El ex presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, brindó una entrevista a la BBC Mundo y se refirió a la actualidad de Nicaragua, país que atraviesa una crisis política.
"No podemos tener otra Venezuela: si Nicaragua se sale con la suya, marca un precedente nefasto para América Latina", manifestó Solís.
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La ola de arrestos en Nicaragua crece sin cesar y arrastra desde políticos opositores hasta precandidatos, desde activistas hasta excompañeros de armas del presidente Daniel Ortega.
Los detenidos han sido acusados de distintos delitos -como "menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país o incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos"- en lo que muchos ven como una cruzada de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para eliminar cualquier posible competidor de cara a las elecciones de noviembre.
La comunidad internacional aumentó en los últimos días la presión sobre el gobierno nicaragüense.
Una resolución aprobada por 26 de los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y un comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, exigieron esta semana la liberación inmediata de los "presos políticos" y crear condiciones para elecciones libres y justas en Nicaragua.
Sin embargo, algunos advierten que el país centroamericano puede entrar en una crisis dilatada similar a la de Venezuela, cuyo gobierno es acusado desde hace años de perseguir a los opositores e impedir elecciones libres.
"No podemos tener otra Venezuela: si Nicaragua se sale con las suyas marca un precedente y un ejemplo nefasto para América Latina", sostiene Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica entre 2014 y2018, en una entrevista con BBC Mundo.
Lo que sigue es una síntesis, editada para mayor claridad, del diálogo con Solís, un historiador y politólogo que dirige interinamente el Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida.
¿Cómo ve los recientes arrestos de políticos opositores y disidentes en Nicaragua?
Lo considero un momento sumamente crítico en la historia del país. No es la primera vez que el régimen de Ortega comete actos de estas características: arbitrarios, injustificados, únicamente dirigidos a destruir cualquier posibilidad de recambio político en Nicaragua.
En esta ocasión, además, el desparpajo con que se están produciendo los arrestos, la evidente forma como Ortega pareciera regodearse ante la opinión pública internacional, ante la cual se muestra completamente burlón, me parece que no tiene precedentes en la historia no solamente de Nicaragua, sino de América Latina.
El Estado nicaragüense ya había sido acusado de cometer "crímenes de lesa humanidad" durante la represión de las manifestaciones contra el gobierno de Ortega en 2018. ¿Lo que ha ocurrido en los últimos días señala que el país entra en una nueva etapa?
No. Creo que el país está dentro de una situación de irregularidad política desde hace mucho tiempo. Se inició precisamente con la matanza de marzo y abril de 2018, y se profundizó a medida que el régimen continuó reprimiendo a la oposición.
Aquellos actos fueron todavía peores que los actuales, porque acabaron con más de 320 personas muertas. Fueron, como lo dicen los informes de Naciones Unidas, del grupo de expertos independientes de la ONU, y de la propia OEA, crímenes de lesa humanidad. Ahí se violó, se torturó, además de asesinar a mansalva a estudiantes indefensos.
En aquel momento estábamos ante un uso flagrante de la violencia estatal contra la ciudadanía en un momento intermedio del gobierno de Ortega.
Ahora estábamos entrando a la fase electoral, que abría la posibilidad al régimen de establecer una transición que permitiera un recambio normal y necesario en un país que está en una crisis ya no solamente económica y política, sino también sanitaria, de proporciones mayores.
En esa nueva fase el gobierno está actuando con el desparpajo que señalaba.
¿Cómo califica al gobierno de Ortega en este momento?
Lo califico como una dictadura. Es clarísimo que es una dictadura que actúa sin ningún respeto por el Estado de derecho, que no existe: lo que hay es un remedo de administración de la justicia.
Es un gobierno que no solamente ya pareciera querer perpetuarse en la figura de la vicepresidenta y esposa del dictador, sino que además quiere hacerlo sofocando todas las voces de la oposición legítima, civil y pacífica.
Muchos se preguntan qué busca Ortega. ¿Tiene una respuesta?
Soy uno de los que se encuentran confundidos por la actitud de Ortega. Porque uno hubiese supuesto que esta actitud era precisamente la contraria a la que le servía al régimen. Es decir que, enterado Ortega de la situación gravísima en que se encuentra, buscaría más bien un acomodo que hiciera posible una convivencia con la oposición en un régimen que él todavía podría controlar por medio de una significativa cantidad de diputados, etcétera.
Lo que ha hecho es todo lo contrario: ha aumentado la apuesta en el sentido de impedir que haya un recambio.
Por supuesto nos preguntamos a qué se debe eso: ¿Es miedo de parte del régimen? ¿Habrá el régimen nuevamente hecho el cálculo de que la experiencia del año '90, cuando perdieron el poder por medio de elecciones, no se va a repetir bajo ninguna circunstancia? ¿Habrán ya interiorizado para siempre aquella consigna que aprendieron de los años '80, de que "resistir es vencer"?
Francamente, hay mucha oscuridad en esa actitud.
