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La publicación de un video privado abrió un nuevo capítulo en la controversia que enfrenta el expresidente colombiano Gustavo Petro. Deicy Jiménez, una excontratista del Estado de 26 años, divulgó las imágenes después de denunciar que el exmandatario presuntamente habría utilizado contratos públicos para retribuir encuentros sexuales.

El centro del caso va más allá de la vida personal de un dirigente político: las autoridades deberán establecer si existió alguna relación irregular entre los vínculos que describe la denunciante y su contratación en entidades estatales.

Jiménez sostiene que la grabación respalda su relato. Sin embargo, el video, por sí solo, no demuestra que se hayan intercambiado contratos por relaciones sexuales. Su fecha, contexto e integridad deberán ser examinados dentro de la investigación.

La denuncia ya motivó actuaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia. Este jueves se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte ordenó una inspección en la Secretaría General del Senado para obtener información sobre los contratos de Jiménez. También estaba prevista una diligencia de análisis forense de su teléfono celular.

Los registros de contratación citados por la prensa muestran vinculaciones de Jiménez con el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia. La existencia de esos contratos es un elemento verificable; determinar si tuvieron un origen ilícito es precisamente una de las preguntas que debe resolver la investigación.

Petro rechazó los señalamientos y aseguró que nunca utilizó recursos contractuales del Estado para obtener beneficios personales. También defendió que las mujeres que trabajaron durante su administración llegaron por sus capacidades y méritos.

Su defensa cuestionó la difusión de una grabación cuyo origen y contexto todavía deben verificarse, y sostuvo que en las imágenes no aparece una decisión administrativa que permita acreditar el supuesto intercambio denunciado. El expresidente anunció que responderá ante las autoridades judiciales y respetará la reserva del proceso.

El caso tiene, además, una preocupación por la seguridad de la denunciante. Su anterior abogado anunció que se apartaba tras recibir amenazas. La nueva representante, Dina Luz Malo, informó que Jiménez cuenta con protección y que pondría el material a disposición de las autoridades.

Mientras las imágenes circulan en redes, el desafío judicial consiste en reconstruir hechos, fechas y decisiones de contratación. La cercanía personal que pretende mostrar una grabación y la posible utilización irregular de fondos públicos son cuestiones distintas, y cualquier responsabilidad deberá sustentarse en pruebas sometidas a verificación.

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