguir este último requisito, con Estados Unidos que ya amenazaron con sanciones a Francia por establecer en su territorio la tasa digital. Un impuesto que el gobierno español tiene también entre sus objetivos, y que actualmente está en trámite parlamentario.
Los defensores de la tasa ofrecen un gran argumento: las empresas digitales tributan una media del 9,5%, mientras que las tradicionales un 23,5%, según los datos que maneja la Comisión Europea.
Borrador de presupuestos para el 15 de octubre
Nadia Calviño dijo en Berlín que el 15 de octubre presentará el borrador de presupuestos a Bruselas. “Hay un fecha objetivo importante, que es el 15 de octubre, para enviar a la Comisión Europea el plan presupuestario para 2021 y éste es un punto de referencia para todo el trabajo que estamos desarrollando”, declaró la ministra española de Economía. La fecha no es una sorpresa. Es la que figura en el calendario anual de la Comisión Europea, aunque para España será una novedad, porque sigue con los presupuestos de 2018, las cuentas de Montoro que se han convertido en las más longevas de la historia.
“Es una anomalía tanto tiempo sin presupuesto”, añadió la ministra, que añadió que considera que existe un amplio consenso social en la sociedad española de la necesidad de un presupuesto y que debería reflejarse en el ámbito político y parlamentario. Los objetivos de las cuentas, según Calviño, son tanto apoyar el crecimiento y la inversión como reforzar servicios públicos, como la educación y la sanidad, y también establecer un instrumento eficaz para canalizar los fondos de la UE, en referencia a los planes de recuperación de la crisis.