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Tenso momento político y social se vive en Panamá. Una decisión que no cayó muy bien ha provocado una crisis. 

Debido a las constantes manifestaciones y cierres de calles que se desarrollan en territorio panameño en rechazo del contrato minero con una compañía canadiense, los camiones con productos alimenticios para abastecer los principales mercados del país canaleros no han podido llegar a sus destinos. 

Así se detalla en una nota publicada por el Diario TVN de Panamá.  

 

En Merca Panamá, se comienzan a ver estos efectos sobre todo en los principales pestos de venta al mayoreo, en donde solo cuentan con algunas papas y cebollas al igual que otras verduras. Sin embargo, productos como la lechuga, repollo, zanahoria y tomate están escasos dado que gran parte de estos provienen de Tierras Altas en Chiriquí.

De acuerdo con algunos productores, esta semana no han llegado productos hasta que se resuelva esta situación y que casi no quedan productos en el lugar. 

Por su parte, algunos carretilleros manifestaron que desde las 5:00 a.m. han estado dando vueltas por el lugar y no han podido conseguir nada. Se encuentran preocupados porque no pueden llevar el sustento a sus hogares.

Por otra parte, en Merca Chitré, desde tempranas horas las personas han formado largas filas a la espera de obtener productos esenciales de la canasta básica como el arroz.

El mercado cuenta con cuartos fríos que han evitado que se genere el desabastecimiento de legumbres y otros artículos, en donde el pasado lunes 23 de octubre se dio un gran abastecimiento que se almacenó en estos cuartos.

Por este motivo, el lugar podría contar con productos por unos dos o tres días más. Sin embargo, tampoco están llegando nuevas mercancías desde Tierras Altas a raíz de estos cierres. 

MOLESTIA 

Las protestas son contra el contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar en el país la mina de cobre más grande de Centroamérica.

Las protestas fueron convocadas por sindicatos, ambientalistas y organizaciones indígenas, luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionara el viernes la ley que establece el contrato, aprobada pocas horas antes por el Congreso.

Los manifestantes piden la derogación de la ley que selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.

El nuevo contrato contempla aportes mínimos anuales de 375 millones de dólares de la minera al Estado panameño, diez veces el monto del acuerdo anterior. «Es una mejora sustancial», argumentó este lunes el ministro de Comercio, Federico Alfaro.

Sin embargo, algunos sectores se oponen porque consideran que el contrato es «inconstitucional» y los aportes de la compañía al Estado son insuficientes, además de representar una amenaza para el medio ambiente.

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