La justicia española asestó uno de los golpes más duros de los últimos años contra la piratería audiovisual al condenar al cabecilla de una de las mayores redes ilegales de IPTV del mundo.
Funcionaba como una estructura que distribuía partidos de fútbol, canales de televisión, películas y series a escala internacional.
El caso, retomado este miércoles por Record de Portugal, tiene como figura central a un hombre conocido como “Dash, the Iranian”, señalado como líder de una organización que operó durante años en varios países.
Según la información publicada, el responsable aceptó una pena de 23 meses de prisión y una sanción económica millonaria. Record habla de una multa “en torno a 11,7 millones de euros”, mientras que fuentes en inglés y comunicados ligados al proceso judicial precisan que el líder recibió una multa individual de 8,7 millones de euros, además de confiscación de bienes, dentro de un fallo cuyo impacto total supera los 43 millones de euros entre multas e indemnizaciones.
La dimensión del caso ayuda a explicar la magnitud de la sentencia. De acuerdo con Broadband TV News y LaLiga, la red llegó a atender a más de uno o dos millones de usuarios en todo el mundo, funcionó a través de cerca de 1.000 sitios web y utilizó infraestructura distribuida en 13 países. Entre las marcas más citadas en la investigación aparecen RapidIPTV e IPTVStack, plataformas usadas para distribuir de manera ilegal retransmisiones deportivas, entre ellas partidos de ligas europeas y otras señales premium.
La investigación también concluyó que la organización no se limitaba a vender acceso ilegal a contenidos. Las autoridades sostienen que el grupo estaba implicado en blanqueo de capitales, uso de identidades falsas, apertura de cuentas bancarias para mover dinero ilícito y operaciones con criptomonedas y sociedades pantalla. Record añadió que el líder habría acumulado más de 14 millones de euros en ingresos en cinco años, mientras otras fuentes sitúan la cifra cerca de 17 millones de euros. Esa diferencia parece deberse al tipo de conversión o periodo contabilizado por cada medio.
Entre los bienes atribuidos al cabecilla figuran un complejo residencial en Teherán valorado en unos 4 millones de euros y una vivienda en Barcelona valorada en 1,7 millones, adquisiciones que forman parte del rastro patrimonial seguido por los investigadores. El operativo incluyó registros en 15 inmuebles, 11 detenidos en cuatro países —España, Alemania, Suecia y Dinamarca— y otras 16 personas interrogadas por posible vinculación con la trama.
El proceso fue impulsado por una denuncia inicial de Nagravision y luego reforzado por LaLiga, Movistar Plus+, Mediapro, EGEDA y otros titulares de derechos. La investigación fue desarrollada por unidades especializadas de la Policía Nacional de España, con apoyo de Europol y Eurojust, lo que convirtió el caso en una operación internacional de gran escala. Tanto LaLiga como medios especializados en la industria lo presentan como una de las resoluciones más importantes dictadas hasta ahora en España contra la piratería audiovisual.
Más allá de la condena concreta, el caso deja un mensaje claro para el negocio ilegal del streaming: la justicia europea está elevando el costo penal y económico de estas operaciones. La sentencia no solo castiga a un operador de enorme volumen, sino que además fija un precedente por la cuantía de las multas, las indemnizaciones y el decomiso de activos vinculados al delito digital.
