Estados Unidos y la Unión Europea ampliaron este lunes las sanciones contra Nicaragua, horas antes que el presidente Daniel Ortega asuma su cuarto mandato consecutivo en una investidura rechazada por la comunidad internacional y la oposición nicaragüense.
A través de un reglamento de ejecución publicado este lunes, la UE sancionó a la hija y el hijo de Ortega y a otras cinco personas cercanas al régimen, además de tres instituciones: la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Poco después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a otros seis funcionarios.
Entre los funcionarios sancionados por la UE se encuentran los magistrados Brenda Rocha y Cairo Amador, presidente y vicepresidentes del Consejo Supremo Electoral; Nahima Janett Díaz Flores, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), hija del director general de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz; Lumberto Ignacio Campbell Hooke, miembro del Consejo Supremo Electoral y presidente de dicho ente en 2018; el Superintendente de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua Luis Ángel Montenegro Espinoza, por ser “responsable de la persecución de los agentes financieros que se opusieron a las políticas del régimen de Ortega, así como del control del régimen del sector financiero”.
Los hijos del mandatario sancionados son Camila Antonia Ortega Murillo y Laureano Facundo Ortega Murillo.
Los Estados miembros aprobaron las sanciones al considerar que las personas y las entidades afectadas cometieron “serias violaciones contra los derechos humanos” y haber apoyado las elecciones “fraudulentas” del pasado mes de noviembre.
“Telcor ha sido empleado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, entre ellos a tres organizaciones de agencias de información desde 2018″, dijo la UE y agregó que “como institución encargada de ejecutar la Ley de Ciberdelitos, Telcor ha dirigido y realizado actividades de vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática”.
La Policía Nacional fue sancionada por ser “responsable de infligir tratos degradantes, entre ellos torturas físicas y psicológicas, a quienes se opusieron al régimen de Ortega”. La UE además acusa a la institución “del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, sin garantías jurídicas ni democráticas”.
La UE aplicó las primeras sanciones contra Nicaragua en 2020 y en total afectan a 21 personas - entre ellos la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y a otro de sus hijos, Juan Carlos Ortega Murillo - y a estas tres entidades.
Ninguno de ellos puede entrar a territorio comunitario y se les han congelado todos los bienes y activos que tengan en la Unión Europea.
La UE empezó a preparar esta última ronda de sanciones tras las elecciones del pasado mes de noviembre, que los Estados miembros no reconocieron al considerarlas fraudulentas, porque los principales líderes de la oposición están encarcelados.
Según dijo entonces el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, los comicios se celebraron sin “garantías democráticas” porque el régimen de Ortega “privó” a los nicaragüenses a un voto “creíble, inclusivo, justo y transparente”.
Fuente: Infobae