El Gobierno de Boris Johnson ha lanzado este jueves una carga de profundidad contra la Rusia de Vladímir Putin con una doble acusación. El Reino Unido, Estados Unidos y Canadá han emitido un comunicado conjunto en el que acusan a espías rusos de intentar usurpar la propiedad intelectual de los laboratorios y universidades que trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Downing Street, a su vez, ha expresado su certeza “casi absoluta” de que se produjeron injerencias rusas durante la campaña de las elecciones generales de 2019.
“Es completamente inaceptable que los servicios de inteligencia de Rusia tengan como objetivo a aquellos que intentan combatir la pandemia del coronavirus. El Reino Unido seguirá respondiendo a estos ciberataques y trabajará con sus aliados para que los culpables de estos actos respondan ante la justicia”, ha dicho el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab. El Ministerio de Exteriores en Moscú ha negado las acusaciones y la Embajada rusa en Londres ha señalado que el país responderá a cualquier acción británica “hostil”, informa la agencia Tass.
El Gobierno británico acusa al grupo conocido como APT29, “parte del espionaje ruso con una certeza del 95%”, de haber emprendido una serie de ataques informáticos, a partir de febrero, dirigidos a las instalaciones que desarrollan la investigación sobre una posible vacuna frente a la covid-19. Se cree que tanto la Universidad de Oxford como el Imperial College de Londres han sido parte de los objetivos.
APT29, conocido también entre la comunidad de hackers informáticos como The Dukes o Cozy Bear, mantiene su actividad desde hace años. Ha sido vinculado con los hackeos contra el Partido Demócrata estadounidense, durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2016. Los servicios de inteligencia occidentales conectan al grupo con el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), bajo jurisdicción directa del presidente Putin.
El Centro Nacional para la Ciberseguridad británico (NCSC, en sus siglas en inglés) no ha querido desvelar el número concreto de ataques, ni si habían tenido éxito, pero indica que el propósito iba encaminado más bien a la obtención de información sobre el avance de las investigaciones que al boicot de los trabajos.
El Reino Unido mantiene una posición predominante en la carrera internacional por dar con una vacuna contra la pandemia. La alianza de la Universidad de Oxford con el laboratorio anglo-sueco Astrazeneca ha manifestado su optimismo ante los futuros resultados de su investigación, en fase ya bastante avanzada.
“APT29 está utilizando un malware [del inglés malicious software, o programa informático maligno] conocido como WellMess y WellMail para apuntar globalmente a varias organizaciones. Entre ellas se incluyen algunas envueltas en el desarrollo de una vacuna contra la covid-19. WellMess y WellMail no se habían vinculado hasta la fecha con APT29″, asegura el comunicado del NCSC, que ha distribuido además un informe a las distintas instituciones para que aseguren la protección de sus sistemas informáticos.
A su vez, Raab ha desvelado que el Gobierno ha iniciado investigaciones sobre la injerencia de “actores rusos” en la campaña de las elecciones generales de 2019. Les acusa de filtrar documentos reservados sobre las negociaciones comerciales entre el Reino Unido y Estados Unidos que acabaron publicados en Internet y utilizados como arma electoral por la oposición laborista. “Sobre la base de un extenso análisis, el Gobierno ha llegado a la conclusión de que es prácticamente cierto que actores rusos buscaron interferir en las elecciones generales de 2019 a través de la difusión amplificada online de documentos gubernamentales adquiridos ilegalmente y posteriormente filtrados”, ha dicho el ministro de Exteriores en un documento remitido a la Cámara de los Comunes. El texto apareció en la plataforma Reddit, y pasó inadvertido en un primer momento. Su continua promoción en las redes logró que finalmente llamara la atención del Partido Laborista y de su entonces líder y candidato, Jeremy Corbyn. Las sugerencias de un posible desembarco de las poderosas aseguradoras médicas estadounidenses en el mercado británico, a costa del Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés), tan reverenciado por los ciudadanos británicos, pusieron en un aprieto al Gobierno conservador y al candidato Boris Johnson. La intensa relación entre el político y el presidente estadounidense, Donald Trump, fue utilizada por la oposición para sembrar dudas sobre el futuro de la sanidad pública del Reino Unido.
La información hecha pública por Raab forma parte de un extenso informe sobre las injerencias de Rusia en el Reino Unido en el que trabajó durante más de dos años la Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico, y cuya publicación, prevista para los próximos días, fue bloqueada por el Gobierno de Johnson justo antes de la celebración de las elecciones el pasado diciembre. La oposición laborista, liderada ahora por Keir Starmer, ha mostrado su disposición a colaborar con Downing Street para “proteger la seguridad nacional”.