Algunos especulan también con que el gobierno busca una transacción con la comunidad internacional, ofreciendo la liberación de los presos a cambio de que queden excluidos de las elecciones. ¿Qué piensa?
Que esa no es una transacción; eso es un chantaje.
Si el cambio es "los suelto pero me quedo en el poder", ahí no hay transacción ninguna: es una voluntad manifiesta del régimen de perpetuarse.
¿Ha reaccionado de forma adecuada la comunidad internacional frente a los hechos en Nicaragua?
Creo que ha hecho lo posible en las actuales circunstancias y que las opciones diplomáticas se están agotando.
Ha habido ya un repudio clarísimo de muchos gobiernos, una resolución condenatoria a los encarcelamientos arbitrarios de parte de la Organización de Estados Americanos, hay una preocupación manifiesta de los poderes occidentales: Estados Unidos, la Unión Europea.
Me parece que se está haciendo hasta donde se puede con los instrumentos disponibles. Faltan poquitas cosas por hacer todavía en ese marco.
Después habrá que moverse a la siguiente etapa, que podrá tener otras condiciones y características, incluida mediación internacional, a lo mejor de alguno de los países que todavía son amigos de Ortega y no se han convertido ellos mismos en gobiernos igualmente arbitrarios y dictatoriales. Tal el caso, por ejemplo, del gobierno argentino o mexicano, que quizá puedan hacer algún tipo de gestión para que haya un entendimiento que evite la violencia.
La resolución de la OEA el martes condenó los arrestos, pidió la liberación de los "presos políticos" y medidas para garantizar elecciones libres y justas en Nicaragua. Pero Argentina y México se abstuvieron, entre otras cosas invocando el "principio de no intervención en asuntos internos". ¿Esto les abre la puerta a Argentina y México para una posible mediación o les quita posibilidades de llevarla a cabo?
Imagino que el gobierno argentino y especialmente el mexicano —que tiene desde hace décadas esa tesis de mantenerse al margen de los acontecimientos, aplicando la doctrina Estrada entre otras cosas— podrían estar esperando que esta crisis requerirá dentro de pocas semanas o días que haya países que no estén ubicados en los dos lados de la línea y que ellos podrían ofrecer sus buenos oficios para lidiar entre las dos posiciones.
Pero también podría ser que simplemente estén manifestando desde antes una suerte de complicidad con Nicaragua.
Dependerá de lo que ocurra para adelante. Yo esperaría de gobiernos responsables como el de México y Argentina, donde hay entendimiento de las gravísimas implicaciones que todo esto tiene para el sistema hemisférico, un poco de acompañamiento crítico a Nicaragua.
No me imagino a ningún gobierno avalando la tesis orteguiana hoy de cárcel y palo para la oposición como una forma de alimentar una transición hacia un régimen democrático.
El principio de "no intervención" en asuntos internos también ha sido señalado por el gobierno de Nicaragua...
No acepto ese principio en este caso. Hay una manifiesta violación de los derechos humanos que ha sido constatada por órganos independientes, que empezó con una matanza, ha seguido con una represión y está hoy expresándose en cárcel ilegítima para la oposición política de manera selectiva.
No veo cómo puede un gobierno ampararse bajo la presunción de no intervención frente a actos de tanta gravedad.
¿Es posible aún alcanzar un acuerdo para celebrar las elecciones de noviembre en Nicaragua de forma legítima?
Cada vez lo veo más difícil.
La dificultad está en que, antes de hablar de las elecciones, hay que hablar de la liberación de todos los presos políticos: no solamente de los líderes de la oposición que han sido detenidos en las últimas dos semanas, sino de las más de 120 personas que siguen en las mazmorras de ese régimen desde hace meses y que han sido reclamados por sus familias sin que hayan tenido posibilidad ni siquiera de llevarles asistencia médica a algunos que han estado gravemente enfermos.
Entonces, pensar en una elección que además sea justa, que tenga observación internacional y sea legítimamente reconocida, me parece prácticamente imposible.
Pero mi espíritu democrático y cívico me hace rechazar de plano la idea de que no exista una salida pacífica a esa crisis.
¿Ve al mismo tiempo el riesgo de que en Nicaragua pase lo que ha ocurrido en Venezuela en últimos años: que la crisis se extienda y profundice indefinidamente por falta de una salida efectiva?
Sí lo veo. Es una posibilidad que está sobre la mesa y que miro con suma preocupación. Nicaragua ha seguido ese mismo derrotero.
Pareciera que los gobiernos del Alba (Alianza Bolivariana) han tenido esa característica de querer hegemonizar el sistema político y, una vez que lo tienen controlado, utilizar las instituciones judiciales y electorales para perpetuarse en el poder y finalmente convertirse en una dictadura que a sangre y fuego reprime a la gente para que no pueda opinar.
Me parece que están caminando en esa dirección y que eso es inaceptable. No podemos tener otra Venezuela: si Nicaragua se sale con la suya marca un precedente y un ejemplo nefasto para América Latina.
Los demócratas tenemos que actuar de manera concertada para hacer todo lo posible e impedir que ello ocurra.
