Botafogo enfrenta un escenario complejo luego de que la FIFA le impusiera una severa sanción que limita su accionar en el mercado de fichajes, una decisión que impacta directamente en la planificación deportiva del club.
La FIFA confirmó una sanción de gran impacto para el Botafogo de Río de Janeiro: el club brasileño quedó prohibido de registrar nuevos jugadores durante los próximos tres mercados de fichajes, una medida que amenaza con alterar profundamente sus planes deportivos y financieros.
Esta decisión, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2025, se produce tras un conflicto jurídico y económico con el Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) por el pago pendiente de la transferencia del mediocampista argentino Thiago Almada.
La problemática se remonta a julio de 2024, cuando Botafogo acordó con Atlanta United la compra de Almada por 21 millones de dólares. El club brasileño abonó solo dos de las cuotas pactadas, y no completó el pago dentro de los plazos establecidos, lo que generó el reclamo formal del equipo estadounidense ante la FIFA y posteriormente ante la Corte de Arbitraje Deportivo (CAS).
La justicia deportiva falló en varias instancias en favor de Atlanta United, ratificando la obligación de Botafogo de saldar la deuda total, incluyendo posibles incentivos y porcentajes de venta ligados a futuras transferencias del jugador.
Aunque Almada llegó a Botafogo para reforzar el equipo a mediados de 2024 y jugó 17 partidos con la camisola albina, en 2025 fue cedido al Olympique de Lyon antes de ser fichado por el Atlético de Madrid en el verano europeo. Ese movimiento —que generó mayores ingresos para el conjunto carioca— no evitó que la deuda con Atlanta United siguiera vigente y fuera el epicentro de la sanción internacional.
La medida adoptada por FIFA representa una de las sanciones más severas que puede imponer en materia de transferencias: impedir que un club registre nuevos jugadores en tres ventanas de fichajes consecutivas limita la capacidad de reforzarse y ajustar su plantilla, lo que podría tener efectos devastadores en la competitividad deportiva del equipo en la Serie A brasileña y en torneos continentales como la Copa Libertadores.
En respuesta a la sanción, el propio Botafogo publicó un comunicado oficial en el que reconoce las conversaciones “constructivas” mantenidas con representantes de Atlanta United para intentar solucionar el conflicto antes o al inicio del próximo mercado de fichajes, aunque admitió que las negociaciones quedaron temporalmente suspendidas por el receso de fin de año.
El club insistió en que espera resolver el asunto y aseguró que “estará muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026”, pese a la normativa vigente que limita esa posibilidad.
En el ámbito deportivo, esta sanción podría traducirse en la imposibilidad de incorporar refuerzos clave para afrontar la temporada 2026, lo que a su vez puede afectar seriamente los objetivos tanto en la liga doméstica como en competiciones internacionales, donde la renovación y profundidad de la plantilla suelen ser factores determinantes.
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