El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que solicitará formalmente a la Asamblea Legislativa un permiso para ausentarse del cargo a fin de poder competir por la reelección a la presidencia de la nación centroamericana el próximo año.
El 22 de noviembre el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador rechazó los últimos recursos en contra de la inscripción de la candidatura de Bukele que alegaban que violaba lo dispuesto por la Constitución en relación a los requisitos para que una persona pueda postularse.
La Constitución de El Salvador indica en su Artículo 152 que no podrá aspirar a ser presidente: “El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.
Sin embargo, a pesar de que de Bukele ha ejercido como presidente del país por más de seis meses -un hecho que lo inhabilita a la reelección- el tribunal electoral dio luz verde a su candidatura basado en una jurisprudencia de la Corte Suprema de 2021 que determinó que el mandatario sí puede aspirar a la reelección pero que debe ausentarse del cargo por los últimos seis meses de su periodo.
Los jueces del tribunal electoral de El Salvador fueron designados por la Asamblea Legislativa, el máximo órgano deliberativo del país, la cual es dominada ampliamente por el partido Nuevas Ideas de Bukele.
En un discurso transmitido en vivo por los medios de comunicación, Bukele anunció que solicitaba formalmente la licencia "para dedicarme a la campaña", pero no dijo quien sería su reemplazo temporal.
Presumiblemente, la ausencia de Bukele sería cubierta por el vicepresidente Félix Ulloa. La Constitución dice en su Artículo 155 que “en defecto del Presidente de la República, por muerte, renuncia, remoción u otra causa, lo sustituirá el Vicepresidente”.
Las políticas de mano dura y el estado de excepción detrás de la popularidad de Bukele
Bukele cuenta con una amplia popularidad entre los votantes de El Salvador impulsada en gran parte por sus políticas de mano dura contra las pandillas que azotaban el país que han logrado a una notable reducción de los delitos violentos en el país.
Sus críticos, sin embargo, señalan que el estado de excepción que Bukele obtuvo de la Asamblea Legislativa ha restringido los derechos constitucionales de los salvadoreños y que sus políticas de mano dura han afectado a ciudadanos inocentes.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó por primera vez el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, meses antes de que Bukele cumpliera tres años en el poder, como respuesta al alto nivel de violencia vivido en el país en los días anteriores en los que ocurrieron 76 homicidios en 48 horas.
El régimen de excepción que rige desde entonces limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser informada de sus derechos y los motivos de su arresto y su derecho a ser asistido por un abogado. Además amplía de 72 horas a 15 días el plazo máximo de detención preventiva y suspende el derecho a la privacidad a las comunicaciones, incluyendo las electrónicas.
Según la Constitución de El Salvador, el estado de excepción tiene una duración de 30 días, pero puede ser prorrogado mientras aún existan las causas que llevaron originalmente a su instauración, lo cual ha ocurrido desde entonces.
Organizaciones de derechos humanos en El Salvador señalan que durante el régimen de excepción, se han presentado cerca de 6,000 denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos. La mayoría de los casos están relacionados con detenciones arbitrarias y muertes en las cárceles.
Sin embargo, con un apoyo del 90%, Bukele es el mandatario más popular de América Latina según el estudio anual para 2023 de la organización sin fines de lucro Latinobarómetro, el cual también señala una notable merma en el apoyo a la democracia en la región.