El fabricante aeronáutico llega a un acuerdo con el departamento de Justicia de Estados Unidos.
Boeing se declarará culpable de conspiración para estafar al gobierno de Estados Unidos después de haber infringido un acuerdo con el departamento de Justicia a raíz de dos accidentes fatídicos que implicaron su avión 737 Max y resultaron en la muerte de 346 personas en dos vuelos a Indonesia y Etiopía, según ha publicado el diario Financial Times a raíz de una declaración judicial de la Fiscalía.
Boeing ya admitió en el 2021 haber engañado a los reguladores federales de aviación sobre los errores de software de este modelo y ahora la justicia estadounidense ha castigado a la compañía por incumplir los compromisos que había firmado.
El grupo estadounidense se enfrenta a una multa de 487,2 millones de dólares, el máximo fijado por ley, de acuerdo con una fuente citada por el rotativo.
De todas formas, se espera que Boeing acabe pagando la mitad de esa suma porque la compañía ya ha pagado 243,6 millones de dólares por este mismo asunto. La información del Financial Times. Sin embargo, avisa que este acuerdo no implicaría ningún tipo de inmunidad para los ejecutivos acusados por el escándalo de seguridad.
Un abogado de las familias de las 346 personas que murieron en los accidentes del 737 Max –en la costa de Indonesia en el 2018 y en Etiopía en el 2019– calificó este pacto de "acuerdo amoroso", que no logra hacer responsable Boeing. Tras los accidentes, este modelo de avión estuvo detenido en todo el mundo durante casi dos años.
"El acuerdo de declaración hace concesiones injustas a Boeing que otros acusados criminales nunca recibirán", argumentaron las familias en un documento judicial. "Como resultado, el generoso acuerdo de declaración se basa en premisas engañosas y ofensivas", reivindicaron.
Por otra parte, el Financial Times explica que, según el acuerdo propuesto, Boeing deberá invertir al menos 455 millones de dólares en los próximos tres años en mejorar los programas de cumplimiento y seguridad, y colaborar con un supervisor independiente elegido por el departamento de Justícia.