Once jugadores de El Salvador acusados de encubrimiento en lavado de dinero y asociaciones ilícitas

La Fiscalía General de la República salvadoreña presentó este viernes un requerimiento ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador por el delito de encubrimiento de lavado de dinero y activos y por el delito de caso especial de asociaciones ilícitas contra 11 exjugadores salvadoreños. La información la adelantó el Diario El Gráfico. 

También presentó requerimiento, en el mismo juzgado, contra tres extranjeros, entre ellos un exfutbolista salvadoreño nicaragüense, por el delito de lavado de dinero y activos. 

Los once jugadores contra quienes se presentó requerimiento  son  Miguel Montes, Dennis Alas, Marvin González, Miguel Granadino, Darwin Bonilla, Ramón Sánchez, Mardoqueo Henríquez, Dagoberto Portillo, Osael Romero,  Cristian Castillo y Carlos Romeo Monteagudo. 

Los primeros diez fueron separados  de toda actividad relacionada con el fútbol federado de por vida en septiembre pasado por la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), acusados de amañar partidos de la selección nacional entre 2010 y 2013.  El último recibió una sanción de 18 meses, de los cuales ya cumplió 12, por  su involucramiento en esos hechos.

Sin embargo, la FESFUT nunca individualizó públicamente por el amaño de cuáles partidos fue suspendido cada uno ni su grado de participación en las posibles conjuras.

Lo único que estableció fue que entre todos ellos se concentraban las responsabilidades por el amaño de los partidos contra Estados Unidos en Tampa en 2010, DC United en Washington en 2010, México en Arlington en 2011 y contra Paraguay en Asunción en 2013.

Mientras, los tres extranjeros contra quienes se presentan cargos por lavado son el malí radicado (y actualmente detenido) en Singapur Gaye Alassane, el nicaragüense Yasser Araúz  y el exfutbolista y seleccionado nicaragüense de origen salvadoreño Armando Collado. 

Alassane cumple condena en Singapur por el delito de arreglos de partidos de fútbol, mientras que Collado fue separado de por vida del fútbol por la federación de su país y por la FIFA bajo la misma acusación. En tanto, Araúz Rojas estuvo involucrado, al igual que Alassane, con la Empresa Exclusive Sports, la cual firmó un contrato con la FESFUT para organizar un amistoso entre El Salvador y Costa Rica en octubre de 2010.  

Esta empresa era propiedad de Wilson Raj Perumal,  mafioso quien ha confesado haber participado en este tipo de ilícitos.

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador  tiene 72 horas para realizar la audiencia inicial y si para ese entonces no se han presentado los imputados o su representante legal, el juez definirá si se gira orden de captura. También definirá las medidas a tomar con los extranjeros que han sido imputados.

Julio Arriaza, director de la Oficina de Intereses de la Sociedad de San Salvador  de la Fiscalía General de la República, indicó ayer, en una entrevista con EL GRÁFICO, el tipo de pruebas que fueron presentadas ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. “Hay una gama de elementos probatorios para establecer estos hechos delictivos. Tenemos prueba documental, científica, testimonial,  confesiones de jugadores e informes de cuentas de bancos.”

Mauricio Aguilar, de la fiscalía, explicó en la misma entrevista  con esta redacción que las pruebas incluyen seis remesas por 2 mil dólares cada una de parte de Gaye Alassane para los entonces seleccionados nacionales Marvin González, Dagoberto Portillo, Mardoqueo Henríquez, Dennis Alas, Miguel Montes y Ramón Sánchez,  recibidas el 4 de enero de 2011.   

“Estos jugadores recibieron dinero no por un partido, sino como una bonificación, de 2 mil dólares, para tenerlos agradados para los siguientes partidos. Son compras de voluntad para obtener un fin.”

De acuerdo con Arriaza, se han establecido estos delitos aún cuando lo que él menciona como compra de voluntades en un evento deportivo no está tipificado como delito en El Salvador.  “La conducta de estos jugadores de recibir dinero de parte de ciertas personas no se encuentra regulada directamente  en nuestra normativa penal vigente. Sin embargo, en la investigación hemos encontrado una serie de elementos probatorios para establecer estos hechos delictivos.”

“Es un expediente de 39 piezas y cada una consta de 200 folios. Es una información amplia. Incluye confesiones de varios involucrados”, detalló Arriaza. 

Dentro del legado de pruebas, Mauricio Aguilar amplió que, por medio de testimonios recogidos por la Fiscalía, se ha determinado que Miguel Montes le pagó a siete jugadores (Mardoqueo Henríquez, Dagoberto Portillo, Osael Romero, Darwin Bonilla, Cristian Castillo Carlos Monteagudo y Miguel Granadino) para que perdieran el amistoso contra Paraguay de febrero de 2013 por diferencia de tres y que los goles cayeran a partir del minuto 15. Cada uno recibió entre ocho mil y 10 mil dólares. 

Estos testimonios le permitieron a la Fiscalía  establecer el delito de asociaciones ilícitas y de encubrimiento de lavado de dinero y activos en el caso de estos jugadores en específico.

La Fiscalía brindó ayer mismo a EL GRÁFICO acceso  a una conversación por mensajería telefónica entre Dennis Alas y Dagoberto Portillo, en la cual se alude a los tratos con Armando Collado y al reclutamiento de seis veteranos para amañar ese partido. En  su edición del 29 de agosto de 2013, y merced a los testimonios de dos jugadores diferentes,  EL GRÁFICO reconstruyó cómo fue que  se amañó el encuentro en Asunción.

 ACUSADOS DE LAVADO

Arriaza asegura que en la organización ilícita que han establecido, el singapurense Wilson Raj aparece como el jefe de la red, mientras que Gaye Alassane y Yaser Araúz eran los que traslaban el dinero, que Armando Collado hacía el contacto y que Miguel Montes se encargaba de organizar a los jugadores, mientras que Dagoberto Portillo y Dennis Alas reclutaban a los demás participantes. 

En el caso de los tres extranjeros, la Fiscalía sostiene que le pagaron 30 mil dólares en efectivo a la FESFUT por la organización de un amistoso contra Costa Rica en octubre de 2010 en Ciudad Quezada, y que además, cancelaron entre 15 y 20 mil dólares en efectivo en concepto de traslado del plantel, cuerpo técnico y delegados hasta Costa Rica. 

Sin embargo, en los registros migratorios de Collado, Alassane y Araúz, ninguno declaró llevar esa cantidad en efectivo.

Luis Martínez, Fiscal General de la República, expuso hoy mismo su posición. “No podemos permitir que las instituciones deportivas y jugadores sepulten al país en la vergüenza y en la indignación ciudadana. Los jóvenes de selecciones nacionales adquieren compromisos con nuestra patria a la que nos debemos, compromisos que es preciso honrar.”