Como resultado de la supervisión técnica y financiera que se realiza a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que atienden a las niñas, niños y personas adolescentes, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) determinó intervenir, a partir de este miércoles, el programa que atiende 131 adolescentes y sus hijos e hijas, presentó tres denuncias penales por abuso sexual y otros delitos y dictó medidas cautelares.
Las denuncias penales se presentaron el 12 de enero en la Fiscalía Adjunta de Alajuela, el 6 de febrero en la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) y en la Fiscalía de Alajuela por el supuesto delito de abuso sexual y por supuesto de delitos varios.
Asimismo, el PANI dictó la medida cautelar de egreso del personal de seguridad y de profesionales; y la sustitución inmediata de esos servicios.
Estas medidas se toman con base en una denuncia por supuesto abuso sexual y un informe realizado por el Órgano de Investigación Preliminar del Departamento de Protección del PANI, que evidenció la supuesta violación de derechos a las personas menores de edad respecto de las necesidades básicas de alimentación, vestido, salud e higiene, escasez de artículos personales, entorno seguro, falta de acompañamiento profesional y otras irregularidades.
La intervención del personal del PANI incluye varias disciplinas (médicos, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionista, administradores y otros que requiera la población) con el fin de garantizar la atención integral de las 63 adolescentes y sus 68 hijos e hijas (menores de 4 años).
Para la Presidenta Ejecutiva del PANI, Kennly Garza, “La desinstitucionalización de nuestros niños, niñas y adolescentes es una prioridad absoluta. La revisión de la condición legal de cada persona menor edad bajo protección, la coordinación con el Poder Judicial para agilizar los procesos, el fortalecimiento del acogimiento familiar, son acciones inmediatas y estratégicas ante un modelo de institucionalización fallido”.
Agregó que la meta es privilegiar el derecho a estar en familias, reducir la población en programas de institucionalización y garantizar que, cuando lo requieran, estén el menor tiempo posible. Para ello, se hará una revisión y levantamiento de información sobre la condición legal de cada niña, niño y adolescente bajo protección en el nivel nacional.
La ONG intervenida es una de las siete organizaciones con las que el PANI firmó el convenio del 2024, de forma condicionada y por un periodo de seis meses, con el fin que cumplan con las disposiciones derivadas de los riesgos identificados por el Departamento de Protección y Financiero del Patronato Nacional de la Infancia.
En forma paralela a la intervención, el PANI tomará todas las medidas establecidas en el “Reglamento para el otorgamiento de beneficios patrimoniales a sujetos privados y personas físicas con convenio con el Patronato Nacional de la Infancia para el desarrollo de Programas atencionales en beneficio de la Niñez y la Adolescencia”.