Alianza entre el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el acompañamiento del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, permitió medir la inversión durante el 2019.
“Medir la inversión y el gasto público que hacen 66 instituciones públicas en la niñez y la adolescencia contribuye a la toma de decisiones informadas, promueve la política pública para el cumplimiento de sus derechos en Costa Rica, por medio de la articulación de proyectos, programas y actividades a nivel país y permite dar la trazabilidad a la inversión de los fondos públicos destinados a la atención de esta población”, indicó la Ministra de Niñez y Adolescencia, Gladys Jiménez durante la presentación, este jueves 16 de setiembre, de la “Estimación de los Recursos Públicos destinados a la Niñez y la Adolescencia 2019”.
La estimación indica que el total de recursos públicos destinados a la niñez y la adolescencia durante el 2019 fue de 2.677 millones de colones, equivalente al 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB), con un promedio de 2,1 millones de colones anual por niña, niño y adolescente. Además, expone cómo se invirtieron estos recursos de acuerdo con los clasificadores del gasto según focalización, función, grupo de derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño, franja etaria y sexo.
Un 80,8% de estos recursos se destinaron en forma directa a los niños, niñas y adolescentes como la becas, comedores escolares y hospitales y un 19,2% en forma indirecta (bonos de vivienda, cuidados prenatales y otros del entrono protector); un 51,9% de los recursos se destinaron a hombres y 48,1% a mujeres.
Con respecto a las funciones del gasto, se tiene que un 53% de destinó a educación, el 23% a salud, el 8,8% a protección social, el 7,9% justicia, seguridad y servicios electorales, un 6,2% a vivienda y servicios comunitarios. Asimismo, para recreación, deporte y cultura se destinaron un 0,6% de los recursos, a protección del medio ambiente un 0,4% y un 0,1% a ciencia y tecnología.
22,7% de los recursos fueron para la primera infancia (0 a 5 años) con un monto promedio de 1,7 millones de colones por año, el 36,1% a las niñas y niños entre los 6 y 11 años con un monto de 2,2 millones de colones y el 41,2% a las personas adolescentes con una inversión de 2,4 millones de colones.
La medición expone que el 56,9% de los recursos se destina al derecho al desarrollo, educación, recreación y cultura; el 33% al derecho a la supervivencia, salud, vivienda, infraestructura, alimentación, nutrición y medio ambiente sano; el 9,7% al derecho a la protección contra el abuso, la violencia, la explotación y la discriminación y el 0,4% al derecho a la participación, acceso a la información, a los medios masivos y la participación ciudadana.
Para la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez “El derecho de los niños, niñas y adolescentes a la participación se refiere a garantizar la libertad de expresión, a emitir sus opiniones y ser escuchados, a la información y su aporte ciudadano, a desempeñar una función activa en la sociedad. Este es un derecho, cuya estimación es mínima en el 2019, pero en el que se debe invertir para que ellos y ellas tengan un rol protagónico en los asuntos que les atañen”.
“Este informe es muy importante porque permite a las instituciones contar con información sistemática y precisa para identificar cuáles son los niños, niñas y adolescentes que el país está dejando atrás al no atender de manera adecuada el cumplimiento de sus derechos. Las desigualdades sociales, agravadas por la pandemia, nos muestran la urgente necesidad de acelerar los esfuerzos de las instituciones para avanzar en la gestión del presupuesto basada en resultados y actuar para lograr el desarrollo social y económico y la inclusión social de los grupos más vulnerables como las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes, con discapacidad y en diversidad sexual”, destacó Patricia Portela, Representante de UNICEF Costa Rica.
El director del IICE, Juan Robalino, resaltó que “Es de gran relevancia contar con información acerca de cuánto se invierte en niñez y adolescencia en el país. La estimación de la inversión va más allá del gasto en educación, que, aunque es una de las funciones clave, también es importante cuantificar los recursos que se dedican a la seguridad física, la seguridad social, la salud, la cultura y otros aspectos fundamentales para el desarrollo integral de las personas menores de edad. Los resultados obtenidos de la estimación de la inversión crearán una serie de oportunidades de análisis para generar información que pueda ser utilizada como insumo para la toma de decisiones en forma oportuna”.
El IICE realizó la primera estimación del gasto público en niñez y adolescencia para el 2018 y el PANI como ente rector le corresponde implementar la metodología de estimación en forma anual. Esta segunda medición corresponde al 2019 y la estimación para el 2020 se presentará a finales de este año, ya se cuenta con el 94% de la información y se ha cuantificado el 75%. Con estas mediciones se cumple con la Observación 19 del Comité de los Derechos del Niño que promueve la eficacia, eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la adolescencia.