El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015) se declaró culpable este miércoles de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en una trama de corrupción acontecida durante su Gobierno y fue condenado a ocho años de prisión.
"Acepto la responsabilidad porque debía estar enterado de las irregularidades", declaró Pérez Molina ante la jueza Eva Recinos, titular del Tribunal de Mayor Riesgo "B" del Organismo Judicial guatemalteco.
“Yo no vine aquí a presentar excusas, ni a defenderme. Yo por eso pedí la audiencia de aceptación de cargos”, dijo el expresidente, aunque rechazó haber recibido sobornos o regalos comprados con fondos públicos.
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La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló, en 2015, al expresidente de dirigir una estructura criminal que recibió 500 millones de quetzales (63 millones de dólares) en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en diversas instituciones estatales.
Pérez Molina, de 72 años, decidió aceptar los cargos para poder obtener una reducción de penas por los delitos de los que se le acusa.
El Ministerio Público (Fiscalía) había solicitando una pena de 22 años de prisión y una multa de 4 millones de quetzales (500 mil dólares).
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La jueza Recinos decidió condenar al exmandatario con una pena de ocho años de prisión.
Pérez Molina renunció al cargo en 2015 tras varias acusaciones de corrupción y protestas masivas que exigían su salida del gobierno junto a todo su gabinete.
En 2022, el exmandatario fue condenado a 16 años de prisión por un caso de defraudación aduanera ocurrida entre 2012 y 2015, conocido como “La Línea” y el cual provocó la caída de su gobierno.
Durante el Gobierno de Pérez Molina, la Cicig descubrió al menos una decena de organizaciones criminales incrustadas en el Estado y desató una inédita lucha contra la corrupción entre 2015 y 2019, que permitió la condena de empresarios y funcionarios por diversos delitos.