Los chilenos decidieron este domingo por una aplastante mayoría del 78,2% reemplazar su actual Constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando se ha escrutado casi el 87% de los votos en el histórico plebiscito surgido de las protestas de octubre 2019.
Sobre el órgano que debe escribir el nuevo texto, la otra pregunta que se planteó en la votación, se impone con un 79,24% la opción de la convención constitucional, que estará integrada solo por ciudadanos electos para ese fin y será paritaria, según los últimos datos ofrecidos, que se presumen irreversibles, informados por el Servicio Electoral de Chile (Servel).
La opción del rechazo al cambio constitucional recibió un 21,8% de los votos, mientras que la opción de que la nueva Carta Magna la elabore una convención mixta formada por parlamentarios y ciudadanos electos obtuvo el 20,76% de los votos.
Las 155 personas que integrarán la convención ciudadana que redactará la nueva Constitución serán elegidas por votación popular el 11 de abril del año que viene y a partir de entonces tendrán un margen de nueves meses, prorrogables una sola vez por tres meses más, para elaborar el nuevo texto de la nueva Carta Magna.
El texto resultante será sometido a un nuevo referéndum, ya en 2022, que será de voto obligatorio y en el que los ciudadanos decidirán si lo aprueban o rechazan.
"Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente, por primera vez con plena igualdad entre hombres y mujeres, para acordar una nueva Constitución para Chile", dijo el presidente del país, Sebastián Piñera, en una intervención pública desde la sede del Gobierno, dando la victoria a la opción del cambio de Carta Magna cuando apenas se había escrutado el 20% de los votos.
Más de 14,7 millones de chilenos fueron llamados a acudir a las urnas en una votación que se celebró en plena pandemia del nuevo coronavirus y colmada de restricciones sanitarias y protocolos para evitar posibles rebrotes.
El último dato de participación ofrecida por el Servel es del 41,06%, en línea con la que ha registrado el país en sus diferentes comicios desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012, ya que nunca logró más del 50% del censo electoral.
Los chilenos acudieron hoy a las urnas dispuestos a reconstruir el pacto social que quedó profundamente cuestionado con los disturbios que estallaron hace más de un año. Tanto los portavoces del Gobierno de Sebastián Piñera, como el director del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, destacaron el alto interés que mostraban los ciudadanos por votar en el plebiscito que decidía si se sustituye o no la Constitución redactada por el régimen militar del general Augusto Pinochet.
Santamaría fue extraordinariamente optimista. "Va a ser el proceso de participación más grande desde el 2012 cuando se estableció el voto voluntario", sostuvo en una entrevista radiofónica. "Nos da la impresión de que vamos a superar la votación más alta de los últimos ocho años que fue la que eligió al presidente Piñera con el 49,2% de los votos".
La participación electoral es uno de los grandes desafíos de la política chilena. Hasta 1973, en el país regía el voto obligatorio. Era imprescindible demostrar que se había votado en las elecciones para abrir una cuenta bancaria o realizar otros trámites. El sistema, sin embargo, fue objeto de una de las contradicciones institucionales que marcaron el fin de la dictadura del general Pinochet y el comienzo de la transición a la democracia. El Tribunal Supremo chileno dictaminó que la inscripción en el registro electoral -quemado por los militares en 1973 y rehecho en 1988- era voluntaria, pero el voto, según la tradición chilena, seguiría siendo obligatorio.
Esto provocó una enorme deserción electoral de las nuevas generaciones, que rechazaron inscribirse para no tener que adquirir la obligación compulsiva de votar. En 2012, fecha en la que se corrigió esta situación y se estableció el empadronamiento automático y el voto voluntario, se había acumulado un número nada despreciable de chilenos adultos que, en realidad, no ejercían como ciudadanos, puesto que no votaban: un poco más de cinco millones de personas que no se habían inscrito desde 1988.
Esta es la razón por la que el registro electoral chileno saltó de los 8.285.186 votantes de las elecciones presidenciales de 2009, que ganó Sebastián Piñera, a los 14.796.197 habilitado para sufragar ayer.
La participación electoral era un factor importante en el referéndum de este domingo, puesto que muchos analistas han subrayado la falta de compromiso con el sistema como una de las razones que contribuyeron a los disturbios de 2019 que se extendieron por más de seis meses con rebrotes puntuales como el ocurrido hace dos semanas cuando dos iglesias fueron quemadas en la capital Santiago de Chile.
"Si hoy tenemos una altísima votación a la que no estábamos acostumbrados hace ocho años, tenemos que darnos por satisfechos", dijo Santamaría.
Los cálculos de Santamaría podían estar sesgados porque muchos chilenos se dieron prisa por sufragar antes de las 14 horas, momento en que comenzó un tramo especial de tres horas en que las personas mayores de 65 años o incluidas en grupos de riesgo ante la Covid-19, tenían preferencia para votar.
Lo que está en juego en el referéndum chileno era una doble cuestión: ¿Se debe sustituir o no la Constitución de 1980? Y, en el caso de aprobar la sustitución, ¿quién debe redactar el nuevo texto, una asamblea plenamente elegida o una convención mixta formada por ciudadanos elegidos y parlamentarios en ejercicio?
El pacto constitucional fue una operación patrocinada por el presidente Sebastián Piñera para aplacar el estallido social originado el 18-O. Fue una válvula de escape diseñada in extremis cuando la mayoría de los dirigentes de oposición había adoptado una posición táctica en la que creían que el Gobierno caería, victima de su impopularidad y los errores cometidos a la hora de enfrentar la violencia. Piñera fue muy criticado porque, en la madrugada que siguió al 18-O, dictó el Estado de Emergencia y habló de que las protestas habían desatado "una guerra".
La decisión de Piñera de aceptar la sustitución de la Constitución provocó la división de las fuerzas que lo apoyan. La derecha chilena considera que la Carta Fundamental de Pinochet ha sido clave en la prosperidad alcanzada por el país en los últimos 40 años. El texto ya no es el mismo que aprobó el dictador y varias de las instituciones políticas que establecía han sido eliminadas en más de un centenar de reformas (las más importantes en 1989 y 2005). De hecho, la centroizquierda ha gobernado con este texto 22 de los últimos 30 años, y la derecha sólo lo ha hecho 8. La izquierda extrema, en cambio, siempre ha repudiado el documento.
Uno de los autores de una de las reformas más profundas de la Constitución de Pinochet fue el ex presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) quien ahora se muestra partidario de una sustitución total del texto de 1980. "Estamos aquí frente a la posibilidad de redactar la Constitución que queremos", dijo Lagos en el momento de sufragar.
El ex líder socialista dijo que el plebiscito se celebra después del estallido social de octubre de 2019 y en medio de una pandemia que plantea un desafío inmediato que es restaurar el crecimiento económico para que el desempleo disminuya. El mercado laboral chileno está en una mala situación. Los disturbios de 2019 no fueron gratuitos. En marzo, el desempleo llegó al 8,2%, cifra en la que aún no se reflejaba el impacto de la pandemia, y que contrastaba con el pleno empleo que se registraba un año antes. En julio, ya con la pandemia desatada, el paro llegó al 13,1% de la población.
Fuente: Diario El Mundo España