Una ley aprobada de forma exprés por la Asamblea Nacional de Nicaragua ha generado gran polémica: todo terreno, edificación o cuerpo de agua ubicado a menos de 15 kilómetros de las fronteras del país pasa a ser propiedad del Estado.
La llamada Ley de Territorio Fronterizo, impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, abarca más de 12.000 km², casi el 10% de la superficie nacional, incluyendo áreas estratégicas como el extremo sur del Lago Cocibolca.
¿Qué dice la nueva ley?
La normativa establece que la franja fronteriza estará bajo resguardo del Ejército de Nicaragua y elimina la antigua Ley de Régimen Jurídico de Fronteras de 2010, que buscaba equilibrar desarrollo sostenible y seguridad. Ahora, el énfasis está exclusivamente en la soberanía y el control militar.
Sin embargo, el texto no aclara qué ocurrirá con las propiedades privadas, empresas y comunidades indígenas que desde hace generaciones habitan en esas zonas. Tampoco se mencionan procesos de expropiación, indemnización o compensación.
“El riesgo es que los actuales dueños se conviertan en inquilinos de su propia tierra”, advierte el abogado opositor Eliseo Núñez.
Impacto en comunidades y empresas
De acuerdo con la organización opositora Unamos, al menos 27 municipios resultarán afectados. Agricultores, pequeños propietarios y pueblos indígenas podrían ver restringidos sus derechos, mientras empresas binacionales que dependen del comercio transfronterizo con Costa Rica y Honduras enfrentan un panorama incierto.
Un caso citado es el de una compañía maderera con operaciones en ambos países, que ahora no sabe si sus recursos seguirán siendo propios o pasarán a ser administrados bajo contratos de arrendamiento estatal.
Críticas y sospechas
Las voces críticas sostienen que la medida no responde realmente a motivos de seguridad, sino a intereses económicos y políticos.
• Para Dora María Téllez, exguerrillera sandinista y opositora en el exilio, el trasfondo es “de negocios”: “Declaran tu propiedad estatal, la inscriben y después la usan pedazo por pedazo según convenga al régimen”.
• Núñez, por su parte, alerta que la norma podría servir como herramienta de extorsión contra empresas locales y opositores: “No te doy el contrato si no me das tanto”.
Concesiones mineras a empresas chinas
La polémica ley también se relaciona con las más de 20 concesiones mineras otorgadas en los últimos dos años, principalmente a compañías chinas. Apenas una semana antes de aprobarse la norma, el gobierno cedió un área de 1.000 km² en la Reserva Biológica Indio Maíz a la empresa Thomas Metal S.A.
El oro es el principal producto de exportación de Nicaragua, con un crecimiento del 20% en ventas al exterior en 2024, lo que refuerza la percepción de que el régimen busca blindar legalmente sus acuerdos con inversionistas extranjeros, incluso a costa de comunidades indígenas y ecosistemas protegidos.
El trasfondo político
Esta ley se suma a una larga lista de reformas legales que consolidan el autoritarismo del régimen Ortega-Murillo, único en el mundo dirigido formalmente por una pareja.
Tras las elecciones de 2021 —en las que Ortega fue reelegido con sus rivales presos o exiliados— se han aprobado disposiciones como:
• Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que criminaliza vínculos con cooperación internacional.
• Ley de Defensa de la Soberanía, que inhabilita opositores al acusarlos de “traidores a la patria”.
• Confiscaciones masivas de medios de comunicación, ONG y universidades privadas.
Ahora, con la Ley de Territorio Fronterizo, el control estatal se extiende también sobre la tierra y los recursos estratégicos.
Un futuro incierto
Para la oposición, esta nueva ley no solo implica la pérdida de derechos para miles de nicaragüenses, sino también un paso más en la concentración absoluta de poder.
“El Estado no gana nada, pero la familia Ortega-Murillo sí”, sentencia Dora María Téllez.
Mientras tanto, campesinos, indígenas y empresarios en la franja fronteriza quedan en la incertidumbre: ¿seguirán siendo dueños de sus tierras o pasarán a ser arrendatarios del régimen?
