La Coalición Nacional de Nicaragua solicitó a Naciones Unidas que tome medidas con urgencia frente al caso de Nicaragua,por el peligroso escalamiento de la crisis sanitaria por Covid-19 debido a la desidia del régimen de Daniel Ortega en su manejo.
Entre las medidas solicitadas está la venida de un enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas que contribuya iniciativas, para una efectiva solución a las crisis de derechos humanos y sanitaria que se prolongan en Nicaragua y también amenazan al el resto de Centroamérica.
La Coalición Nacional dirigió la solicitud mediante una carta al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, reiterando su preocupación por el peligroso escalamiento del Covid-19, sumado a la crisis humanitaria, de origen político, que vive el país a partir de la violenta represión gubernamental a las protestas sociales de 2018.
"Es de destacarse que actualmente se mantienen más de 85 presos políticos secuestrados por el régimen, todo lo cual requiere de la urgente atención de la comunidad internacional", cita la carta.
Para la Coalición Nacional, la desatención del régimen de Daniel Ortega respecto a las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante la pandemia del COVID19, ha agravado la crisis sanitaria. Sería mucho menos lo que el pueblo tendría que sufrir, si se hubiesen tomado medidas de prevención más estrictas, a como lo hicieron algunos países de la región, establece la Coalición Nacional.
En Nicaragua no se han cerrado las fronteras, no se ha declarado cuarentena, suspendido clases de primaria, secundaria ni universidades y contrario a la gravedad de la crisis, el régimen sigue promoviendo actividades de concentración masiva. «La omisión criminal del régimen ha contribuido a la expansión del contagio hasta llevarlo a una situación de riesgo y muerte masiva que, tal como lo expresara el Papa Francisco, podría catalogarse como la promoción de un “genocidio virósico”, dice la misiva.
La Coalición reitera que esta situación ya representa una amenaza transfronteriza para todo Centroamérica, en términos de migración, comercio, manejo responsable de la pandemia y seguridad democrática, hasta constituir una amenaza regional.
La solicitud de medidas la hacen bajo el principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P), que implica proteger a las poblaciones de crímenes atroces y violaciones de sus derechos humanos, basado en el respeto a las normas y principios del derecho internacional.
Fuente: Diario La Prensa Nicaragua