China ha impuesto sanciones contra 3 individuos y una entidad de EE.UU. y Canadá, en respuesta a las restricciones que Washington y Ottawa introdujeron contra Pekín por supuestos abusos contra los derechos humanos en la región de Xinjiang.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino informó este sábado que nuevas sanciones afectarán al presidente de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés), Gayle Manchin, y al vicepresidente de la misma entidad, Tony Perkins, respecto a la parte estadounidense, así como al miembro del Parlamento de Canadá, Michael Chong, y el Subcomité de Derechos Humanos Internacionales del Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes, por parte canadiense.
Bajo las sanciones, estas personas no podrán ingresar al territorio chino, mientras que a las instituciones y ciudadanos chinos se les prohíbe hacer negocios con ellas o realizar intercambios con dicha entidad.
"El Gobierno chino está firmemente determinado a salvaguardar la soberanía, seguridad e intereses de desarrollo nacionales e insta a las partes pertinentes a entender claramente la situación y corregir sus errores", reza el comunicado.
"Deben detener la manipulación política respecto a los asuntos relacionados con Xinjiang, dejar de interferir en los asuntos internos de China de cualquier forma y evitar seguir yendo por el camino equivocado. De lo contrario, se quemarán los dedos", reiteró.
Este lunes, la Unión Europea, EE.UU., Canadá y el Reino Unido sancionaron a algunos funcionarios chinos y a una entidad, responsabilizándolos por supuestos abusos contra los derechos humanos a los que Pekín sometería a la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang. El mismo día, Pekín respondió con una medida similar contra la Unión Europea, superándola con creces en número: son 10 las personas y cuatro las entidades a las que China acusa de "dañar gravemente la soberanía y los intereses" del país, así como de difundir "maliciosamente mentiras y desinformación".
Los Gobiernos occidentales acusan a Pekín de retener a un millón de personas pertenecientes a la minoría musulmana uigur en campos de reeducación. China, por su parte, niega todas las acusaciones de abuso, señalando que los campamentos son centros de formación profesional y parte de los esfuerzos para combatir el terrorismo.