La mañana de este jueves el régimen de Daniel Ortega liberó a 222 de los 245 presos políticos de la dictadura sandinista y los desterró inmediatamente de Nicaragua.
Los opositores, que incluso llevaban meses incomunicados, fueron trasladados al aeropuerto internacional de Managua donde los esperaba un avión para llevarlos a Washington DC.
"Se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas. Dichas personas ya fueron deportadas del país para lo cual se giraron los oficios respectivos", declaró el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, a medios oficialistas nicaragüenses.
"Han sido enviadas en vuelo privado hacia Washington", confirmó Berta Valle, esposa del preso político Félix Maradiaga. El departamento de Estado de EE.UU. puso a disposición un número telefónico para que las familias puedan contactar a los presos políticos desterrados.
Entre los presos políticos liberados no figuran el obispo Rolando Álvarez ni los sacerdotes Manuel Salvador García y Leonardo Urbina Rodríguez de la Diócesis de Granada. En el caso del obispo Álvarez, fuentes de la Conferencia Episcopal han confirmado que ha sido traslado a las celdas del centro de tortura policial conocido como 'el chipote' en Managua.
Despojados de nacionalidad
El juez, quien no entregó la lista de opositores excarcelados, agregó que todos ellos fueron privados a perpetuidad de sus derechos políticos.
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios fraudulentos.
«Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública [...], así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua», dijo el juez del régimen.
«A esta hora los deportados ya están en Estados Unidos de América. Así damos por cumplida la sentencia», agregó Rothschuh.
Por otra parte, los «traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense», según la Ley 1145 aprobada por el Parlamento, controlada por el partido de Ortega, que reformó el Artículo 21 de la Constitución. La norma requiere una segunda aprobación legislativa en el segundo semestre de este año, lo que se da por descontado.
