Una grabación de menos de un minuto llevó el escándalo a las redes. Un mensaje sobre un contrato lo trasladó al terreno de las decisiones de Gobierno.
Gustavo Petro enfrenta una controversia en la que se cruzan intimidad, contratación pública y denuncias de un posible aprovechamiento del poder. En el centro está Deicy Jiménez, una joven que asegura haber mantenido una relación con él y haber recibido contratos estatales como contraprestación por encuentros sexuales.
El expresidente rechaza esa acusación. Mientras las autoridades reúnen información, las revelaciones han convertido una historia de aparente cercanía personal en una pregunta de interés público: ¿influyó esa relación en el destino de recursos del Estado?
La mujer que decidió hablar
Jiménez contó a Semana que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador y ella ejercía el trabajo sexual. Según su relato, posteriormente obtuvo contratos en entidades públicas vinculados a los encuentros que mantenía con el dirigente.
También denunció la existencia de otras mujeres en circunstancias semejantes. Esa supuesta red forma parte de los señalamientos que deben esclarecerse; su dimensión y funcionamiento no pueden darse por establecidos a partir de su testimonio.
El pasado de Jiménez tampoco determina la credibilidad de su denuncia ni reduce sus derechos. La investigación deberá contrastar su versión con comunicaciones, documentos y testimonios.
Qué muestra el video y qué falta demostrar
La grabación difundida por Jiménez muestra un acercamiento íntimo atribuido a ambos. Ella la presentó como respaldo de su relato.
Sin embargo, acreditar cercanía personal y demostrar un intercambio de contratos por encuentros sexuales son cuestiones distintas. Las imágenes, por sí solas, no establecen las condiciones de una contratación ni prueban que existiera esa contraprestación.
Petro respondió que nunca utilizó contratos estatales para obtener favores. También cuestionó la divulgación del material y sostuvo que las acusaciones deben resolverse ante la justicia.
El mensaje que añadió una pieza al caso
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol divulgó una conversación de diciembre de 2025 atribuida al entonces presidente y a Angie Rodríguez, quien dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre.
Según el reporte, Petro envió un archivo con el nombre de Jiménez y pidió mantenerla vinculada mediante un contrato en el Ministerio del Interior.
Rodríguez confirmó posteriormente a Semana la autenticidad de la conversación y manifestó su disposición a entregar sus chats a la justicia.
El mensaje resulta relevante porque apunta a una posible intervención del mandatario en la continuidad contractual de una persona que lo señala. Pero determinar su contexto, su efecto administrativo y si estuvo relacionado con una exigencia sexual requiere investigación.
Los montos: una precisión necesaria
En medio del escándalo también circulan cifras que necesitan contexto.
Los documentos contractuales descritos por medios colombianos sitúan un contrato de 2025 alrededor de 11,15 millones de pesos colombianos en total. Para 2026, otro tenía un valor total de 30,46 millones, con pagos mensuales previstos de aproximadamente 2,65 millones.
Por tanto, no corresponde presentar los 11 y los 30 millones como remuneraciones mensuales.
El supervisor de esas vinculaciones, Tito Lovo Carretero, sostuvo, en declaraciones recogidas por Red+, que Jiménez cumplía el perfil requerido. También dijo desconocer si había llegado recomendada y explicó que la asignación de contratistas dependía de la alta dirección.
Es una versión que debe incorporarse al contraste de las denuncias.
El cuestionamiento que incomoda al progresismo
La oposición ha aprovechado políticamente el caso. Sin embargo, las críticas también proceden de mujeres de izquierda y de voces feministas.
Jennifer Pedraza ha pedido investigación y protección para Jiménez. Alexandra Vásquez ha reclamado coherencia y una discusión interna sobre la instrumentalización de las mujeres. La Silla Vacía documentó, además, las dificultades de dirigentes del Pacto Histórico para fijar una posición.
El debate plantea si una relación estuvo atravesada por dependencia económica o capacidad de influir en oportunidades laborales.
Una diferencia de edad o de posición social no demuestra automáticamente coacción. Pero cuando se denuncia que una oportunidad contractual dependía de encuentros sexuales, corresponde examinar cómo se ejerció el poder y qué libertad real existía para aceptar o rechazar.
Lo que sigue pendiente
Las actuaciones conocidas incluyen la extracción forense del celular de Jiménez, la búsqueda de documentación contractual y citaciones para ampliar las versiones de los involucrados.
Esas diligencias buscan establecer hechos y responsabilidades; no equivalen a una declaración de culpabilidad.
El video explica buena parte de la atención pública. Los contratos y las comunicaciones pueden ayudar a resolver la cuestión de fondo: si hubo decisiones estatales legítimas o si, como denuncia Jiménez y niega Petro, el poder público se utilizó para obtener beneficios personales.
