La llegada de Carlo Ancelotti remueve el ambiente de Brasil y no precisamente por lo bombástico de su contratación.
¿La razón? La FIFA investiga el fichaje de Ancelotti por el millonario pago a un intermediario. El organismo rector del fútbol mundial solicitó explicaciones formales a la federación brasileña por el pago de una comisión de 1,2 millones de euros a un intermediario no registrado como agente autorizado.
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El tema se remonta a 2023 cuando el DT italiano comenzó a sonar por primera vez como firme candidato a la banca del "Scratch". En ese entonces, el ex presidente de la federación, Ednaldo Rodrigues, quien hace poco fue destituido del cargo, le habría pagado la millonaria cifra a Diego Fernandes, un empresario no registrado que habría actuado como intermediario en la contratación de Ancelotti.
El rol de Fernandes fue clave. Encabezó las conversaciones con el entrenador y su entorno, incluyendo negociaciones con el Real Madrid. Según reveló ESPN Brasil, el nombre del empresario figura en el contrato firmado entre la CBF y Ancelotti, pese a no contar con licencia oficial de agente emitida por la FIFA.
Al quedar al descubierto el movimiento, el ente rector activó su unidad de regulación de agentes para determinar si el proceso cumplió con el Reglamento de Agentes, particularmente con lo estipulado en el Artículo 11. "Cualquier empleado o contratado por la agencia que no sea agente de fútbol no puede prestar servicios de agente de fútbol ni hacer ningún acercamiento a un cliente potencial para firmar un contrato de representación", indica el reglamento.
Según el sitio brasileño UOL, que tuvo acceso a fuentes cercanas a la investigación, la FIFA exigió a la CBF que entregue antes del 4 de junio -un día antes del debut oficial de Ancelotti frente a Ecuadorpor Clasificatorias- una copia del contrato entre Diego Fernandes y la federación, así como cualquier documentación o mensajes vinculados a la transacción. ¿Y qué podría pasar? De comprobarse la irregularidad, existe la posibilidad que el contrato de Ancelotti sea invalidado. Además, las autoridades de Brasil podrían enfrentar severas multas económicas y sanciones administrativas de distintos tipos.