Congresistas de EE UU piden expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica
Una iniciativa de ley respaldada por 18 congresistas demócratas y republicanos de Estados Unidos exige a la autoridad comercial de ese país que revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre la potencia norteamericana y Centroamérica, conocido como Cafta. La iniciativa ha sido presentada este jueves por María Elvira Salazar, congresista republicana por Florida, con el apoyo del demócrata Tom Malinowski, de Nueva Jersey, que justifican la medida como una respuesta a las constantes violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y la reciente escalada contra la oposición nicaragüense, que ha encarcelado a cuatro aspirantes a la presidencia, tres reconocidos excombatientes sandinistas, destacadas activistas y un importante empresario del sector financiero. “El comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, advierten los legisladores.
“Bajo Daniel Ortega, Nicaragua se ha convertido en una tierra de opresión”, ha dicho la congresista Salazar tras presentar la iniciativa. “Los matones de Ortega están encarcelando a los opositores políticos y silenciando violentamente las voces disidentes. Presenté la Ley Revisión del Libre Comercio de Nicaragua porque el comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. Debemos demostrarle al régimen de Ortega que no puede seguir reprimiendo al pueblo nicaragüense mientras cosecha los beneficios económicos del libre comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos no debería estar en el negocio de comerciar con dictadores”, agregó.
De aprobarse la propuesta, la suspensión de Nicaragua del Cafta sería un duro golpe económico para el orteguismo. Datos del Gobierno de Estados Unidos muestran que las exportaciones de Nicaragua hacia ese país han incrementado aproximadamente en un 70% desde que el tratado entró en vigor, el 1 de abril de 2006, bajo la Administración del recién fallecido expresidente Enrique Bolaños Geyer.
El documento del acuerdo establece que para que un país forme parte del tratado debe cumplir con requerimientos específicos, que incluyen garantizar un “ambiente legal” para los negocios, mantener una sana competencia, proteger los derechos de propiedad intelectual y promover “la transparencia y el Estado de Derecho”. Es precisamente en ese último punto en el que, según los congresistas, Ortega ha fallado en Nicaragua. “Daniel Ortega se ha embarcado en una violenta represión contra la democracia y encarceló a los candidatos de la oposición que se postulan para presidente. Está desmantelando las instituciones democráticas, socavando activamente los intereses de Estados Unidos y violando los derechos del pueblo nicaragüense. Revisar el cumplimiento de Nicaragua con el Tratado no solo es necesario, sino urgente”, argumentan los legisladores en un comunicado emitido la tarde del jueves.
El demócrata Malinowski ha justificado su apoyo a la iniciativa de esta manera: “Me entristece el agresivo desmantelamiento de Ortega de la frágil democracia de Nicaragua y las libertades por las que el pueblo nicaragüense tanto ha luchado. Le pido que revierta inmediatamente estas acciones y respete las leyes y la constitución de Nicaragua. Al mismo tiempo, no hay ninguna razón por la que Estados Unidos deba recompensar a su régimen con acceso preferencial al mercado estadounidense”.
Washington ya ha demostrado su recelo con el régimen de Ortega, al que ha catalogado abiertamente de “dictadura”. El Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones económicas a importantes figuras del Gobierno como respuesta a la detención de los opositores. Entre los afectados por la decisión de Washington está Camila Ortega Murillo, coordinadora de la llamada Comisión Económica Creativa e hija de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Las sanciones también incluyen a Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central; el diputado Edwin Castro Rivera, leal operador político del régimen en la Asamblea Nacional; y Julio Rodríguez Balladares, general del Ejército de Nicaragua. El Departamento del Tesoro ha justificado sus sanciones afirmando que estas personas apoyan a “un régimen que ha socavado la democracia, ha abusado de los derechos humanos, ha promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y ha tratado de silenciar a los medios de comunicación independientes”. El régimen de Ortega ha rechazado las sanciones, que ha catalogado como “injerencistas y arbitrarias”.
La iniciativa de los congresistas estadounidenses llega un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución en la que 26 países del continente condenan “inequívocamente la detención, hostigamiento y restricciones arbitrarias impuestas a candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes” en Nicaragua y exigen la “liberación inmediata de todos los presos políticos”.
En la votación se abstuvieron México y Argentina, que manifestaron preocupación por la “detención de figuras políticas de la oposición”, pero se mostraron en contra de intervenir en asuntos internos de Nicaragua. La decisión de ambos países fue criticada por Amnistía Internacional, que la ha catalogado de “inaceptable”. “El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de Derecho internacional”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. “Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández, en Argentina, y de Andrés Manuel López Obrador, en México, decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, ha agregado.
La decisión de la OEA, sin embargo, fue celebrada por Washington. Antony Blinken, secretario de Estado, ha afirmado que se trata de “un claro mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense y a su lucha para unas elecciones libres y justas, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas”. Para Blinken, “los miembros de la OEA dejaron claro que las acciones de Ortega y Murillo no tienen cabida en este hemisferio”.
Fuente: BBC Mundo - Diario El País España