Jorge Robledo, senador del Polo Democrático explica su postura frente a Uber. Señala que la empresa multinacional debe reconocer que es una empresa de servicio de transporte y acogerse a la normatividad que existe en el país sudamericano. Asegura que no está en contra del uso de plataformas tecnológicas.
¿Hacia dónde debe avanzar el país en materia de regulación para plataformas como Uber, Didi o Beat?
Este no es un debate sobre si se usan o no plataformas. Todos estamos de acuerdo con que se usen. Tampoco es un debate sobre si debe mejorar el servicio de taxis, porque también estamos de acuerdo. El debate es sobre si el transporte público, los taxis, es un servicio público o no. Porque si son un servicio público, todo aquel que lo preste debe actuar ajustado a la Constitución y la ley, que es lo que no sucede. Ni Uber ni las otras plataformas semejantes actúan dentro de la ley, eso está legalmente comprobado. La solución es que esas empresas se sometan a la ley.
Pero la posición de estas empresas es que no son un servicio de transporte, sino una plataforma que conecta usuarios...
Hay que partir de la base de que son empresas de transporte. Uber es una empresa que define qué vehículos usa, quiénes son sus conductores, las tarifas y la comisión; o sea, define todo lo de una empresa de transporte, luego, es una empresa de transporte. Ese es un hecho. Lo que pasa es que como el negocio de Uber es la ilegalidad, no puede aceptar que es una empresa de este tipo. Eso la pone en un callejón sin salida, porque si no es una empresa de transporte, no puede reglamentarse. Lo primero que debe hacer Uber es reconocer que es una empresa de transporte.
¿Considera que el primer paso para la reglamentación es que Uber y las demás se reconozcan como empresas de taxis?
Es que es una empresa de ese tipo, sino que viola todas las leyes. Que sea servicio público quiere decir que está reglamentada en defensa del consumidor, como están reglamentadas la educación, la salud, el sector financiero o el resto de transporte, como camiones y buses. Como Uber no está reglamentada, viola las leyes sobre empresas, plataformas y servicio público, viola el reglamento de tarifas; que es una violación del Código Penal, porque cuando fija tarifas, usurpa funciones públicas. Eso da cárcel entre 16 y 36 meses. Para que haya una reglamentación, tiene que ser dentro del sistema de servicio público de transporte, pero si Uber se niega a serlo, no hay cómo reglamentarla.
Para usted, ¿cuál es el mensaje que se envía desde el Estado colombiano hacia esas empresas de tecnología similares a Uber, luego de la decisión de la SIC?
Que deben cumplir con las normas de Colombia. Hay otros países en donde estuvieron estas empresas y ya no están porque no cumplieron. No están en Italia, Francia, Dinamarca, Finlandia y en casi ninguna parte de Alemania, porque no quisieron aceptar que eran empresas de servicios públicos. La solución empieza si reconocen que son empresas de este tipo. Si hay que hacer modificaciones a las leyes, se hacen, pero dentro del marco regulatorio. No es serio que Uber diga que no es una empresa de transporte, porque es tratarnos como si no entendiéramos nada.
También se ha abierto el debate sobre los requisitos que deben cumplir los taxistas, el pago del cupo y seguros para protección de pasajeros. ¿Qué se debe corregir en asuntos como los cupos, que tienen precios volátiles?
Los cupos existen en Colombia y en otros países, diría yo, que por fallas en la reglamentación, pero es lo que hay. Cualquier cambio que se vaya a hacer, en el caso de los amarillos, tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Pero tiene que estar todo el mundo dentro. Son temas distintos, en el mundo de los taxis, sin duda, hay que hacer modificaciones.
Pero no se puede desconocer que muchos colombianos viven de Uber y otras plataformas, ¿cómo darles una alternativa?
En la medida en que Uber reconozca que es una empresa de transporte, se pueden ver las otras situaciones. Mi posición no es en contra de los conductores de Uber, que son unas víctimas. Uber se inventa el cuento de que son socios; no son socios, qué socios van a ser si Uber impone todas las condiciones, les impone el cobro abusivo del 30 % de cada carrera. Los conductores de Uber no tienen la más remota posibilidad de cubrirse de seguridad social, les están quitando los pases y sancionándolos por años porque Uber los empuja a estar por fuera de la norma. El negocio de Uber, quiero insistir, es la ilegalidad. Uber llegó a Colombia sabiendo que venía a violar la ley. Si acepta que es una empresa de transporte, tiene que darles seguridad social a sus conductores; por eso no lo aceptan.
Su pelea es la garantía de las condiciones laborales de los trabajadores de Uber, ¿cómo se garantiza esa seguridad social de taxistas que trabajan con carros que no son de ellos, que tampoco tienen los mínimos laborales?
Eso también toca arreglarlo. Todo lo que no esté funcionando bien en el sector debe corregirse. Todos los conductores de taxis deben tener derecho a la seguridad social, a salud, pensión, vacaciones... Pero hay que empezar desde el reconocimiento y la actuación dentro de la Constitución.
¿Como está el ambiente en el Congreso para regular?
El Gobierno anterior sacó un decreto reglamentando Uber, pero esta no se quiso acoger porque decía que no es una empresa de transporte. En el Congreso ya está en marcha un proyecto para reglamentar ese tipo de plataformas, pero a Uber nada de lo que se haga en materia de transporte le afecta, porque no se reconoce como tal. Quien ha cerrado las puertas a cualquier solución es Uber. Es como si usted tiene un hospital y niega que es un hospital. La ilegalidad de Uber ya está probada.
¿Se espera que la acción en contra de Uber se replique contra las demás plataformas?
Son decisiones de las autoridades, pero no sorprendería.
Fuente: El Espectador