A una semana de haber asumido la presidencia en Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva enfrentó una situación muy complicada.
Cientos de seguidores del ultraderechista Jair Bolsonaro se concentraron en Brasilia ante la indiferencia de las autoridades capitalinas, invadieron los predios del Congreso Nacional y el Tribunal Supremo (STF), para dirigirse luego al Palacio Planalto, sede del Ejecutivo, con un mismo y alucinado propósito: pedir una intervención militar que desplace a Lula del Ejecutivo.
La aventura golpista tuvo lugar una semana después de la toma de posesión, en la misma ciudad y ante una multitud alborozada por la creencia en el inicio de un cambio de época. "Es muy triste de que después de la fiesta haya ocurrido esto", aseguró el mandatario, quien se encontraba en San Pablo.
El episodio inédito en la historia política de Brasil, que incluyó la destrucción de parte del Parlamento y del STF, se mira en el espejo de la tentativa de toma del Capitolio, en 2021, por simpatizantes de Donald Trump. Aquel episodio sucedió en Washington el 6 de enero de 2021. Dos años y dos días más tarde, el bolsonarismo más radical intentó repetir la cruzada desestabilizadora.
"La izquierda ha tenido muertos, desaparecidos y torturados pero nunca tuvimos en este país noticia de que ningún movimiento invadiera el Congreso. He perdido tres elecciones y nunca un militante de izquierda hizo esto. Vamos a descubrir quiénes financiaron a estos vándalos. Pagarán con la fuerza de la ley", remarcó Lula y apuntó directamente contra Bolsonaro. "Hay varios discursos del expresidente que estimularon (a los golpistas)".
Intervención Federal
Lula decretó la intervención federal hasta el 31 de enero. Su gobernador, Ibaneis Rocha, fue calificado de incompetente. Míriam Leitão, una influyente analista, aseguró que el Gobierno del distrito capital actuaba "en connivencia" con los manifestantes. De hecho, su secretario de Seguridad Pública, era nada menos que Anderson Torres, el exministro de Justicia de Bolsonaro, quien recibió en Estados Unidos, donde disfrutaba de unas vacaciones, la noticia de su exoneración.
La prensa informó que tropas del Ejército se encontraban listas para intervenir al amparo del decreto Garantía de la Ley y el Orden (GLO). Los gobernadores de todos los estados federales expresaron su repudio por un acto calificado de terrorista. Bolsonaro, quien, desde que llegó a Estados Unidos, recuperó en Twitter parte de su verborragia, se mantenía en silencio. "Cobardemente disfrutando de sus vacaciones en Florida, siempre podrá decir que no tuvo nada que ver con el ímpetu de sus seguidores. Ahora la puerta está abierta a una reacción aún más dura por parte del Departamento de Justicia, lo que en última instancia podría beneficiar a Lula", sostuvo Folha de San Pablo.
Profecía autocumplida
El ex presidente del STF, Marco Aurélio Mello, dijo que la invasión golpista a las sedes de los tres poderes es un episodio "mucho peor" que el del Capitolio. "Estoy consternado. ¿Dónde estaba el Estado que no previó esto?".
La avanzada ultra terminó convirtiéndose en una profecía autocumplida. Para el diario carioca O Globo, "el motín en la capital es la crónica de una crisis anunciada. No faltaron las advertencias de que los campos de extrema derecha deberían haber sido desmantelados antes de que asumiera el nuevo gobierno". Días antes de la toma de posesión de Lula fue desarticulado un atentado terrorista en Brasilia. Los bolsonaristas se mantuvieron imperturbables en sus acciones frente al cuartel general del Ejército en la capital brasileña. El Gobierno entrante se dividió entre la vía represiva de grupos que buscaban alterar la el orden democrático y la creencia de que ese movimiento desestabilizador se diluiría con el correr de los días. Ese último escenario no se ha correspondido con la realidad.
El sábado, el ministro de Justicia, Flávio Dino, más proclive a resolver enérgicamente el problema surgido en el espacio público, había prometido terminar con las agitaciones antes del 6 de enero. Dino había autorizado la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad, en caso de asuntos de gravedad. La decisión fue tardía. Antes de que ese grupo de élite de Policía tomar cartas en el asunto, Brasilia ya ardía. Los simpatizantes del excapitán retirado convirtieron finalmente en acciones las palabras del exjefe de Estado que desconocieron la legitimidad de las elecciones que marcaron su salida del Gobierno. Los edificios que simbolizan el equilibrio institucional de Brasil quedaron en sus manos. La policía militar intentó frenar la embestida de los bolsonaristas con gases lacrimógenos. Los extremistas atacaron vehículos de las fuerzas de seguridad, lanzaron fuegos artificiales, barras de hierro y otros objetos contra los uniformados.
Desde el triunfo de Lula en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre, con el 50,9 % de los votos válidos frente al 49,1 % de Bolsonaro, el bolsonarismo no dejó de impugnar el resultado que ha permitido la vuelta al Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). Durante días, se bloquearon carreteras y se instigó a los uniformados a evitar el inicio de la tercera presidencia del exsindicalista.
