Armados con escopetas y pistolas, pobladores de San Vicente Pacaya, en el sur de Guatemala, se organizaron para patrullar las calles con el fin proclamado de combatir la violencia y, más recientemente, evitar contagios del nuevo coronavirus que ha causado la muerte de unas mil personas en el país.
Montados en motocicletas o vehículos, todos los días grupos de vecinos en este poblado a 20 km al sur de la capital, asentado en las faldas del volcán de Pacaya, hacen recorridos para exigir a la población el uso obligado de mascarillas y que respeten el toque de queda nocturno.
En uno de los ingresos del municipio, los pobladores construyeron dos garitas de seguridad con vidrios blindados por la violencia que los golpeaba y que ahora sirve también como área para desinfectar automotores, tomar la temperatura y proporcionar alcohol en gel a los vecinos.
Los «patrulleros», como se hacen llamar las personas que brinda seguridad, están organizados en la Sociedad Civil Pacaya y, según dijo el presidente del grupo, Carlos Ronquillo, cuentan con el apoyo de la policía.
Ronquillo detalla que cuando alguien está violando las restricciones establecidas por el presidente Alejandro Giammattei y se vuelve violento llaman a los uniformados.
Muertes, pandemia y economía
Debido a la pandemia reconoce que la economía ha empeorado por la ausencia de turistas en esta pequeña ciudad de 17 mil personas, en su mayoría dedicadas a trabajar en maquilas y la agricultura, en especial al cultivo de café y aguacate.
Asegura que gracias a las medidas sanitarias implementadas solamente seis personas han dado positivo en el lugar y de ellos dos se han recuperado en ese pueblo constantemente amenazado por la furia del volcán de 2 mil 552 metros de altura, que junto al de Fuego y Santiaguito son los tres activos en este país.
Datos oficiales indican que en el país más de 24 mil personas han dado positivo al Covid-19 y de ellas 1 mil 4 han fallecido.
Grupos de este tipo más allá de proteger pueden llegar a tomar el control de la zona. Según Eddie Cux, de la organización anticorrupción Acción Ciudadana, surgen en Guatemala ante la ausencia del Estado, que no protege eficazmente a las comunidades de la amenaza de la delincuencia.